Vauste podría cerrar a finales de marzo si el Principado no interviene

La empresa ha pagado las nóminas de los 70 empleados que siguen en la empresa, pero todavía adeuda los salarios de enero y febrero.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Vauste ha abonado finalmente las nóminas correspondientes al mes de diciembre. Sin embargo las de enero y febrero continúan sin ser pagadas. Tampoco hay carga de trabajo ni perspectiva alguna de conseguirla en un plazo de tiempo razonable. Solo 70 trabajadores siguen en la factoría gijonesa. El 31 de marzo, si nada lo remedia, la antigua Tenneco entrará liquidación tras casi sesenta años produciendo piezas para la industria del automóvil.

El calvario de los trabajadores de Vauste parece no tener fin y el conflicto permanente en el que vive instalada la empresa desde el año 2013, cuando la antigua Tenneco anunció su cierre,  tampoco. A los problemas empresariales se añade ahora uno nuevo: la fractura sindical, reflejo de la propia división en el seno de la plantilla.

Tras la aprobación de un ERE el pasado 7 de octubre, que supuso 60 despidos, la CSI decidió recurrir la medida en los tribunales, al tiempo que el resto de comité de empresa, formado por CCOO, UGT y USO, denunciaba coacciones y sabotajes por parte de este sindicato contra sus integrantes. Desde ese momento las acusaciones cruzadas de agresiones y coacciones saltaron a la palestra durante semanas y tuvieron su punto álgido en la convocatoria de dos concentraciones simultáneas separadas, una para apoyar al comité de empresa, y otra a los despedidos y los sindicalistas de la CSI.

CSI ha vuelto a recurrir a la movilización para denunciar su situación y evitar que el conflicto caiga en el olvido. Desde hace dos semanas se concentran diariamente a las puertas de la factoría pertrechados con una pancarta en la que denuncian los 60 despidos y en la que responsabilizan a CCOO, USO y UGT de la suerte de sus compañeros. Una caseta de obra sirve a su vez como cuartel general y y como cobijo para resguardarse del frío y la lluvia durante las seis horas diarias que dura la protesta, tres horas por la mañana y otras tres por la tarde. Además, ante el temor de que la empresa pueda proceder a sacar la maquinaria de las instalaciones, se están organizando turnos de vigilancia con el fin de evitarlo.

La actitud de la empresa, a pesar del acuerdo para el pago de una de las nóminas atrasadas, dista mucho de ser ejemplar, tal y como demuestra el caso de Fernando Álvarez, delegado de la CSI que acumula un largo historial de enfrentamientos con la empresa por denunciar los reiterados incumplimientos de los acuerdos alcanzados en 2014. Álvarez, de baja por accidente laboral desde julio de 2020, tampoco ha percibido las nóminas de los últimos tres meses, algo que en su caso reviste de especial gravedad porque el 75% de su salario tiene que ser abonado por la mutua. FREMAP realiza los ingresos a Vauste, pero la empresa no abona el salario a Álvarez, a pesar de que inspección de trabajo ha ordenado el pago tras una denuncia. Por este motivo Álvarez ha recurrido a concertarse y a encadenarse en las puerta de la empresa y de la mutua, como llamada de atención y como mecanismo de presión ante FREMAP, quien se muestra renuente a proceder a un pago directo.

A pesar de la división la plantilla y del enfrentamiento sindical, todos los sindicatos coinciden en valorar la falta de viabilidad de la empresa con sus actuales responsables. Desde la CSI consideran que el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias han abandonado a su suerte a 130 trabajadores y que los actuales impagos son un mecanismo de presión de la empresa para que quienes aún permanecen en plantilla acaben prefiriendo el cierre a un posible futuro de constante incertidumbre. Por su parte César González, de CCOO, se mantiene tan escéptico como desde septiembre. Aunque el acuerdo para el pago de la nóminas representa una voluntad de continuidad, la falta de clientes y de perspectiva de conseguirlos hace valorar a González que a día de hoy el futuro de la empresa pende de un hilo que cada día es más fino.

La intervención del Principado de Asturias, que durante esta fase del conflicto no ha participado de ninguna manera, parece ser la única solución a un cierre anunciado desde hace años. Desde Podemos Asturies su secretario general Daniel Ripa ha pedido la entrada de capital público para salvar la empresa, tal y como se está planteando en Duro Felguera.

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