Las pensiones mejoran con la movilización y sufren recortes con el PSOE

Alguien pudiera pensar que el título de este artículo sea tendencioso, pero el sino del sistema público de pensiones en España ha ido ligado a esa permanente tensión

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Rafa Velasco
Rafa Velasco
Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas. Activista sociopolítico, Presidente de la Federación Asturiana Memoria y Republica y miembro de COESPE.

En pleno fragor de la lucha opositora contra el régimen anterior, el 20 de Julio de 1974 se publica en el BOE, siendo ministro Licinio de la Fuente, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el cual se plasman muchas de las exigencias de un fuerte movimiento sindical clandestino y de asociaciones de pensionistas, como fue en Asturies ARPA. Posteriormente, aun con un movimiento obrero organizado y una izquierda, claudicante en lo político pero con amplio sentido social, el gobierno Suárez se ve obligado a permitir la constitucionalización, en el Artículo 41, que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos la ciudadanía que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Dicha constitucionalización, como todo lo relativo a los derechos sociales, fue de baja intensidad, al incluirse en Capítulo Tercero, del Título Primero, del texto constitucional, bajo el subtítulo  de los principios rectores de la política social y económica, que da un amplio marco de acción a los gobiernos y que impide la exigencia directa ante los tribunales de los señalados derechos, convirtiéndolos en meras orientaciones, más cercano a las palabras bonitas que a normas de obligado cumplimiento. Incluso aun, pese a las cesiones forzadas al movimiento sindical, por imposición de los partidos de la izquierda mayoritaria, en los Pactos de la Moncloa, se afronta la reforma del Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, que, crea un nuevo sistema de gestión con la creación de organismos, que aun perduran, como el INSS, la TGSS, el Instituto Social de la Marina o el INSERSO.

Dicho sistema funciono con cierta normalidad hasta que en 1985, con la mayoría absolutísima de Felipe González, se promueve el primer gran recorte en materia de pensiones, que da lugar a la huelga general del 20 de Junio, convocada por CC.OO y a la dimisión de Nicolás Redondo, Secretario General de UGT, como diputado del PSOE. Si bien a dicha reforma nuca se le dio la vuelta atrás, las movilizaciones posteriores y en particular la Huelga General del 14 de Diciembre de 1988 permitió alguna mejora parcial, muy en particular una subida de las mismas, ligar su actualización a los incrementos del IPC, aunque desvinculadas de la evolución de los salarios, y establecer las pensiones no contributivas para las personas que no podían acceder a las pensiones ordinarias por falta de cotización suficiente.

Felipe González promueve el primer gran recorte en pensiones

No tardó el PSOE, tras el pinchazo de la primera burbuja de 1992, en impulsar un nuevo texto refundido, a través del Real Decreto Legislativo 1/1994, que sin introducir grandes cambios, empezó a lanzar el mantra de la no sostenibilidad del sistema. Difícil de olvidar fueron las recomendaciones del superministro Pedro Solbes para que la ciudadanía los suscribiéramos  planes y fondos de pensiones. Esta modalidad de aseguramiento privado, regulada entre nosotros a partir de 1987, se basa en el régimen de capitalización, y se aconseja oficialmente, entonces y ahora, como medio de complementar la insuficiencia de las pensiones públicas, cuyo riesgo de “asistencialización” o precarización se viene denunciando con insistencia. Dicha modalidad de ahorro ha tenido entre nosotros una estimable difusión, aunque muy inferior a la que ha alcanzado en otros países europeos.

En la medida que el movimiento obrero y  sindical iba perdiendo fuerza frente a la avalancha neoliberal, el PSOE,  instigado por  CIU, en 1995, de nuevo asumió el papel de vanguardia en el recorte de pensiones, impulsando el llamado “Pacto de Toledo”. Con ello se pretendía avanzar hacia una privatización del sistema público de pensiones, mediante un recorte de las pensiones publicas y el impulso de los sistemas complementarios privados de las mismas, disciplinando al conjunto del arco parlamentario, haciendo posible, también en pensiones, aquel aforismo de Alfonso Guerra de que “quien se mueve no sale en la foto”.  Fruto directo fue Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, aprobada por el Congreso el 15 de julio de 1997, ya con la complicidad de las direcciones de los sindicatos mayoritarios, que elevaron los años de cálculo de la base reguladora para jubilación de 8 a 15 años.

            En ese contexto, agravado por la crisis de 2008, no era de extrañar que fuera, de nuevo, el PSOE, quien en el año 2011 impulsara la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social,  que empeoró el sistema de cálculo de la base reguladora, con el objetivo de pasar gradualmente  de los 15 a 25 años, aumentó también gradualmente,  hasta 37, el número de años cotizados para tener derecho a un coeficiente del 100%; modificó tratamiento de la integración de las lagunas de cotización; y, sobre todo, elevó la edad de jubilación ordinaria con el objetivo progresivo de llegar a los 67 años, así como empeora las condiciones de edad para acceder a la jubilación anticipada y parcial. Y por si fuera poco, introdujo en el sistema el llamado factor de sostenibilidad, con el objeto de afrontar aun un recorte de pensiones mayor, congelando las pensiones, el citado 2011, desvinculándolas de la subida según IPC, con el beneplácito sindical, que renunciaba a una de las principales conquistas de la ya citada huelga del 14-D de 1988.

El llamado factor de sostenibilidad tiene el objeto de afrontar un recorte de pensiones aún mayor

Con ese terreno minado, la reforma del PP, a través de Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, fue una etapa mas en un camino diseñado por el PSOE, con la complicidad ya indicada de las cúpulas sindicales. Pero, como suele pasar, a la derecha reaccionaria, pese a su mayoría absoluta, no le fue tan fácil como al PSOE profundizar en ese camino. Paralela y sucesivamente al 15-M fue desarrollándose un amplio movimiento pensionista, con amplia presencia movilizadora en la calle, que logró forzar, al PP y al PNV, de cara al acuerdo presupuestario de 2018, para que se dejaran de subir las pensiones solo el 0,25%, como venia haciendo Rajoy desde 2013, subiéndose ese año las mínimas el 3% y las demás el 1,5%, introduciendo de nuevo en la agenda política la subida según IPC, y retrasando la aplicación del factor de sostenibilidad.

Al calor de esa presión social creciente el primer gobierno de Pedro Sánchez, tras la moción de censura, no le quedó mas remedio que continuar con esa dinámica impuesta, aprobando para 2019 una revalorización, de nuevo para las mínimas y no contributivas del 3%, y para el resto del 1,6%.

 Con un gobierno de coalición progresista, que había tenido en las movilizaciones antes indicadas una de sus levaduras, cabria esperar una estrategia de reversión de todas las anteriores contrarreformas, en el sentido de consolidar por ley las actualizaciones de acuerdo con el IPC real, derogación del mal llamado factor de sostenibilidad, reducción de la edad de jubilación, facilitar las jubilaciones anticipadas y parciales, para repartir el empleo etc…Pero de nuevo la frustración, ya que el PSOE vuelve a ser impulsor de nuevas estrategias de recortes. Cuando en España se habla de actualización, adecuación, nacionalización o modernización del sistema de Seguridad Social se habla de recortes. Para afrontar esos retos, que se dirigen desde Bruselas, la banca y las aseguradoras, lo primero se necesitaba un ministro capaz de darle impulso. El primer paso fue quitarle las competencias de seguridad social al Ministerio de Trabajo, no fuera ser que Yolanda Díez rompiera el guión, y dárselas al señor Escriva, que desde hace años lleva teorizando a favor de un modelo donde lo privado aumente su peso en la gestión de las pensiones. Antes de entrar en reformas concretas se necesitaba domesticar a las fuerzas parlamentarias, para que no se cuestionase la dirección a seguir, y el instrumento de nuevo volvió a ser el llamado Pacto de Toledo, esta vez con 22 recomendaciones, que lejos de cuestionar la agenda neoliberal la profundizan, muy en particular con el impulso a los llamados  planes de pensiones de empresa (recomendación 16 ),  prolongación  efectiva de la edad de jubilación, poniendo trabas a la jubilación parcial y anticipada, así como incentivando el trabajar más allá de los 67 años (recomendación 12), impulso del papel de las mutuas patronales (recomendación 9), y laapertura a la modificación del sistema de calculo de las bases reguladoras (recomendación 5). Y como no, mantiene el criterio de separación de fuentes (recomendación 1), que unido al llamado principio de contributividad (recomendación 11), implica la renuncia a utilizar la vía impositiva para equilibrar el sistema de pensiones, permite introducir mecanismos mas cercanos a la capitalización que al reparto y sigue sosteniendo la base del sistema en las cotizaciones sociales del personal activo, algo bastante difícil con un mercado laboral precarizado y con una economía cada vez mas tecnológica con menor necesidad de mano de obra en amplios sectores. Y por si fuera poco, pese a que propagandisticamente se diga lo contrario, se sigue sin consolidar la actuacilización por medio del IPC (recomendación 2), pues queda sujeto a futuras eventualidades y acuerdos, a condicionantes de equilibrio presupuestario y en el fondo a la discreccionalidad del gobierno de turno. La realidad es que a día de hoy el índice de revalorización de las pensiones (IRP), introducido por el PP en 2013, aunque no se viene aplicando en la práctica desde 2018, sigue vigente y no ha sido derogado por ley.

Lamentablemente dichas recomendaciones han contado con amplio apoyo parlamentario, pese a la critica de los movimientos de pensionistas, pues solo voto en contra la CUP, y se abstuvieron ERC, BILDU, BNG, y por motivos muy distintos, por parecerles insuficientemente neoliberales, VOX y Foro Asturias. Curiosa y decepcionante la postura de Unidas Podemos, que acepto chantajes del PSOE en esta materia, que no acepta en otras de menor trascendencia, lo cual daría para otra reflexión que trasciende a la de este texto.

En ese marco afrontaremos los próximos años, habiéndose ya dado pasos en esa agenda, en particular en lo referente a los planes privados de empresa, en los Presupuestos de 2021, donde a diferencia de años anteriores las pensiones mínimas contributivas suben igual que el resto, sólo el 0,9%, solo subiendo el 1,8% las pensiones no contributivas, muy lejos de la recuperación de poder adquisitivo logrados en los ejercicios 2018 y 2019, donde la movilización social y la debilidad de los gobiernos de turno permitió recuperar parte del poder adquisitivo perdido en años previos. Resulta lamentable que en los años 2020 y 2021 el gobierno de coalición progresista haya puesto freno a subidas que la movilización había traído de la mano.

Se avecinan momentos de lucha donde la agenda neoliberal, tras a estela de las Recomendaciones del Pacto Toledo intentara seguir su curso, y veremos si en frente el movimiento obrero y sindical, las plataformas en defensa de las pensiones y la izquierda política real somos capaces de quebrar la misma, con una propuesta alternativa que solo podrá triunfar si va unida a la movilización. En el fondo nada nuevo bajo el sol.

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