Unos 28 millones de personas consumidoras tienen contratada la luz con el oligopolio eléctrico. Si te factura Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Total Energies (antes EDP), formas parte del 90% de los 18 millones de hogares que compra la electricidad a alguna de la comercializadoras de precio “libre” del oligopolio. Si te factura Cuerenergía, Energía XXI, Gas & Power, Régsiti o Baser, estás entre los 10 millones de hogares con contrato de tarifa “regulada” PVPC con las “comercializadoras de referencia”, que también pertenecen al oligopolio.
Paradójicamente, hay unos 8 millones más de hogares con contrato de precio libre que con contrato regulado, aun siendo un 17% más cara, de media, la luz en el mercado libre controlado por el oligopolio. A lo que hay añadir que en los contratos de precio libre del oligopolio son frecuentes las cláusulas opacas que encarecen la factura, cláusulas de permanencia, el pago por servicios no relacionados con el suministro eléctrico, las tarifas planas o fijas a precios desorbitados, además de no poder acceder al Bono Social.
Es decir, a pesar de ser el contrato de mercado libre con el oligopolio el más perjudicial para los consumidores, son cientos de miles los hogares que cada año transitan de la tarifa regulada hacia alguna de las modalidades de tarifa de precio libre. ¿Por qué ocurre eso? Las causas no son otras que la falta de información y el repertorio de actuaciones manipuladoras, cuando no fraudulentas, que vienen llevando a cabo las filiales del oligopolio. Desde cambiar el contrato regulado al de precio libre sin autorización del cliente o falsificando su firma, pasando por las agresivas campañas a “puerta fría” ahora prohibidas, hasta los servicios telefónicos que dan información engañosa y realizan comentarios negativos sobre la tarifa regulada, como ha detectado y sancionado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sede de Hidroeléctrica del Cantábrico-EDP Energía, en Uviéu. Foto: Iván G. Fernández
Peajes abusivos, beneficios extraordinarios
El precio de la electricidad en España ha sido históricamente caro e injusto, más allá de la escalada de precios que venimos padeciendo desde hace cuatro meses. El origen del alto precio de la luz es el poder del oligopolio y los peajes y cargas reguladas, que le garantizan beneficios extraordinarios y subvenciones a costa del bolsillo de los pequeños consumidores. Tal es así que las empresas del oligopolio eléctrico español obtienen el triple de beneficios que las eléctricas de un país puntero como Alemania.
Un poder que se sustenta en el dominio que ejercen las cinco grandes empresas sobre el 70% de la producción, casi el 100% de la red de distribución y el 90% de la venta final de electricidad. Un sistema oligopólico que se ha venido modelando a lo largo de décadas de la mano de sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, que han ido creando un complejo entramado normativo en complicidad con la presencia en los consejos de administración de las eléctricas de quienes antes aprobaron las normas: tres presidentes de Gobierno, más de 20 ministros y varias decenas de secretarios de Estado. Sumándose estos días el caso del mediático Antonio Miguel Carmona, ex diputado autonómico y ex concejal del Ayto de Madrid por el PSOE, fichado como vicepresidente de Iberdrola, después de defender semanas atrás a la empresa ante las evidencias de vaciado de dos pantanos para obtener sobrebeneficios.
Fruto de ese estrecho vínculo entre las élites políticas, administrativas y empresariales, la regulación del mercado eléctrico a la carta se ha plasmado en un dominio oligopólico que abarca todos los segmentos del sistema eléctrico, desde la producción a la venta final. Un dominio extraño a la competencia entre empresas y entre tecnologías, que da lugar a unos precios abusivos alejados de los costes reales, que pagamos los y las consumidoras por un producto imprescindible para el bienestar social y la actividad económica.
Entre las prebendas y beneficios extraordinarios del oligopolio tenemos, en primer lugar, los denominados “beneficios caídos del cielo”. Estos han superado los 11 mil millones de euros en el intervalo de dieciséis años, una media anual superior a los 700 millones de euros, según la estimación de Jorge Fabra, ex presidente de Red Eléctrica.
Como es conocido estos beneficios extraordinarios son el resultado de un sistema de fijación de precios por el cual toda la producción eléctrica se cobra al precio de la más cara. Es decir, la producción eléctrica de origen hidráulico, renovable y nuclear se retribuye al mismo precio que la aportada por tecnologías que soportan costes mucho mayores, como el carbón y los ciclos combinados de gas.
En segundo lugar están el transporte y la distribuciónde la electricidad. Solo el peaje por la “distribución”, desde las subestaciones hasta los domicilios, ha supuesto unos ingresos al oligopolio de 24.500 euros, entre los años 2014-2018, una media de 4.900 millones de euros anuales. La cuantía de este peaje recoge los costes de todo tipo en los que incurren las compañías distribuidoras y le añaden un margen de beneficio, previsto con antelación y garantizado por la tarifa que pagamos las y los consumidores.
Siendo la retribución por distribución uno de los porcentajes más elevados de los peajes, lo más sorprendente es que las filiales del oligopolio dedicadas a la distribución no están obligadas a precisar una contabilidad que permita aclarar los costes reales de su actividad, al igual que ocurre con la retribución por transporte que recibe Red Eléctrica Española (REE), según explica Enrique Palazuelos en su obra de referencia “El oligopolio que domina el sistema eléctrico”.
“Contratar el servicio de electricidad con cooperativas y comercializadoras independientes es un acto decisivo para modificar el actual statu quo favorable al oligopolio”
La tercera prebenda del oligopolio que cabe citar es el denominado “déficit de tarifa”. Por este concepto, desde el año 2000, el oligopolio ingresa más de 2.500 millones cada año, que pagamos las personas consumidoras y que seguiremos pagando durante 15 años más. Aunque en realidad se abona a los bancos que han adquirido bonos emitidos por las compañías eléctricas y respaldados por el Estado, a cuenta de los futuro ingresos por el supuesto déficit tarifario.
El “déficit de tarifa” es la continuidad actual de otras dádivas anteriores, como la “moratoria nuclear” en los años ochenta y los “costes de transición a la competencia” de los años noventa, que también aportaron generosas transferencias de rentas de los bolsillos de las personas consumidoras a engordar el capital de las compañías eléctricas.
La supuesta existencia del “déficit de tarifa” -y su inclusión como peaje en la factura de la luz- se asienta en dos hechos paradójicos. Por un lado, no existe ninguna auditoria de los costes reales de producción eléctrica en cada tecnología. Por otro lado, el déficit se entiende que se genera porque las compañías registran pérdidas, algo realmente difícil de creer cuando dominan el mercado desde siempre y se lucran de altos precios finales y sobrebeneficios.
En cuarto lugar, hay que mencionar otra dádiva que el oligopolio ha conseguido que se nos traslade a la factura de las personas consumidoras: los “pagos por capacidad de respaldo”. Estos retribuyen el exceso de potencia de generación eléctrica instalada, cuyos responsables son las compañías mismas. Una compensación de casi 4.500 millones anuales que recibe el oligopolio por tener en la reserva grupos térmicos de carbón y gas, aunque no existan en todo el año situaciones que requieran de su entrada en actividad, que es lo que ha ocurrido casi siempre desde hace dos décadas.
Por último, hay que hacer notar la también injusta distribución de los pagos por peajes y cargas. Mientras los pequeños consumidores, con potencia inferior a 10 kilovatios, nos hacemos cargo del 53% del valor de los peajes y cargas, los más grandes consumidores industriales ni siquiera abonan el 3%. Las diferencias se hacen abismales entre los 9, 13 0 16 euros por megavatio que pagan los tres grupos de grandes consumidores y los 123 euros por megavatio que pagamos los consumidores domésticos.
Como se puede observar por todo lo apuntado, los beneficios que se embolsan las empresas del oligopolio y sus filiales son ingentes, mediante los peajes y subvenciones que reciben por la generación, la distribución o con las artimañas en la venta final.
Por ello, parece evidente que debiera ser una prioridad de los poderes públicos afrontar el reto de lograr una factura de la luz a un precio justo, entrando a fondo en el “cajón de sastre” de los peajes y cargos. Es decir, acabando con los beneficios caídos del cielo, auditando y revisando a la baja los costes de transporte y distribución, evaluando la necesidad de continuar con los pagos por capacidad de respaldo de unas instalaciones que no son utilizadas desde hace muchos años y revisando los pagos por interrumpibilidad que reciben grandes empresas.
Como dice el profesor Palazuelos, nos encontramos ante una “transición disputada”, en el marco de los imprescindibles cambios que hay que llevar a cabo en el sistema energético para hacer frente al Cambio Climático. Una transición disputada porque las compañías del oligopolio pretenden la continuidad de su posición de poder y a la ciudadanía nos interesa la merma de ese poder, para lograr una factura de la luz a precios justos y la transformación democrática del sistema eléctrico.
Sede de Hidroeléctrica del Cantábrico-EDP Energía, en Uviéu. Foto: Iván G. Fernández
Tu contrato de la luz es tu voto
En este disputado contexto, una vez más, hay que recordar que lo que consumas, a quien se lo compres, es una apuesta por las empresas que quieres. En este caso, según a quién contratemos la electricidad votamos por seguir fortaleciendo a las eléctricas del oligopolio, que obtienen beneficios obscenos manipulando el mercado y seduciendo con engaños, o votamos por cooperativas y comercializadoras independientes y contribuimos a reducir el dominio que ejerce ese oligopolio sobre el sistema eléctrico.
Contratar el servicio de electricidad con cooperativas y comercializadoras independientes, que estén claramente posicionadas a favor de unos precios justos y la transformación democrática del sistema eléctrico, es un acto decisivo para modificar el actual statu quo que es plenamente favorable al oligopolio, reforzando la posición de actores plenamente democráticos en los segmentos de la comercialización y la generación a partir de fuentes renovables.
En particular, las cooperativas reunidas entorno a Unión Renovables (http://www.unionrenovables.coop) prestan el servicio de comercialización con profesionalidad, tienen precios ajustados, contratos transparentes, no tiene animo de lucro y garantizan una cualidad fundamental: electricidad de origen renovable, sin emisiones que contribuyan al Cambio Climático.
Días atrás se hacía viral en las redes sociales un cartel de una comunidad de vecinos de la ciudad de Barcelona, en la que la presidenta informaba que el Ayuntamiento había puesto en marcha hace dos años una empresa municipal, Barcelona Energía, con la que la comunidad había contratado la electricidad de la escalera y el ascensor, y la diferencia de gasto en electricidad del 2020 con respecto al 2019 había sido un ahorro de 712 euros. Recomendado a las vecinas y vecinos hacer el cambio a nivel individual por tres razones: es pública (no se da dinero a empresas privadas que se lucran con un bien básico); tienen un servicio de asesoramiento que te ayuda a ahorrar y la electricidad que ofrece es de origen renovable. El mensaje de la presidenta de esta comunidad vecinal es fundamental: hay que “salir del oligopolio”.
No todo depende de los poderes públicos y del Gobierno. Tú decides a quién contratas el suministro de luz, es un acto tan político como votar: decides si quieres reforzar al oligopolio que te engaña y te tima o a una empresa con compromiso social, y decides en parte el futuro de nuestro país, nuestra sociedad y nuestro planeta.
