David González trabaja como intérprete de lengua de signos en colegios e institutos desde 2009. Junto a otros compañeros—en Asturias hay en total 22 intérpretes atendiendo a 27 alumnos en toda la región—ha formado la plataforma de Intérpretes de Lengua de Signos en Lucha para dignificar las condiciones y el servicio de estos trabajadores. De todos los profesionales que trabajan en centros educativos y en contacto con los alumnos dentro de las aulas, son los únicos que lo hacen por mediación de empresas privadas.
“Aunque no somos docentes, sí que pertenecemos a los departamentos y unidades de orientación”, explica González, “somos personal de apoyo a la docencia, como los fisioterapeutas y los auxiliares educadores, pero ellos sí que son empleados públicos”. Esto redunda en “unas condiciones laborales bastante precarias. En verano se nos despide. El trabajador que más cobra son 900 euros, pero hay compañeros cobrando 200 o 300 al mes”.
“Cada año”, cuenta, “lo llevan distintas empresas. Llegó a estar Adecco contratando, y ahora lo lleva una empresa de Almería que presta servicios auxiliares a la educación. Por lo tanto, el Principado no tiene una bolsa de empleo de la que va tirando en función de lo que necesiten. La privatización nos afecta a nosotros y también al alumnado”.
“Al ser un servicio privatizado, tenemos unas condiciones laborales bastante precarias”
¿Y cómo afecta la privatización de este servicio al alumnado? “La consejería hace un presupuesto base para la licitación y debe ajustarse a él, porque es el que contratan con una empresa. Si luego hay más alumnos de los previstos que necesitan el servicio de intérpretes, la consejería no tiene las herramientas para contratar a más gente. El cupo está ya cerrado”.
Eso es precisamente lo que ha pasado con Ana Rubio, una joven salense de 30 años con discapacidad auditiva que estudia un Grado Superior de Documentación y Administración Sanitaria en el Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño. Rubio lleva desde el inicio de curso sin intérprete de signos, pese a que cuando se matriculó dejó constancia de esa necesidad. “La chica se matriculó en septiembre”, cuenta González, “y los pliegos de licitación del servicio se entregaron en marzo”.
Cuenta el intérprete que, aunque existe una cláusula que “en caso de necesidad permite aumentar el gasto en un 20%, nunca se hace uso de ella. Tienen el presupuesto cerrado e intentan siempre que no aumente de un año para otro. En los últimos diez años ha habido aumentos muy pequeños del presupuesto, y nunca en función de las necesidades”.
Esta rigidez en los protocolos da lugar a que las necesidades de los alumnos no sean satisfechas correctamente. Y eso a pesar de que la Ley Fundamental de Educación, cuenta González, “reconoce el derecho de las personas sordas a que la lengua de signos sea la vehicular de su educación, y obliga a las administraciones a poner este recurso”.
Pero en las aulas la realidad es que “ninguno de los alumnos que atendemos cuenta con un intérprete para toda su jornada lectiva. Puede tener 10 o 15 horas a la semana, depende de lo que marquen los servicios de orientación. Eso son 1 o 2 horas al día, y se pasan en clase 5 o 6 horas. Entonces no es la lengua vehicular, es un apoyo puntual”.
Pese a las insuficiencias del sistema, el Principado no tiene previsto recuperar las competencias del servicio. El modelo varía por Comunidades Autónomos: hay algunas que también lo tienen privatizado, en otras los intérpretes son empleados públicos y, en un tercer grupo, las administraciones dan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para que se ocupen de prestar este servicio.
“Hace unos años, y tras varias protestas nuestras”, cuenta González, “la consejería encargó un informe para estudiar la viabilidad de que el servicio fuese público. Hizo un cálculo y determinó que podría salir más caro, así que siguió privatizado”.
¿Y no han intentado ponerse en contacto con la conserjería para llegar a una solución? “Lo hemos intentado, pero nos ignoran. El 23 de junio me puse en contacto por email por la dirección general para pedirles información sobre el retraso de la licitación y los riesgos que había. No me contestaron. El 30 de junio pedí esa información a través del servicio de atención ciudadana. Tampoco me contestaron”. González puede comunicarse con un sordo, pero no con quien se lo hace. Ya se sabe: no hay mayor sordo que el que no quiere oír.
