Dos puntos fundamentales concentraban el manifiesto leído esta mañana a las puertas de la residencia del ERA en L’Infiestu, a los que suman otros no menos importantes para el colectivo de residentes, “aunque la Administración piense que por ser mayores son tontos”, denuncia la psicóloga del centro Carmen Sánchez Rodríguez, que contó, entre otras personas, con el apoyo del músico y cantante Rodrigo Cuevas.

El primero de los puntos es la inadaptabilidad de una de las dos alas que componen el edificio: un total de 23 habitaciones pequeñas y estrechas que dificultan la movilidad con silla, con sendos baños también pequeños sin adaptar y con sus correspondientes 23 bañeras. “Imagínate a una persona de 95 años usa una bañera en lugar de un plato de ducha. Si persiguen facilitar la autonomía de estas personas, en estas condiciones no se consigue, con lo que su dignidad también se ve afectada, pues necesitan la ayuda de un auxiliar, que tampoco puede desempeñar bien su trabajo por la estrechez”, explica Sánchez.

Según la presidenta de la asociación de familias, Susana Villar, hace tres años el Principado anunció que había una partida de 700.000 euros destinada a equiparar el ala derecha a la izquierda del edificio, mucho más confortable y totalmente adaptada, con lo que ya se diferencia entre las diferentes personas residentes, un colectivo muy mayor, afirman. “Queremos saber dónde está ese dinero, porque no dan ninguna explicación acerca de esa partida”, denuncia la psicóloga que también pone en tela de juicio su plaza dentro del sistema del ERA, ente público que gestiona las residencias de personas mayores del Gobierno del Principado.
Narra un largo recorrido que comienza con el aprobado con el número uno de las oposiciones de psicología convocadas por el Principado. Un total de cinco personas superaron la pruebas para un total de una plaza a tiempo completo y cuatro a tiempo parcial en el ERA a pesar de que, como afirma Carmen Sánchez, en el sistema público hay muchas plazas vacantes para psicología.

Su sorpresa es que cuando se incorpora a su puesto en L’Infiestu la informan desde la dirección que, aunque el catálogo de servicios ofrece su especialidad, la realidad es que nunca se ha cubierto, sino que la persona destinada anteriormente ha desempeñado las funciones de Técnico en Intervención Social, “un puesto que sólo existe en el ERA y que ellos mismos precisan que debe desempeñar una persona con Trabajo Social”, con lo que, denuncia, se está infringiendo las bases, se está faltando al respeto y la dignidad de residentes y familias, y se está practicando el intrusismo profesional, todo ello con conocimiento del propio organismo.
Describe la psicóloga que se niega a desempeñar tales funciones y desarrollar su propio catálogo de servicios. Al mes Recursos Humanos del ERA le comunica que va a ser trasladada a la residencia de Santa Teresa, en Uviéu, porque L’Infiestu, una residencia mediana, no precisa de esos servicios. “Ellos mismos ofertan el servicio en su catálogo, ellos mismos ofrecen la plaza en oposición y ellos mismos determinan que no hace falta”, señala.
Ninguna residencia de mediano o pequeño tamaño tiene servicio de psicología. Tan solo una residencia con un centro de día anexado lo tienen, cuyas personas usuarias no son residentes, y es la macroresidencia Mixta de Xixón. Ahora quieren meter el servicio en la Uviéu. Sánchez relata que se ha negado a firmar cualquier documento al respecto, al tiempo que denuncia que el ERA se está ahorrando sueldos y puestos de trabajo, y como ejemplo el de su destino, donde le pagan por psicóloga pero desempeña funciones de otra categoría.

Critica también que sea la propia Administración la que afirme que no es preciso un servicio de psicología para este colectivo. “No aprendimos nada de la pandemia. La Tenderina ya está confinada, en la Mixta ya hay casos, y cuando empiecen a cerrar y prohibir las visitas… Estas personas se mueren de pena o enferman gravemente. Y con la edad que tienen solo piensan en que la muerte está a la vuelta de la esquina”, apunta, a lo que añade Susana Villar que “es terrible porque piensan que sus familias les han abandonado”. “¿Y quién evalúa las necesidades psicológicas que hay en los centros?”, inquiere la trabajadora.

La cobertura de bajas es otra de las demandas en un colectivo de trabajadoras y trabajadores que, por su esfuerzo físico, es muy propenso a esta situación, como son las auxiliares de enfermería, que cargan con pesos muertos en su desempeño diario. “Se tarda días en cubrirlas, con lo que hay que doblar turnos o hacer horas extras, pero ellas lo que quieren es descansar. Con las enfermeras pasa igual, hay fines de semana que no hay por bajas, y no es solo dar medicación, es hacer curas, es poner inyecciones porque hay muchas personas con diabetes… Y todo eso supone una merma en la prestación del servicio por parte de la Administración, que se llena la boca hablando de poner en el centro a las personas. Debería hacer una gestión de la bolsa mejor, en esta área se tarda más en sacar las plazas que en la zona central”, denuncia la psicóloga.

Además de estas reivindicaciones señalan otras “no menos importantes para los residentes, como el servicio de peluquería, que copagan en su contrato y que no se está prestando desde hace meses, pero tampoco se les devenga. Hay familias que les llevan a peluquerías fuera o contratan a alguien que vaya a peinarlas”, apunta.
“La Administración debe pensar que son tontos por ser mayores, y no les preguntan qué es lo que quieren. Hoy estaban en la puerta aquellas personas que tienen sus condiciones mentales preservadas para reivindicar lo que quieren”, destaca Carmen Sánchez.