El Congreso de los Diputados debatirá mañana la enmienda a la totalidad, presentada por el PNV, de la Ley General de Comunicación Audiovisual. El grupo parlamentario vasco propone un texto alternativo al aprobado por el gobierno a finales del pasado mes de noviembre. Para el PNV, esta legislación “plantea una recentralización inaceptable” y considera que “no tiene en suficiente consideración al euskera o a las lenguas oficiales del Estado español”. Pero las objeciones a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual van mucho más allá de las planteadas por los jeltzales.
El pasado 11 de febrero, el grupo parlamentario de Unidas Podemos organizó unas jornadas en el Congreso de los Diputados para debatir acerca de la nueva legislación audiovisual. En la primera intervención del día, el catedrático de Periodismo en la Universidad de Málaga, Manuel Chaparro, lamentaba que el debate público sobre esta ley se hubiese centrado se hubiese centrado sobre todo en las lenguas cooficiales y en la regulación de las grandes plataformas multinacionales como Netflix.
Unidas Podemos ha tratado de llevar la cuestión por otros derroteros. En el transcurso de sus negociaciones con el PSOE ha solicitado, por ejemplo, que la ley contemple la creación de un organismo independiente para supervisar al sector audiovisual. También han pedido que el texto legal excluya explícitamente la posibilidad de externalizar los informativos de las cadenas públicas, tanto en TVE como en los canales autonómicos.
En el caso asturiano, la Ley del Principado de Asturias 8/2014 incluye, en referencia a la RTPA, “la obligatoriedad de editar los informativos con medios propios”. Aunque la legislación asturiana contempla que la producción de contenidos pueda “contratarse con terceros conforme a las directrices establecidas”, excluye de esta posibilidad a los informativos. Estos espacios se editarán “con medios propios, sin perjuicio de que los servicios auxiliares a la cadena de producción puedan ser objeto de contratación externa”.
La sección sindical de Avanza en RTPA, ganadores de las últimas elecciones sindicales en el ente público, defiende que “todos los servicios informativos de un medio público deben estar realizados íntegramente con medios propios”. En opinión del sindicato, la normativa audiovisual asturiana “ampara el funcionamiento de RTPA”, cuya labor supone un “servicio público” que tiene “una indudable repercusión en la población y en la vertebración del territorio”.
Avanza considera que dicho servicio público es “de calidad”, y que las carencias que pueda tener RTPA se deben “a lo ajustado del presupuesto que tiene asignado, que es de los más bajos de los medios de comunicación públicos españoles”.
Desde el sindicato echan de menos “un compromiso firme y decidido”, tanto por parte del Gobierno asturiano como de todos los partidos políticos, con el mantenimiento y la mejora de RTPA. Para Avanza esto pasa por la “renovación tecnológica” y el establecimiento de un mandato marco que consolide los puestos de trabajo de la actual plantilla y ayude a construir un “medio de comunicación público independiente, estable y con futuro”.
