El asunto Pegasus se ha resuelto, transitoriamente, con la “sustitución” de Paz Esteban, directora del CNI y su relevo por la veterana Esperanza Casteleiro, cuarenta años de trabajo para los servicios secretos nacionales y Secretaria de Estado de Seguridad. La rueda de prensa que el gobierno convocó hace dos semanas anunciando que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido espiados ha significado un disparo en el pie de Pedro Sánchez de consecuencias imposibles de predecir. Hoy sabemos que también se espió a Grande Marlaska y que se intentó hacer lo mismo con el ministro de Agricultura. Mientras Oriol Junqueras trata de calmar las aguas al tiempo que exige responsabilidades después de saberse también espiado, la dimisión de Estaban ha significado un cierre de filas en torno a ella por parte de los altos manos del Centro Nacional de Inteligencia. El CNI se siente ofendido. Pero la batalla política se conflagra en el congreso. La derecha con Núñez Feijóo a la cabeza ha representado el cese de Estaban como la entrega de su cabeza al separatismo. El independentismo considera insuficiente tanta sangre de espía y pide más carnaza. Podemos y Más País quieren argumentos. La verdad está ahí fuera.
Sea como fuere, Pegasus puede significar la desestabilización del Estado. Como afirma Íñigo Errejón, seguimos sin saber qué se ha espiado y, lo más importante, por qué y por orden de quién. A pesar de ello, Margarita Robles no ha perdido la ocasión de pedir más presupuesto y atribuye la brecha de seguridad a la escasez de medios del CNI. Todo ello es una lamentable forma de desviar la atención. Balones fuera, puños fuera.
Y mientras Defensa pide más dinero, tampoco podemos conocer quién dio la orden de espiar al Presidente del Gobierno. Si fue Marruecos, no hay motivo para ocultarlo y crear más alarmismo. La pregunta pertinente busca saber si los servicios secretos españoles trabajan a las ordenes de su gobierno o si, por el contrario, van por libre y desarrollan su tarea al margen de la ley. Y a esa pregunta nadie ha respondido todavía. No somos tan ingenuos. Sospechamos que no se responderá nunca. En cualquier caso, Robles sigue manifestándose con una altanería impropia de su cargo y las circunstancias que lo rodean. La situación es grave.
“El CNI es un lugar etéreo, sin espacio, sin historia, donde solo hay movimiento y un susurro musitado, a favor de la reacción”
Cuando Rodríguez Zapatero ganó sus primeras elecciones en 2004, se encontró una guerra soterrada entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su descoordinación había provocado que una célula yihadista atentara contra civiles en la Estación de Atocha el 11 de marzo de 2004. La información existía, pero nadie había puesto en alerta a nadie. Todos los dosieres se encontraron en el cajón del despacho de la por entonces delegada de gobierno en Asturias: Cherines.
Una situación similar se produce en estos momentos sin resultados fatídicos. ¿Debe el CNI espiar a diputados secesionistas? Por supuesto que no. Al independentismo catalán se le puede reprochar su necedad, llevada hasta el paroxismo, intentando modificar la voluntad de los catalanes por la vía ilegítima de un referendum celebrado al margen de la Constitución, pero sería una temeridad afirmar que el Procés atentó contra la seguridad del Estado o de los ciudadanos, si no fuera porque el CNI no fue capaz de controlar dónde se escondían las urnas. Junqueras y compañía no eran presos políticos pero lo parecían. No fueron condenados por sus ideas, sino por la de los jueces. Se tensionaron las instituciones españolas como pocas veces había sucedido. Generó ríos de tinta, hubo juicios, condenas e indultos. Caso resuelto.
La otra pregunta es más grave. ¿Tiene sentido que el CNI espíe al Presidente del gobierno? ¿Porqué pesa más el nombre del CNI que el de Marruecos? Esa es la pregunta que sobrevuela desde que el propio gobierno lo anunciase. ¿Sería legítimo espiar e investigar a Pedro Sánchez si mañana anunciara una reforma constitucional que alterara el orden territorial del Estado? Nunca. Es la democracia.
Me cuenta el jurista Javier Pérez Royo que el caso Pegasus resulta decepcionante. El Estado de derecho se resquebraja. Y tiene razón cuando afirma que, a diferencia de otros Estados modernos, en la historia de España nunca ha habido reformas constitucionales y, por como se suceden los acontecimientos, todo hace entender que nunca las habrá. Siempre han existido fuerzas que las entorpecían, hombres o mujeres dispuestos a desestabilizar un país con tal de salirse con la suya, o sea, con la de los de siempre.
El CNI es un lugar etéreo, sin espacio, sin historia, donde solo hay movimiento y un susurro musitado, a favor de la reacción. En ese no lugar que todo lo ve y todo lo escucha, cobra importancia el secreto y la confidencialidad. Como escribió Eloy Fernández Porta en su libro “En la confidencia. Tratado de la verdad musitada”, ante el Gran Otro somos el interrogado, el examinado sudoroso. La realidad virtual adquiere toda la materialidad en cuanto alguien penetra en nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador, con autorización judicial o sin ella, por orden del Gran Otro. Su carácter virtual se ha vuelto más patente y decisivo que nunca en cuanto la experiencia ha sido trasladada al universo digital y este se nos aparece, dice Fernández Porta, más tangible y fatal que nunca. Pero las cloacas del país no están solo en el CNI y sus algoritmos.
Recuerden la Kitchen con Villarejo espiando a Bárcenas en busca de sus papeles. La vieja escuela, a diferencia de la nueva, es que es más fea, pero es sólo una cuestión estética. La actualidad política española ha seguido los pasos de John Le Carre quien afirmaba que el valor moral del espionaje radica en sus resultados. Sólo por su impericia les conoceréis.
