El Gobierno aprueba abaratar el transporte público entre un 30% y un 50% para hacer frente a la crisis energética

Pedro Sánchez acepta la propuesta de Unidas Podemos, sindicatos y organizaciones ecologistas, y considera que incentivará el uso de los medios colectivos.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

El Gobierno ha aprobado este sábado en el Consejo de Ministros extraordinario un real decreto ley por el que reducirá en un 50 % el precio de los abonos de transporte mensuales expedidos por el Estado.

La medida, que incluye una reducción de hasta un 30 % del coste de los abonos emitidos por las comunidades autónomas y entidades locales, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y estará activa hasta el 31 de diciembre.

La reducción de los precios incluye a todos los títulos multiviaje de transporte terrestre prestados por el Estado o entidades estatales.

En cuanto al incentivo para la reducción de los precios de los abonos transporte de las comunidades autonómicas y entidades locales, Sánchez ha señalado que estos organismos van a poder completar las rebajas hasta en un 50 % “con recursos propios”.

La financiación de ambas reducciones en el precio será sufragada íntegramente por el Gobierno de España, ha comunicado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El presidente ha explicado que el principal motivo de estas reducciones en el precio de los abonos para el transporte público es “incentivar” su uso.

En Madrid, ha puesto como ejemplo Sánchez, un bono mensual para trenes de cercanías de Renfe tiene un coste de 29 euros, por lo que con la nueva medida pasaría a tener un precio en el entorno de los 14,5 euros.

En Barcelona, ese mismo título cuesta 25,5 euros, ha añadido, y pasaría a costar unos 12,70 euros; en tanto que el de Sevilla, con un precio de 34,70 euros, se reduciría hasta 17,35 euros.

Esta medida forma parte del segundo paquete de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que complementa al aprobado el pasado 29 de marzo. 

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