El Ayuntamiento de Oviedo ha sacado a licitación el contrato relativo a la explotación de cámaras de seguridad, fotorrojos y radares por 4.899.323 euros (sin impuestos) y un valor estimado de 6.867.848 euros. Una jugosa adjudicación para un servicio que Aluvisa, firma citada en el sumario de la operación de amaño de contratos públicos “Enredadera” adjudicataria del anterior contrato de este servicio, mantuvo paralizada, sin multar durante más de un año.
Con todo y a la espera de que se cierre el periodo en que las empresas pueden ofertar por el contrato, en el seno del Ayuntamiento se da por “muy probable” que Aluvisa vuelva a ser la firma adjudicataria. Máxime dada la experiencia en trabajos similares que exigen los pliegos publicados por el Ayuntamiento.
“Los concejales populares optaron por proteger a la empresa, dejando más de 13.000 denuncias por cobrar”
Los problemas en este servicio comenzaron en 2021, cuando no se tramitaron el 92,5% de las denuncias de tráfico. El ingeniero de la empresa que era quien tenía las claves para acceder a la aplicación y saber cuántas denuncias se habían tramitado, falleció tras un tiempo de convalecencia, dejando tanto a Aluvisa, contrata en estas cuestiones, como al gobierno bipartito (PP y Cs) sin la herramienta para tramitar las multas. Se da además la circunstancia de que la empresa está implicada en el “caso Enredadera”, una presunta trama de corrupción que implica a empresarios y funcionarios de ayuntamientos de toda España
Los concejales populares optaron por proteger a esta empresa, ocultando que existiera problema alguno y dejando más de 13.000 denuncias por cobrar. La estimación es que se perdió un montante total superior a los 1.3 millones de euros.
Todo comienza con el desgraciado suceso. El ingeniero de Aluvisa, que previamente había desempeñado el mismo rol con la anterior contratista (Televent) ingresa en el hospital y acaba falleciendo, sin que en ese tiempo, a pesar de que accedía al usuario desde el centro hospitalario, nadie le solicitara, por precaución, las claves.
Un chivatazo alerta a algunos miembros de la corporación de que existe algún tipo de problema con la tramitación de las sanciones, en marzo de 2021. Avisan de una alta tasa de prescripción de sanciones, pero, el gobierno, opta por esquivar la cuestión a preguntas del PSOE.
Por entonces, ya no se podrían tramitar las denuncias por saltarse el cinemómetro -que se reparte en seis cajas distintas situadas por la ciudad-, los fotorrojos o las cámaras de control de acceso a calles peatonales. Tras varias preguntas de los socialistas, en el mes de mayo de 2021 el gobierno afirmó que había sido un problema “puntual, que ya estaba solucionado”.
Mientras, la contrata, Aluvisa, seguía recibiendo algo más de un millón al año por sus servicios. Un contrato que comenzó en 2016 y que, una vez cumplido su plazo, se ha ido prorrogando, hasta el presente año, cuando la opción de continuar con el contrato sin una nueva licitación, expira.
Finalmente, tras preguntas insistentes sobre el número de infracciones detectadas por las cámaras, radares y las cámaras de control de tráfico, después de casi un año, se aportaron los datos. Estos apuntan que en los accesos peatonales se tramitaron 3.384 denuncias y se cobraron 401, mientras que en los foto-rojo se tramitaron 3.572 y sólo se contabilizaron 729 cobros. Asimismo, por los radares tanto móviles como fijos no se recaudó nada durante este periodo a pesar de tener 733 y 7.359 denuncias tramitadas, respectivamente.
De esta manera, en 2021 solo se cobraron 1.130 denuncias, por las 15.038 tramitadas. En las arcas municipales solo entraron 115.000 euros, frente al algo más de 1.3 millones que, según las estimaciones, debían haberse ingresado.
Ahora, el contrato (por cuatro años con opción a prórroga de un quinto) vuelve a salir a licitación y todo parece apuntar a que la firma Aluvisa podría repetir como adjudicataria de un servicio intimamente vinculado a la Policía Local.
