Las trabajadoras asturianas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) concluirán un mes en huelga para lograr un convenio colectivo digno y “es necesaria una labor de fiscalización sobre las empresas implicadas en este conflicto laboral, dos de ellas multinacionales, para evitar cualquier tentación de sacar rentabilidad económica de la situación con dinero público”, advierte Laura Tuero. La portavoz del grupo municipal de Podemos-Equo pedirá al equipo de gobierno gijonés, en la reunión de este jueves de la Comisión de Servicios y Derechos Sociales, que informe de cuál fue la facturación de las empresas concesionarias del SAD en el mes de agosto, para saber si “se ha tenido en cuenta en las facturas correspondientes que los servicios prestados desde el 16 al 31 de agosto fueron del 50%; es decir, la mitad del precio por hora, debido a los servicios mínimos establecidos con motivo de la convocatoria de huelga”.
La portavoz de la coalición morada y verde explica que “los servicios mínimos acordados son de media hora para las personas usuarias y eso se ve reflejado en la nómina de las trabajadoras por la reducción al 50% del servicio que prestan”. Según los pliegos administrativos de la concesión a las tres empresas que prestan el SAD en Xixón (dos de las cuales, Senior y Sacyr, pertenecen a grupos multinacionales, uno de ellos propiedad de Florentino Pérez), el régimen de facturación y pago es de carácter mensual. De forma literal indican: “La facturación se realiza con carácter mensual, por los servicios prestados, en su caso”.
Laura Tuero deja constancia de que, además de la facturación, las empresas adjudicatarias deben presentar “una copia de los últimos modelos de la Relación Nominal Trabajadores y del Recibo de Liquidación de Cotizaciones correspondientes a las cotizaciones de la Seguridad Social de todo el personal que haya prestado el servicio”.
