Los agentes de la Policía Local de Oviedo que tirotearon el coche de dos jóvenes en el barrio de La Florida el pasado mes de junio han sido acusados de entrar sin permiso en un domicilio de Pumarín buscando cocaína. El caso ya ha llegado a los juzgados y los propietarios del domicilio donde se encontraron 53 gramos de “perico” defienden que en ningún momento dieron permiso a los agentes —que realizaron la redada sin avisar a los cuerpos de seguridad competentes— y que estos les apuntaron “con una pistola” para entrar al domicilio. Los policías, por contra, aseguraron en sede judicial que los propios habitantes del domicilio fueron quienes les pidieron que entraran para identificarles.
El letrado de los dos acusados de tráfico de drogas —hermanos por parte de madre—, Luis Tuero, expuso durante el juicio, coincidiendo con los testimonios de sus representados, que los agentes entraron por la fuerza en el domicilio. “Uno de ellos me empujó y entraron en la casa. Me apuntaron con una pistola al estómago”, dijo uno de los acusados.
Según Tuero, se trata de una “flagrante violación” de la inviolabilidad del domicilio. El letrado niega que sus representados diesen su consentimiento para la entrada de los policías, y aunque lo hubiesen dado, agregó, “su actitud mental estaba condicionada por una intimidación ambiental”, debido a la presencia de hasta seis agentes, cuatro vistiendo el uniforme.
Los dos policías implicados en el tiroteo de La Florida —uno de ellos inspector jefe de servicio— estaban de paisano en la avenida de Pumarín, tras recibir un chivatazo que alertaba de tráfico de drogas en la zona. Según expusieron en el juicio, “observamos como salía uno de los hermanos en actitud vigilante, como se acercaba a una persona y se producía lo que parecía un intercambio”. Lo cachearon pero no hallaron droga.
Los agentes dicen que “no iba documentado, por lo que pidió ir a su casa, donde se había dejado el DNI”. Al llegar, no permitieron que entrara en el domicilio, “por temor a que se encerrase”. Finalmente, ante las reticencias a entrar a por el documento, los agentes habrían solicitado, según su versión, presencia de otros compañeros, para entrar.
La defensa considera que “los agentes se arrogaron funciones que no les correspondían”, al tener que haber llamado a la Policía Nacional —competente en estas cuestiones— o procedido a detener al sospechoso, para realizar la entrada en el domicilio en presencia de un abogado.
La defensa considera que “los agentes se arrogaron funciones que no les correspondían”
Sin embargo, según ironizó Tuero, “los hermanos dijeron ‘pasen y vean, aquí tengo las cocaína y las papelinas, les permito entrar en mi salón'”. La defensa subraya que “es una actuación muy irregular” y que cuesta creer “que haya habido consentimiento”: “O son tontos o me cuesta creerlo. No tuvieron la decencia de llamar a la Policía Local o hacer un consentimiento por escrito. Y si se encierra en la casa, pues se busca una orden judicial”.
A pesar del planteamiento de la defensa, la fiscal mantiene la solicitud de cuatro años de cárcel para cada uno de los hermanos, además de interesar el pago de sendas multas de 26.000 euros. “No ha habido ninguna vulneración de la inviolabilidad del domicilio, los acusados dieron un consentimiento válido y líbremente otorgado, insistieron repetidamente en que los agentes entrasen en la vivienda, sin que sufriesen confusión mental alguna”, argumentó la representante del Ministerio Fiscal.
El tiroteo de La Florida pendiente de los juzgados
El viernes 24 de junio, el vehículo en el que se encontraban dos jóvenes de 20 y 19 años en el ovetense barrio de La Florida, recibió tres disparos de bala. El autor, un agente de la Policía Local de Oviedo, con menos de un año de experiencia, que patrullaba de paisano. Las versiones sobre lo sucedido no pueden ser más contradictorias, pero subyacen en la reconstrucción de los hechos que varias fuentes directas hacen, una serie de potenciales irregularidades, algunas que se retrotraen, incluso, a la Operación Enredadera, una trama de amaño de contratos públicos en cuyas escuchas aparecen varios mandos de la policía ovetense.

La primera cuestión es la formal, ¿cómo se realizó la intervención? Los jóvenes se encontraban en el citado vehículo, en una zona donde es habitual que parejas se junten en sus coches. El policía que ejecutó los disparos llegó acompañado de otro agente y, según el manual, debería haber alertado de su presencia a los ocupantes, “entrando por el lateral del coche y picando en la ventanilla delantera, cuando este se encontrara a la altura de la trasera y manteniendo una separación del vehículo”.
Algo que, según el testimonio de los jóvenes, no fue así. Los agentes, uno en pantalones cortos, habrían llegado con la placa colgada al cuello y se habrían aproximado al vehículo por el frontal, colocando la enseña contra la ventana, asustando a los ocupantes del coche. Estos, de hecho, llegaron a llamar al 112 pensando que se pudiera tratar de atracadores, al no creerse que los dos sujetos fueran agentes municipales.
Alterados por la intervención, optaron por arrancar el vehículo, pasando, supuestamente, por encima del pie del policía que, según afirma, “desde el suelo”, disparó en tres ocasiones al coche. Este justificó lo que a todas luces parece un uso “desproporcionado” del arma (solo sería admisible si fuera apuntado con otra arma de fuego o viera en peligro su vida) en que temió por la vida de su compañero, que habría tenido que esquivar a los dos jóvenes en su huida. Asimismo, afirmó que únicamente trató de alcanzar las ruedas.
Fueron interceptados a los pocos metros y se produjo un registro del vehículo –aduciendo sospechas de menudeo de drogas– para el que los agentes no tenían competencias. “Se tendría que haber procedido a avisar a la Policía Nacional“, explican fuentes conocedoras de los protocolos.
Precisamente, es la Policía Nacional quien se encarga actualmente de la investigación de lo acaecido la noche del 24 de junio. Unos hechos cuyo origen se remonta a la oposición para incorporar nuevos agentes que se aprobó en julio de 2019.
El PSOE, que gestionaba Seguridad en el anterior mandato, había dejado preparadas las bases, y el gobierno del PP lanzó un concurso que genera suspicacias. “Hacían falta agentes y no nos quedó otra que darla de paso, a pesar de que nos generaban dudas”, apuntan sindicatos conocedores de la situación.
Otro proceso curioso, en paralelo, fue el de nombramiento de Francisco Javier Lozano (que próximamente será nuevo Comisario Jefe en Oviedo) , antiguo inspector de policía en Avilés, como director general de seguridad ciudadana en Oviedo. El bipartito anunció la creación de tres direcciones generales, aireando en la prensa los nombres de quienes las ocuparían. Esto no convenció a algunos sindicatos, que presionaron, provocando que el bipartito rectificara, lanzando una convocatoria pública en la que los tres nombres propuestos de antemano obtuvieron el puesto: “Ya se sabía quien iban a ser los cargos que salieran de la oposición”, explican políticos y personas directamente relacionadas con la policía.

Estos recuerdan las conversaciones aparecidas en el sumario de la operación Enredadera, en las que Lozano y el comisario de la Policía Local ovetense, José Manuel López (cesado en su momento por el PSOE por su supuesta participación en la trama de amaño de contratos), hablan sobre su intención de amañar varias oposiciones policiales, empleando el denominado “método Luanco”, influyendo en los tribunales de las convocatorias, contando con el respaldo del Partido Popular: “Nuestro partido”.
Los agentes desvelan en sus charlas el plan de SIPLA y Ajempol para controlar la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (ESPPA) o, de no lograrlo, tratar de desvincular las oposiciones de varios ayuntamientos de este ente que escapa a su control.
Con el cambio de gobierno en Oviedo, del tripartito (Somos, PSOE e IU) –que pretendió centralizar en la ESPPA las oposiciones al cuerpo local– al bipartito (PP y Cs), el panorama cambió. Lozano consiguió su cargo y López volvió a colocarse a la cabeza de la Policía Local. También volvió, como intendente, otro de los investigados, Fernando Corzo. Todo con una jugosa oposición a la vista.
Entraron en torno a 40 agentes, sumando los de movilidad y nuevos ingresos. En este último grupo se incluye el hombre implicado en el tiroteo de La Florida. Destacan las fuentes que ponen en duda la rigurosidad de la oposición, que “no es habitual que un agente con menos de un año de experiencia ya esté dentro de la policía secreta”.
Tampoco cuadra dentro del cuerpo que, según indicó tras el tiroteo el concejal de seguridad ciudadana ovetense, José Ramón Prado, el citado policía cuente ya “con cuatro reconocimientos” en unos pocos meses.
La investigación sobre el enredo que acabó en tiroteo en La Florida sigue en marcha, con una denuncia por homicidio en grado de tentativa interpuesta por la defensa de los jóvenes.