La Ley del Sí es Sí y el pánico moral como herramienta política

En 1980 se publica en Estados Unidos el libro Michelle remembers escrito por Michelle Smith y Lawrence Pazder. En el libro se describen los terribles abusos, tanto físicos como psicológicos y sexuales, a los que Michelle fue sometida durante su infancia por su familia satánica, entre los que se incluían larguísimas sesiones de tortura y también el sacrificio humano, recuerdos que Michelle había bloqueado en su mente pero que habían salido al fin a la luz a través de la terapía hinóptica a la que fue sometida por quien en un principio había sido su terapeuta y después se convirtió en su esposo. El libro fue un éxito en ventas y el detonante del pánico satánico, un pánico moral que se alargó hasta bien entrados los años noventa y que traspasó las fronteras norteamericanas. Durante más de una década se extendió la creencia de que los cultos satánicos estaban fuertemente arraigados en la sociedad americana, millones de personas llegaron a estar convencidas de que entre sus vecinos se escondían peligrosos adoradores del demonio que torturaban y abusaban de menores y que no tenían el menor reparo en sacrificar bebés en honor a Satanás. Por ridículo que hoy en día nos pueda parecer el pánico satánico lo cierto es que la histeria social arruinó la vida de cientos de personas sobre las que pendía la sombra de satanistas y que fueron sometidas al ostracismo social cuando no acabaron afrontando acusaciones criminales gravísimas que en muchas ocasiones acarrearon sentencias de cárcel que con el tiempo serían revisadas y anuladas. Los casos de la escuela infantil McMartin, que regentaba la familia Buckey, o los Tres de West Memphis, los adolescentes condenados sin pruebas -uno de ellos a la pena de muerte- por el asesinato de tres niños en 1993, han sido los más mediáticos pero no los únicos en una caza de brujas en la que la ciudadanía y las autoridades se dejaron arrastrar por un pánico moral que arrasó todo lo que encontró a su paso. Pero nada de esto hubiera podido suceder sin el concurso entusiasta de una prensa que se volcó en informar acerca del satanismo y que no ahorró detalles de sus terribles rituales, basándose exclusivamente en rumores y habladurías, cuando no en cuentos absolutamente inverosímiles -se llegó a hablar de sacrificios de jirafas y elefantes en guarderías infantiles sin ningún rubor-, que ayudaron a construir una narrativa terrible que sumió en el terror a parte de la ciudadanía. Solamente después de años de noticias y de decenas de detenciones y condenas, las voces más sensatas lograron hacerse escuchar entre el griterío demostrando que nunca existireron  tales rituales, abusos y sacrificios, pero ya era demasiado tarde para todos aquellos que habian sido señalados con el dedo acusador.

En España no estamos tampoco libres de los pánicos morales. En 1994, por ejemplo, el asesinato sin sentido de Carlos Moreno, cometido por Javier Rosado y Félix Martínez, provocó en España una campaña de miedo contra los juegos de rol tan intensa que consiguió generar una histeria similar a la vivida en Estados Unidos con el satanismo, una histeria social que no hubiera sido posible sin la prensa española -muchos de los supuestos expertos y periodistas que participaron en el señalamiento de los jugadores de rol se siguen sentando en las mesas de las tertulias televisivas como si nada hubiera pasado-, a la que no le tembló el pulso a la hora de señalar a los jugadores de rol, que pasaron de ser en la imaginería social de frikis pringadillos a sociápatas peligrosos. 

En ambos casos los pánicos sociales siguieron el mismo guión: una historia mediática, una serie de rumores basados en prejuicios -muchos de ellos con un fuerte y tradicional arraigo social que la prensa se encarga de difundir y magnificar- y, en muchas ocasiones, la participación de las instituciones que se dejan arrastrar y acaban amplificando, cuando no empeorando, el pánico moral. 

Pero los pánicos morales no son un invento yanqui o del siglo XX, pues están en la base del antisemitismo y los pogromos, de las cazas de brujas y de los linchamientos raciales. La llegada de las televisiones y de las redes sociales solo han ayudado a que se extiendan más rápidamente y a que sean mucho más dificiles de combatir.

El pánico satánico, como lo fue el pánico ante los juegos de rol o el actual pánico a los okupas, es la  respuesta política reaccionaria a los avances sociales, a la pluralidad y la diversidad, el resultado inevitable de las guerras culturales de la derecha. De esta manera, el pánico satánico fue el efecto de la alianza de Reagan con las iglesias evangelistas, la llamada Mayoría Moral, y en realidad no fue otra cosa que la respuesta reaccionaria a la revolución sexual, a la segunda ola del feminismo y la contracultura de los años sesenta y setenta. En España, donde la derecha se ha mostrado igual de reaccionaria y pacata con respecto a los avances sociales que su homóloga norteamericana, especialmente en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+, los pánicos morales tienen también el terreno abonado. Con una prensa en manos de unos pocos poderes económicos y arrojada en brazos del click rápido, más la reacción casi histérica de las derechas ante el gobierno de coalición, la sobreactuación y  los miedos sociales están a la orden del día: a los okupas, al terrorismo etarra, al independentismo catalán o a la ruina económica… Sin embargo no todos estos miedos se han trasformando en pánicos morales. Así, por ejemplo, con la llamada Ley Trans se inició una brutal campaña en contra; no obstante, dicha campaña, alimentada además por una parte del feminismo burgués blanco que se está viendo desplazado por otras formas de entender el feminismo más inclusivas e interseccionales, a pesar de la andanada en prensa y redes sociales, no logró su objetivo, ya que se estrelló contra la realidad de la sociedad actual española, muy sensible al feminismo y a los derechos del colectivo LGTBI+. Pero ha sido precisamente esta sensibilidad de la que se han aprovechado esta vez las derechas para sacar rédito político con respecto a la polémica que ha surgido con las reducciones de penas a agresores sexuales tras la aprobación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la Ley del Sí es Sí.

“Los miedos sociales están a la orden del día: a los okupas, al terrorismo etarra, al independentismo catalán o a la ruina económica…”

Hay que recordar que esta ley es el resultado de una larga reivindicación del feminismo, que venía exigiendo que se cambiara el paradigma a la hora de juzgar las violencias sexuales poniendo en el centro el consentimiento frente a la concepción tradicional en el que se valora la violencia ejercida y, por ende, la resistencia de la víctima. Con la nueva ley se pone, además, punto y final a la distinción entre abuso y agresión sexual ya que toda relación sin consentimiento pasa a ser considerada como una agresión sexual. Hay que tener en cuenta que la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual no es una ley punitivista, aunque las penas por estos delitos en España son mucho más elevadas que en los países de nuestro entorno, sino que es una ley que nace con la intención de proporcionar atención y  protección integral a las víctimas. Esto no implica que la ley sea más permisiva que la norma a la que sustituye, al contrario, incluye por primera vez agravantes que hasta el momento no se habían contemplado, como el de la sumisión química o el acoso laboral por razones sexuales, y se amplía la protección de la infancia. 

Sin embargo, no podemos negar que su aplicación ha tenido como consecuencia que algunas condenas hayan sido revisadas a la baja, al haberse rebajado los años mínimos de condena en algunos casos para contemplar los abusos más leves y así respetar el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, en caso de violación la pena pasa de una mínima de 6 años a una de 4 años. Es por eso, y porque vivimos en un Estado de Derecho, que muchas sentencias han sido reducidas,  porque se ha aplicado la norma que más beneficia a los condenados. Y si bien es verdad que quizás esto se pudiera haber evitado con una disposición transitoria, no es menos cierto que ni el Ministerio de Igualdad, ni el de Justicia, ni el Consejo de Ministros, ni tampoco el Parlamento vieron la necesidad de hacerlo en su momento. 

Lo que es realmente indudable es que detrás de cada una de estas revisionesy reducciones de penas hay una víctima real que vuelve a revivir su dolor y que es comprensible que llegue a pensar que se está minusvalorando su sufrimiento. Y solo por eso desde el Gobierno y los Ministerios de Igualdad y Justicia se debería haber tenido mucho más cuidado a la hora de explicar las consecuencias de la aplicación de la nueva ley, anticipándose con pedagogía y empatía a la reacción de la prensa y las derechas. No se hizo y los titulares sensacionalistas han copado la conversación pública. Se juega al despiste y se desinforma para sacar provecho político y desgastar al Gobierno, se da a entender que las puertas de las prisiones están abiertas para los agresores sexuales generando miedo y malestar. El debate sosegado ha sido sustituido por la sobreactuación y las medias verdades, instrumentalizando el dolor de las víctimas y el legítimo desprecio social hacia los agresores sexuales para sacar rédito político en un año electoral en el que parece que la victoria se va a jugar a los puntos. Pero la reacción del presidente Pedro Sánchez y de parte del gobierno no ha hecho más que empeorar el problema al forzar una reforma precipitada y sin consensuar que vuelve a colocar la violencia ejercida sobre la víctima en el centro del debate, obviando que las violencias sexuales se ejercen de distintas formas y que las heridas que provocan no son siempre visibles. Y esta reforma se pretende aprobar además no solo con la oposición de los socios de gobierno y del bloque de la investidura, sino con los votos del Partido Popular, el mismo partido que se ha opuesto sistemáticamente a todas las leyes que garantizan derechos fundamentales como el divorcio, el matrimonio igualitario o la autodeterminación de género y que considera que los derechos reproductivos de las mujeres no son un derecho fundamental.

Al dejarse arrastar por el pánico moral, el presidente ha puesto en peligro una ley que cumple con las exigencias del Convenio de Estambul y que nos pone en la estela de países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Suecia, una ley concebida para educar a la ciudadanía, proteger a las mujeres y la infancia y plantar cara a la cultura de la violación y el patriarcado. En un vano intento por acallar el griterío y pensando solo en el cálculo electoral, Sánchez ha contribuido a añadir aún más ruido a la conversación pública, ha dejado clara la brecha existente entre los socios del gobierno y ha puesto en peligro una ley pensada para facilitar la vida de las víctimas y de todas las mujeres.

Quizás dentro de unos años miremos atrás y pensemos cómo fue posible que nos dejáramos arrastrar por este pánico moral absurdo cediendo terreno, una vez más, a las derechas reaccionarias, pero el daño ya estará hecho.