En 1388, tras el desolador paso de la Peste Negra por Inglaterra, que acabó con un tercio de la población, las autoridades crearon las primeras workhouses, instituciones que ofrecían alojamiento, trabajo y comida a aquellos a quienes la pandemia les habia dejado sin nada. Estas casas de trabajo, financiadas por los vecinos más acomodados de cada parroquia, funcionaron ininterrumpidamente hasta 1948. Durante siglos proporcionaron cierto consuelo y alivio a las personas más desfavorecidas y, aunque las workhouses no nacieron por la piadosa caridad de las autoridades sino más bien a causa de la necesidad de estas de evitar levantamientos populares, en muchos casos sirvieron para paliar los sufrimientos de muchas personas. Sin embargo la Nueva Ley de Pobreza de 1834 convirtió las casas de trabajo en algo mucho más siniestro y lúgrubre y en toda una metáfora del capitalismo.
La nueva ley obligaba a que todos los que buscaran refugio en las casas de trabajo, mujeres, hombres y niños, tuvieran que trabajar a cambio de un techo, algo de comida, educación deficiente, mucha religión y disciplina carcelaria. Pero no solo eso, las workhouses estaban autorizadas a ganar dinero, dinero que provenía, por supuesto, del trabajo gratuito de aquellos que se veían obligados a pedir refugio en ellas.
A ningún lector de Jane Eyre le resultará difícil imaginarse qué tipo de vida y trato se recibía dentro de las workhouses, ni el frío, el hambre, la soledad y la culpa que sentían los que en ellas habitaban. Y es que para los victorianos la pobreza no era solo una condición social, era, por encima de todo, una condición moral. Los pobres no eran pobres porque hubieran tenido mala suerte en la vida, sino porque carecían de la moralidad adecuada. Los pobres son pobres porque se lo han buscado, porque son vagos o borrachos o displicentes o inmorales o lujuriosos o todo ello al mismo tiempo. Y es por ello que toda ayuda, toda caridad, tiene que ir acompañada de disciplina, orden, religión y austeridad. A los pobres no se les ayuda, se les reforma. Podríamos estar tentados de pensar que esta mentalidad es el fruto amargo del protestantismo pero esta forma de entender la pobreza como una desviación moral no está muy alejada de la mentalidad católica. Para los católicos la pobreza y la riqueza nada tienen que ver con la justicia social sino que son consecuencia directa del orden sagrado. Uno es rico o pobre por decisión divina y es por eso que los pobres han de abordar su condición con resignación cristiana y humildad y por eso mismo han de aceptar la caridad que se les ofrece con agradecimiento y sin cuestionarse nada. Pero la caridad es un acto construido para garantizar la salvación de quien la ejerce, no la salvación de sobre quien se ejerce. La caridad es la forma de dar las gracias a Dios por los dones otorgados, una manera de compensar y estar a pre con el Señor y así garantizarse -o comprarse- un lugar en el Cielo. Pero no nos equivoquemos, las grandes damas de la caridad católicas y patrias no pensaban muy distinto de sus coetáneas inglesas y no dudaban en recomendar, cuando soltaban davidosas el óbolo, un “no se lo gaste en vicios”, pues todo el mundo sabe que uno ha llegado a pobre porque se lo ha buscado y porque no se sabe contener.
“Los pobres no solo tienen que ser pobres, tienen que parecerlo”
Esa mentalidad condescendiente y paternalista con los más desfavorecidos sigue prevaleciendo hoy en día y no es extraño escuchar, en barras de bar y en tribunas parlamentarias, discursos que nos alertan de la tendencia de aquellos que necesitan las ayudas sociales para vivir en gastarlas en banalidades como televisores, móviles, ropa bonita o incluso en yogures de chocolate porque los pobres no solo tienen que ser pobres, tienen que parecerlo y si no pues les retiramos las ayudas sociales o les damos una tarjeta de crédito pero les decimos dónde y en qué pueden gastar el crédito que ellos solos no se saben gestionar.
Pero también hay y ha habido otras maneras de enfentrarse a la pobreza y la desigualdad, una en la que ambas son entendidas como enfermedades, pero no morales e individuales, sino como una enfermedad social, el fruto de un sistema roto, fallido. Es por eso que además hemos construido herramientas teóricas y prácticas muy potentes que explican cómo se concentra la riqueza en manos de unos pocos, cómo se perpetúa la desigualdad social e incluso cómo ponerle freno. A lo largo de la Historia se han llevado a cabo intentos más o menos infructuosos de acabar con la acumulación de riqueza en manos de una minoría e intentar así equilibrar la balanza: revueltas, revoluciones, saqueos… Sin embargo en el siglo XX se llegó a un arreglo que, si no ideal, al menos se demostró útil: el Estado de Bienestar, un pacto social en el que los de arriba, a cambio de no perder su posición, se comprometían a una cierta redistribución de la riqueza acumulada mediante un sistema impositivo más o menos justo, un Estado fuerte y un conjunto de ayudas públicas concebidas como derecho de una ciudadanía libre y autónoma y pensadas para compensar la desigualdad. Pero el Estado de Bienestar, que trajo la paz y la prosperidad a la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial y permitió que las clases populares accedieran a niveles de bienestar nunca vistos, está bajo asedio desde finales de los años ochenta. Y para cargarse un sistema que se demostró tan útil en mejorar las vidas de las personas es necesario disparar directamente contra la línea de flotación del Estado de Bienestar: que cada uno de nosotros tiene derecho a optar a ayudas sociales si se da el caso y que estas están pensadas para compensar la desigualdad de la que partimos. Y para derrumbar el edificio común qué mejor que desempolvar el viejo prejuicio de que los pobres no se saben controlar y de que si no los vigilas y diriges con mano férrea abusan del sistema porque lo que realmente quieren es vivir de la caridad -ajá, recurrimos de nuevo a la vieja terminología cristiana- y dejarse llevar por sus bajos instintos, que por algo son pobres.
Si resulta escalofriante escuchar estas cosas de boca de aquellos que hoy en día tienen un techo sobre su cabeza y una cierta seguridad garantizada precisamente por el mismo Estado de Bienestar del que tanto abjuran, mucho más escalofriante es escucharlo de boca de alguien que se considera a sí misma socialista y que es la titular de la Conseyería de Derechos Sociales y Bienestar que pretende condicionar el derecho a percibir ayudas sociales -recuerden, Derechos Sociales, eso es de lo que va realmente su trabajo- a aceptar el trabajo que se les ofrezca, sin tener en cuenta ni el tipo, ni las condiciones de dicho trabajo, ni tampoco la realidad, disponibilidad y capacitación de las personas que necesitan -y tienen derecho- a dichas ayudas. Que la conseyera no tenga ningún empacho en soltar este tipo de perlas en prensa y a las puertas de unas elecciones me lleva a la inevitable conclusión de que o bien nunca se ha molestado en saber cuál es el verdadero objetivo de su Conseyería o bien se la trae al fresco y que por eso ha preferido convertirla en una especie de mesa petitoria dirigida por almas caritativas que reparten las monedas sobrantes mientras les dan una palmadita paternalista en la mano a los pedigüeños que hacen cola.
