La delegación asturiana en Colombia denuncia asesinatos e “impunidad estructural”

Seis dirigentes de organizaciones sociales amenazados llegarán a Asturias bajo un programa temporal de protección.

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María Cidón
María Cidón
Es periodista

En septiembre se cumplirán siete años de la firma oficial del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación de los derechos humanos en se ha agravado durante 2022, concluye el XIX Informe de la delegación asturiana para la verificación de los derechos humanos y la paz en Colombia.

La delegación comprobó que se siguen cometiendo asesinatos y otras violaciones de derechos humanos contra integrantes de organizaciones sociales y firmantes de la paz, según los resultados presentados este viernes por Javier Orozco Peñaranda, director del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en ColombiaCristina Fernández Alonso, de la Asamblea Moza d’Asturies, dos de los 10 representantes de la delegación.

La delegación, que visitó los territorios colombianos fronterizos con Venezuela y Ecuador, reconoce que el gobierno colombiano está haciendo “enormes esfuerzos” para construir la paz en esas zonas, aunque no se respete el cese al fuego en los territorios visitados. Orozco destacó, “la situación gravísima de impunidad estructural y el uso de la justicia para perseguir a la dirigencia social, mientras sigue creciendo el paramilitarismo de la mano de grandes empresas que se benefician del terror”.  Mientras Fernández sostuvo que “hay muchas esperanzas, pero también muchas trabas” debido a la influencia y “la historia del poder de la derecha en el territorio”.

Durante 2022, la fuerza pública colombiana ha sido denunciada por el asesinato de 71 civiles y se registran más de 82.000 personas desplazadas, quienes tuvieron que huir de sus hogares por la violencia y más de 102.000 que permanecieron confinadas en su territorio, donde una gran parte son poblaciones indígenas y comunidades afrodescendientes afectadas por la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

En las próximas semanas se espera que lleguen a Asturias seis personas dentro de un programa de acogida que a la fecha ya ha atendido a 134 dirigentes de organizaciones sociales colombiana por el riesgo de ser asesinadas.

En la presentación del informe en Gijón, que se hace coincidir con la visita oficial a España del presidente colombiano, Gustavo Petro, también participó el eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, quien advirtió sobre el riesgo que corre el mandatario sudamericano tras las declaraciones que hizo el pasado miércoles durante un discurso en el Congreso de los Diputados, en Madrid.

“Las declaraciones del presidente Petro van claramente en contra de la OTAN, no es como si lo digo yo, lo dice un hombre al que cuando puedan lo van a matar, creo que tiene mucho riesgo de ser asesinado y que está siendo muy valiente”, expresó Pineda.

Los integrantes de la delegación piden el apoyo del gobierno español para atender a la llamada de ayuda del gobierno colombiano, a quien reconocen su trabajo por “construir la paz” en el país, y también para proteger a la población indígena y las comunidades amenazadas por oponerse a los proyectos extractivos de las empresas multinacionales porque “están ayudando a proteger el planeta”.

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