Un colegio de abogados turco presenta una demanda por la “detención arbitraria” de Tino Brugos y otros observadores internacionales

Los letrados de la ciudad en la que se produjo la detención denuncian que "no había ninguna orden de arresto"

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Bernardo Álvarez
Bernardo Álvarez
Graduado en psicología y ahora periodista entre Asturias y Madrid. Ha publicado artículos en ABC, Atlántica XXII, FronteraD y El Ciervo.

El sindicalista asturiano Tino Brugos, miembro de SUATEA, ya está de vuelta en España tras haber sido detenido este domingo en Siirt por la policía turca. Brugos ha sido expulsado del país, adonde había acudido en una misión de observación electoral internacional invitado por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP). Han sido “96 horas de adrenalina”, como ha declarado a La Voz de Asturias.

Según ha explicado Brugos, el día de los comicios apenas pudieron desempeñar su trabajo. Ya en las primeras horas de la mañana empezaron a tener problemas con los soldados turcos que custodiaban los colegios electorales. “Nos dijeron que no podíamos movernos y no podíamos visitar colegios electorales”, cuenta. Al poco rato, una patrulla del ejército los retiene con la excusa de comprobar su documentación.

Ya unas horas más tarde, fue la policía quien se acercó al grupo para preguntar por el propio Brugos, invitándole a “aclarar algunas cuestiones” en la comisaría de Siirt. En ella le comunicaron a Brugos que estaba infringiendo la ley electoral turca por un tuit que había publicado unas horas antes. Por ese motivo estuvo retenido entre las 2 y las 9 de la tarde, luego fue llevado a su hotel y, al cabo de un rato, de nuevo a comisaría, donde se encontró que estaban también Jon Iñárritu, de Bildu, e Isabel Chacón, de la CUP.

Tal y como ha declarado Brugos en el citado periódico “nos amenazaron diciendo que estábamos tomando parte en actividades políticas ilegales y que podría ser que estuviéramos colaborando con el terrorismo; que si no queríamos que las cosas fueran a peor, lo que teníamos que hacer era marchar”. Y eso hicieron.

A las pocas horas de haber aterrizado en Madrid, se ha sabido que el Colegio de Abogados de la localidad de Siirt ha emitido un comunicado denunciando “la presión a la que se vio sometida la delegación de observadores españoles”. Según los letrados, no existía “ninguna orden de arresto”.

“A pesar de las peticiones de los abogados, no se proporcionó ninguna información  sobre estas detenciones, y se dijo que había sido ordenadas por la Fiscalía de Siirt”. Sin embargo, los abogados niegan que sea así, y denuncian que la detención ha sido una acción arbitraria de la policía, que también retuvo y sometió a “malos tratos” a algunos letrados.

“La misión de observadores extranjeros fue presionada por el personal de seguridad del Departamento de Policía y fueron llevados a la fuerza a la administración provincial de inmigración para someterlos a análisis dactilares y otros procedimientos”. El Colegio de Abogados ha presentado una denuncia penal por este caso.

Además de los observadores internacionales, el día anterior fue detenido el chófer de la delegación. “Intuimos que fue maltratado por el estado en el que le vimos el lunes”, asegura Brugos.

Este hecho se enmarca en la represión que sufre en la Turquía de Erdogan el HDP, el principal partido prokurdo y la tercera fuerza del país. Hace apenas tres semanas, 110 personas vinculadas al partido fueron detenidas en una supuesta “operación antiterrorista”, puesto que el gobierno considera al partido como el brazo político del grupo armado PKK. Según el partido, entre los detenidos se hallan “abogados que podrían vigilar la seguridad electoral, periodistas independientes que pueden denunciar fraude electoral, directores de campaña del Partido de la Izquierda Verde, y propietarios de imprentas que colaboran con campañas electorales”. 

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