Siero: 36 viviendas públicas vacías y tapiadas

El Principado, incapaz de adjudicar los pisos, mantiene desde 2021 cerrados los edificios, en los que invirtió 2,5 millones de euros.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

En marzo de 2015 el Principado anunciaba la construcción de 42 viviendas en Pumarabule, en unos terrenos de HUNOSA cedidos por la empresa pública a la consejería de Vivienda. Se trataba de realojar a los vecinos afectados por las grietas que aparecieron en 2009 en 60 casas de la barriada, de época franquista, de este pueblo minero del concejo de Siero.

Las viviendas construidas fueron finalmente 36 y muchos de los vecinos a los que estaban destinadas murieron en la década larga transcurrida entre 2009 y 2021, año del fin de las obras. Otros se fueron del pueblo y no tienen intención de volver, ya sea porque alquilaron o compraron en otros lugares, o porque las condiciones que les ofrece VIPASA, la empresa autonómica de vivienda, no les resultan atractivas. 1.270 euros el metro cuadrado no resulta un precio competitivo para una zona rural mal comunicado y con menos servicios que La Pola o Llugones.

Vecinos de Pumarabule, Siero, junto a Javier Pintado y Rafael Palacios, de Podemos. Foto: Iván G. Fernández

Los vecinos, que durante años lucharon para que el Principado les construyera una vivienda en sustitución de la deteriorada, denuncian que el Principado incumplió las condiciones pactadas, y que además las nuevas viviendas tienen asimismo grietas.

El caso fue llevado por Podemos Asturies y por el PP a la Junta General, ya que las viviendas, llevan dos años construidas pero sin entregar. Los vecinos recibieron el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero esto no se ha traducido en hechos.

Incapaz de llegar a un acuerdo con los vecinos y de gestionar la adjudicación de las viviendas, que nadie quiere en estas condiciones, VIPASA ha tapiado los edificios para evitar okupaciones. La inversión pública en los nuevos inmuebles, que siguen a la espera de ser habitados, fue de 2,5 millones de euros.

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