Tal y como ha podido saber NORTES en primicia, Pelayo Suárez Colunga, concejal de Obras y Urbanismo de Noreña, declarará en el juzgado en calidad de investigado el próximo 7 de septiembre. La fiscalía cita a declarar al concejal como “jefe directo del finado”, en referencia al albañil de 50 años fallecido en julio de 2022 cuando trabajaba para el Plan de Empleo municipal de Noreña en labores de mantenimiento en la cubierta del edificio municipal polivalente La Plaza. El proceso judicial se encuentra todavía en fase de instrucción.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que está personada en el procedimiento, ya denunció en las primeras horas después del accidente que al fallecido “le mandaron subir a un tejado sin línea de vida y sin arnés”. Mónica García, la delegada de personal de CSIF en el Ayuntamiento noreñense, asegura que “ya antes de la muerte estábamos pidiendo formación para los trabajadores. Algunos trabajadores estaban realizando tareas sin estar formados. Denunciamos en Inspección de Trabajo, y la inspectora instó a que se formara a la gente. Pero pasó el tiempo y nada. Por desgracia, perdimos a un compañero”.
En la misma línea se expresa Sergio Peña, presidente del sindicato en Asturias: “Una fatalidad es cuando, pese a poner todos los medios necesarios, ocurre una muerte. Pero en este caso no se puso ningún medio, y encima había advertencias en temas de prevención”. Dice Peña que “creemos que el ayuntamiento había pedido presupuestos para la reparación, no le convencieron los precios y quiso hacerlo ordenando lo que no tenía que ordenar: sin medios de protección y con una forma de mandar característica de este concejal, que abre más expedientes por año que toda la administración junta”.
Irene Sánchez, abogada del CSIF al frente del caso, insiste en que no era “la primera vez que sucedían estos accidentes, aunque con menor gravedad. El delegado de prevención de riesgos laborales en el ayuntamiento llevaba tres años presentando solicitudes para que se cumpliese la normativa: no había sistemas de protección, el material no era el adecuado, no tenemos registro de que se estuvieran actualizando no de que se cumpliesen las medidas de seguridad. Aportaremos esas pruebas en el juzgado”.
A juicio de la letrada, se trata de “una dejación de funciones del concejal, y no de un hecho fortuito, como ellos quieren probar”.
