El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha comunicado al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a la que fuera su número dos en el departamento, María Jesús Otero, que ha finalizado la investigación por un supuesto fraude de 3,7 millones de euros en el suministro de mobiliario a centros educativos y que el sumario pasará ahora a la Audiencia Provincial.
Los empresarios Víctor Manuel Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez, responsables respectivamente de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, a las que se les adjudicaron los distintos contratos para el suministro de material a 87 centros educativos entre los años 2009 y 2010, también serán juzgados en esta pieza separada del ‘caso Marea’.
Los cuatro procesados, junto a la exfuncionaria Marta Renedo, ya fueron condenados en 2019 por el Tribunal Supremo a penas de entre dos años y ocho meses y nueve años de cárcel por su responsabilidad en el conocido como “caso Marea”, la mayor causa de corrupción investigada en Asturies, relacionada con la adjudicación irregular de contratos a empresas.
La nueva causa judicial parte de un informe elaborado por el Principado después de que la Fiscalía advirtiera, en diciembre de 2014, de que Riopedre, Otero y los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.
El Gobierno asturiano abrió en julio de 2015 una investigación para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros, lo que permitió destapar un fraude de casi cuatro millones de euros.
Después de que el informe no llegara a tiempo para incorporarlo a la causa del caso Marea, el Principado lo remitió al Ministerio Público, que presentó una nueva denuncia que ahora será causa de un nuevo juicio.
