La abogada guatemalteca Wendy Geraldina López Rosales fue recibida este miércoles en el ICA- Colegio de Abogados de Oviedo, en un acto organizado junto a Amnistía Internacional.
El tema anunciado de su conferencia era “Defensa internacional de los derechos humanos y abogacía en peligro”.
Ella es maya kaqchikel, y a sus 33 años ya ha liderado el Bufete de abogadas indígenas, teniendo a su cargo 150 casos de comunidades indígenas. Además es la abogada de Virginia Laparra, y compañera y ahora defensora de Claudia González. Las dos actualmente prisioneras.
Ahora trabaja como abogada para la organización de derechos humanos Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA). Forma parte del equipo de defensa legal de varios operadores de justicia criminalizados en Guatemala, entre ellos Leily Santizo.
También forma parte del equipo de defensa de varios periodistas implicados en el caso contra el periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico de Guatemala, también en prisión.
Si es cierto que la abogacía juega un papel determinante en la defensa de los derechos humanos y, en ocasiones, su ejercicio se convierte en una profesión de riesgo, en el caso guatemalteco, y su prolongado deterioro del Estado de Derecho, profesionales de la abogacía acaban siendo víctimas de amenazas, hostigamiento y de acciones dirigidas a menoscabar su trabajo, situación que se exacerba cuando esta labor va dirigida a la defensa de los derechos humanos en contextos difíciles.
La señora Wendi ha compartido la persecución que padecen distintos profesionales jurídicos que trabajaban en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por las Naciones Unidas y que funcionó en el país hasta 2019.
En ese año, el Gobierno se negó a renovar el mandato de esta institución, y desde entonces las personas que han trabajado para la CICIG —incluidas quienes trabajan para la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que colaboraron estrechamente con la CICIG— se han enfrentado a una grave criminalización como represalia por su trabajo.
Mientras la CICIG estuvo en funcionamiento, se sacaron a la luz numerosos escándalos de corrupción y se enjuiciaron destacados casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de Derecho Internacional.
Desde 2019 hasta el momento actual, más de 50 defensores de los derechos humanos, ex trabajadores de la CICIG, jueces y periodistas se han visto obligados a huir del país a causa de los procedimientos penales iniciados por el Ministerio Público guatemalteco contra ellos, marcados por las denuncias de falta de imparcialidad y la ausencia de garantías de sus derechos que existe en Guatemala en estos momentos.
Además, los encargados de la representación legal y defensa de exfuncionarios de la CICIG y la FECI que se enfrentan a cargos penales injustos como represalia por su trabajo.
Wendy Geraldina ha dedicado su vida a los derechos humanos y a dar voz a las víctimas del Estado guatemalteco. Sin embargo, enfrenta importantes riesgos por su trabajo.
Ella ha explicado hoy en Oviedo que el estado guate les ofrece escoger entre muerte, cárcel y exilio.
Que hay un momento de oscurantismo y persecución muy directa a las defensoras, ya que el estado considera enemigos a esas personas de la abogacía comprometida.
Ha pormenorizado el caso de Virginia Laparra, que fue fiscal anticorrupción en Quetzaltenango, y las personas a las que inició investigación lograron darle vuelta y acusarla y encarcelarla a ella. A cambio recibieron prebendas y ascensos a cargo del sistema judicial corrupto y del Congreso.
Su compañera Claudia González, por haber sido miembro de la CICIG, y por lo mismo haber denunciado la corrupción, como era su mandato y obligación, ha sido detenida sin garantías.
Ambas, Virginia y Claudia, en cárcel de máxima seguridad, militarizada, y con visitas restringidas.
Wendi ha puesto un SOS gigante, para que el ICA pueda colaborarles frente a la indefensión en que se encuentran.
En el momento del coloquio se han recordado momentos históricos como el asalto y quema de la embajada española en Guatemala de 1980, la masacre y la sobrevivencia fortuita de nuestro embajador Máximo Cajal.
También la causa “Genocidio maya” en la Audiencia Nacional, relacionada con la guerra interna contra las comunidades. (en dicha guerra una de las miles de víctimas lo fue el cura asturiano Juan Alonso, nacido en Cuérigo, torturado y asesinado por los militares, actualmente beatificado por su iglesia católica).
En los días recientes la presentación a un Premio a la Vida en Langreo de la propuesta de Bernardo Caal, profesor y dirigente comunitario defensor del territorio frente a empresas extranjeras (capital de Florentino Pérez), o la situación de indefensión y exilio forzado de Lolita Chávez (premio Ellacuría en País Vasco, y finalista del Sajarov en el Parlamento Europeo).
Wendy ha compartido también la situación de la comunidad Laguna Larga en zona fronteriza con México, quienes perdieron la tierra y la salud, al ser expulsados de su territorio.
Pero sobre la situación jurídica o las posibilidades de hacer algo de justicia.. se considera que hay una trama poderosa sustentada por el narcotráfico, con conexiones colombianas relacionadas incluso con Uribe, que está logrando que los pueblos originarios, los pueblos indígenas sean acusados de usurpar sus propias tierras, en beneficio de las empresas de palma aceitera, de las explotaciones de niquel, de oro.
Frente a las venas abiertas de la corrupción en Guatemala, la defensora ha solicitado amparo y colaboración, en la sede del ilustre colegio de abogadas-os de Oviedo.
