Desde que se inició el declive minero e industrial de Asturias, en las últimas décadas del pasado siglo, las instalaciones que perdieron su función original y el espacio físico que ocupaban han sufrido un acelerado proceso de arrasamiento y sustitución por nuevos usos o han permanecido como carcasas desvencijadas a la espera de una coyuntura favorable que los reincorpore al tejido urbano y territorial mientras se completa la demolición natural de sus ruinas, desvalorizadas por el expolio y el abandono consciente y planificado.
La maquinaria, el mobiliario y una parte sustancial de la documentación no han sufrido mejor suerte, lo mismo que los bienes inmateriales y la memoria relacionada con la historia de la industrialización y el movimiento obrero: una consecuencia lógica, y también premeditada, de la propia pérdida material.
Los inmuebles que, así todo, se han conservado y/o reutilizado son una excepción y una muestra insuficiente del extenso patrimonio que se originó durante un siglo y medio de desarrollo minero-industrial en la etapa histórica más importante de la región, junto con el periodo altomedieval del Reino de Asturias. Y no se trata precisamente de paisajes o redes (las figuras patrimoniales de mayor complejidad) sino de conjuntos incompletos, en el mejor de los casos, y de elementos casi siempre aislados y descontextualizados que, a pesar de sus carencias, gozan de un aprecio y nivel de visitantes bastante aceptable, como ocurre con el Museo de la mina de Arnao, el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, el Centro de Interpretación del Poblado de Bustiello o el Centro Cultural Pozo de Santa Bárbara, por citar los más destacados.
Que casi todos los ejemplos de rehabilitación estén localizados en las cuencas mineras se entiende por múltiples razones: en primer lugar porque son las que poseen una mayor cantidad de vestigios, pero también por ser mayoritariamente de propiedad estatal, por haber dispuesto de inversiones públicas a través de los llamados “fondos mineros” de compensación al cierre de la minería y por la ausencia de otras alternativas rentables a medio plazo, lo que tampoco ha evitado las demoliciones para acondicionar nuevos polígonos industriales, centros comerciales o dotaciones de diverso tipo, a veces ruinosas para el erario aunque lucrativas para los constructores y beneficiarios de las ayudas, también públicas, ¡cómo no!
Si en las cuencas el panorama no es precisamente halagüeño, en el resto del área central -y del conjunto de Asturias- resulta desolador. Especialmente en Gijón, donde las expectativas del negocio inmobiliario, en pleno auge desarrollista, cercenaron cualquier posibilidad de supervivencia del complejo y diversificado entramado industrial que se había ido extendiendo desde el siglo XIX entre el puerto viejo y el Musel, a través del Natahoyo y La Calzada. Y donde las peculiares muestras del trabajo femenino en la industria agroalimentaria o textil, así como del destacado sector naval, fueron aniquiladas sin miramientos y sustituidas por edificaciones modernas, parques urbanos y playas artificiales que mejoraron, eso sí, las condiciones ambientales de los antiguos suburbios a costa de gentrificar los sectores de mayor atractivo residencial. En este caso, casi todas las industrias y el suelo eran de propiedad privada, claro.
Estas remodelaciones, amparadas tanto por la planificación urbanística del tardofranquismo como de la nueva etapa democrática, se materializaron sin oposición ciudadana en una época en que aún no había aflorado el interés por el patrimonio, ni entre los representantes políticos, ni en las organizaciones sindicales o vecinales, especialmente preocupadas y ocupadas con los efectos laborales y sociales de la reconversión industrial. Ni siquiera, salvo unos pocos especialistas, cundió entonces la alarma en el mundo de la cultura y de la universidad.
En la comarca de Avilés, con la excepción de alguna pieza aislada (como La Curtidora), también se han perdido casi todos los vestigios de la industria tradicional y las demoliciones afectan ya a los de segunda generación, de mediados del siglo XX, comenzando por las baterías de cok de la antigua ENSIDESA, una compañía originalmente pública pero privatizada y perteneciente en la actualidad a una gran multinacional cuyo interés por la conservación del patrimonio asturiano no figura, lógicamente, entre sus prioridades empresariales.
Finalmente parece tocarle el turno a Oviedo, en cuya periferia se arruinan los restos industriales de Trubia, San Claudio, Olloniego, Veguín o La Manjoya, mientras los conjuntos de mayor centralidad, la Vega y la Fábrica de Gas, de reconocida importancia, se convierten en objetos propicios para la especulación inmobiliaria tras haber corrido la misma suerte en el anterior ciclo desarrollista los espacios ferroviarios incluidos en el mal llamado Cinturón Verde, con la propia Estación del Vasco a la cabeza.
Es paradigmático el caso de Trubia, donde la multinacional americana General Dynamics sigue utilizando las naves útiles del viejo recinto fabril para producir armas de encargo estatal mientras se desentiende de la conservación de los edificios y componentes que carecen de interés productivo sin que las administraciones públicas se lo exijan, a pesar de que hablamos del más antiguo de los paisajes industriales de Asturias y cuna de la primera revolución industrial.
De los conjuntos patrimoniales localizados en la ciudad de Oviedo, el de la Fábrica de Armas de La Vega está pendiente de la aprobación de un convenio urdido por las tres administraciones del Estado de espaldas a la ciudadanía, aunque con el respaldo -y la dirección en la sombra- de los sectores empresariales y sus altavoces mediáticos. Convenio que, de sustanciarse, desvirtuaría gravemente la calidad e integridad del conjunto, troceándolo e introduciendo viales, aparcamientos y nuevos inmuebles residenciales y terciarios incompatibles con la preservación de su unidad estructural y morfológica pero necesarios para ir acometiendo una progresiva privatización del codiciado espacio público.
Y en la Fábrica de Gas, que en su espiral especulativa ha terminado siendo propiedad del fondo de inversiones Ginkgo Advisor, los últimos proyectos apuntan a una liquidación prácticamente completa del singular recinto fabril, operación que también cuenta con la complicidad activa de la administración municipal y pasiva de la autonómica.
Aunque el patrimonio residencial vinculado a las instalaciones productivas ha sobrevivido en mayor medida que éstas, debido generalmente al mantenimiento de la funcionalidad original, es patente su progresivo estado de deterioro, que persigue también, sin duda, la expulsión de los residentes y la posterior revalorización de los solares en los casos de emplazamientos con posibilidades lucrativas como ocurre, por ejemplo, con algunas antiguas colonias obreras del sector oriental de Oviedo.
El capitalismo depredador
Observando la evolución del patrimonio industrial asturiano, que también se podría hacer extensiva a otros tipos de patrimonio (natural, histórico, artístico, etnográfico, etc.) y a otras regiones y países, no es difícil darse cuenta de que su destrucción forma parte, en última instancia, de la lógica general propia del modelo económico predominante, acentuada en su estadio globalizador. Una lógica en la que ni las fronteras, ni la soberanía, ni las leyes, ni los derechos ciudadanos son tenidos en cuenta ante la búsqueda desenfrenada del beneficio a corto plazo.
No se descubre nada nuevo al constatar que la historia del urbanismo contemporáneo se resuelve en una concatenación de fases destructivas y constructivas del patrimonio edificado, las infraestructuras, el equipado y el mobiliario urbano. Como dice Harvey -y adelantaba Marx- el capitalismo necesita adaptar la ciudad y el territorio (entendidos como capital fijo) a las necesidades de un modelo productivo en vertiginosa evolución, eliminando los obstáculos que se interpongan en el proceso de acumulación y construyendo nuevas estructuras para tener que destruirlas a su vez en una espiral interminable.
Se trata de una dinámica depredadora instintiva, sin conciencia del daño que se ocasiona a los valores y atributos no estrictamente productivos que poseen los recursos. Una depredación que nada considera excepto las plusvalías que se pueden generar en cada operación, lo que conduce a los agentes económicos a apropiarse de las piezas más vulnerables y rentables, que en este caso son, como queda dicho, las del patrimonio industrial, minero o ferroviario y los equipamientos o espacios residenciales obreros que, debido al crecimiento urbano, se han quedado incrustados en el interior de la trama posindustrial. Una trama a la que podrían reincorporarse y enriquecer con las necesarias actuaciones de suturación y rehabilitación, de gran interés social y cultural pero no tan sustanciosas como las que conllevan una transformación en profundidad o una liquidación completa del viejo armazón físico.
Si no se le reconoce esa esencia depredadora al capital será difícil defender el patrimonio con algún éxito, porque al capital no se le puede exigir corresponsabilidad o compromiso con el territorio y los recursos que contiene, algo ajeno a su ADN, sino oponerse a sus amenazas destructoras protegiendo adecuadamente, y con los instrumentos legales existentes, el patrimonio. Esto es lo que piden los defensores del legado industrial y los especialistas en la materia. Sin embargo, los poderes públicos, teniendo en sus manos las herramientas protectoras, se resisten a menudo a aplicarlas, abanderado, por el contrario, las veleidades desreguladoras, como se denuncia en el Manifiesto por una Cultura del Territorio.
Por qué sistemáticamente las administraciones, incluso cuando están gestionadas por gobiernos supuestamente progresistas, renuncian a utilizar los instrumentos disponibles para frenar la destrucción del patrimonio y se pliegan a los intereses del capital, es una pregunta que abre otro amplio campo de reflexión, aunque nadie podrá argumentar que no conoce básicamente algunas de las respuestas: el clásico control de las instituciones y sus representantes por los poderes económicos y mediáticos, la insuficiente transparencia y participación ciudadana o la corrupción, más o menos enquistada, en el ejercicio de las función pública.
La lucha por la defensa del patrimonio debe sustentarse, por ello, en la base legal que lo regula, pero superar también el campo de debate académico sobre los valores a proteger y los planes de protección, llegando hasta la raíz del sistema mismo que propicia el expolio, denunciándolo y mostrando las evidencias del mal gobierno y el incumplimiento del mandato constitucional: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”.
