Horas antes incluso de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz comparecieran, el 24 de octubre, para dar a conocer el acuerdo de PSOE y Sumar de cara a la próxima legislatura, la patronal asturiana Fade ya había alertado públicamente de que la reducción de la jornada legal a 37,5 horas, contemplada en el pacto, costaría 500 millones de euros a las empresas asturianas.
Como titular, funcionó, sin duda. Pero. Hay varios peros. ¿De dónde sale esa cifra, tan redonda por otra parte? No sabemos. Podrían haber dicho 5.000 o 50.000, o 250, y nadie se habría inmutado. Incluso llegó a cuestionarse en algún momento de ese día si la patronal se refería a Asturias o al conjunto del país.
No es nuevo, el 23 de diciembre de 1982, el ABC titulaba con la patronal afirmando que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales costaría 180.000 millones (de las antiguas pesetas).
Es lógico que miren para sus intereses, aunque convendríamos en lo inapropiado de alertar innecesariamente, meter miedo sin causa justificada, a la población en general y a la clase trabajadora en particular. Tal parecía que por trabajar algo menos al día se iban a arruinar las empresas y hundir el país, cuando nadie es lo suficientemente necio como para llevar al cierre a la empresa en la que trabaja. En fin.
Como ha explicado la responsable de Acción Sindical de la confederación de CCOO, Mari Cruz Vicente, la realidad de empresas y sectores demuestra que es perfectamente posible reducir la jornada sin perjudicar los beneficios de las empresas. Incluso. Tampoco pasaría nada si los empresarios ganan (esta vez) un poco menos y la clase trabajadora un poco más (porque si quieren recordamos el incremento que han registrado en los últimos años los beneficios empresariales y la pérdida de poder adquisitivo, al mismo tiempo, de los salarios).
Hace cuarenta años, cuando se redujo por última vez legalmente la jornada laboral a las 40 horas, Alianza Popular (el PP de ahora) también puso el grito en el cielo. Y llegó a asegurar que “habrá más desempleados”, “va a perjudicar nuestra competitividad” y “atosiga y restringe los límites de la negociación entre la patronal y los sindicatos”. Pues bien, nada de nada.
El año 1983 se cerró con una tasa de desempleo del 18,0% en nuestro país; 2022 lo hizo con el 12,8%, un descenso (no aumento) bien considerable. Por otra parte, un informe de Fedea reveló hace unos meses que la productividad por empleado en nuestro país entre 1985 y 2022 había crecido un 28%, un incremento más que apreciable, espectacular incluso. Y en cuanto a la negociación colectiva, el propio Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha recalcado hace unos días que la reducción de la jornada laboral mejorará la creación de empleo y la productividad, y es a través de la negociación colectiva como debe concretarse, porque “no hay un único modelo” y habrá que buscar “fórmulas distintas con el objetivo común de reducir de forma generalizada el tiempo de trabajo”. Así que todo son beneficios.
Tal como recoge un estudio que acaba de elaborar nuestro gabinete técnico confederal, el 88,7% (es decir, prácticamente 9 personas de cada 10) de la población asalariada a tiempo completo del sector privado se vería beneficiada por la reducción (188.000 personas trabajadoras en Asturias, 229.400 si sumamos a quienes se emplean a tiempo parcial), que afectaría con mayor intensidad a los hombres (93,2%) que a las mujeres (82,1%), y que serían la industria y la construcción los sectores más beneficiados, con cerca de un 98%.
Quienes cuestionan estos beneficios son muchas veces los mismos que pronosticaron un cataclismo por subir el SMI, con la reforma laboral y el impuesto a las grandes fortunas
Quienes cuestionan estos beneficios son muchas veces los mismos que pronosticaron un cataclismo por subir el SMI, con la reforma laboral y el impuesto a las grandes fortunas. Y erraron, porque ahora España tiene más personas cotizantes, la temporalidad se ha reducido a la mitad y la economía ha mejorado pese a la difícil coyuntura internacional.
Como recordábamos unas líneas más arriba, la última vez que se redujo la jornada laboral fue hace cuarenta años. Ya toca hacerlo de nuevo. Y como hemos visto, no se produjo ninguna catástrofe económica o laboral por bajar a 40 horas. Al contrario, España es hoy mejor y más eficiente que entonces. Ahora producimos más en menos tiempo, y hay más beneficios, que deber repercutir también en quienes lo hacen posible: los trabajadores y trabajadoras.
Rebajar la jornada a 37,5 horas es una medida que generaría más y mejor empleo, haría aumentar la productividad de las empresas, además del bienestar y la salud de las plantillas. Una medida que favorecería la conciliación, un estímulo más para avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Reducir la jornada significa modernizar las relaciones laborales y adaptarse al siglo XXI. Más tiempo y calidad de vida, mejor salud mental. Incluso la productividad podría salir muy favorecida, pues trabajar más no significa mayor productividad (al contrario), en un país en el que una de cada dos personas manifiesta no estar a gusto en su trabajo, siendo una de las causas principales los excesos de jornada, junto con la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar o la ausencia de negociación colectiva.
Y cuando hablamos de productividad, y de la importancia de mejorarla, conviene no mirar siempre para el mismo sitio (hacia el recorte de salarios) y ser honestos. Y pensar en el modelo productivo, equivocado, por el que ha apostado nuestro país en las últimas décadas, abandonando la política industrial y fiándolo todo a los servicios, un sector más precario y con salarios más bajos.
Francia llegó hace tiempo a las 35 horas y sigue a la cabeza en productividad, junto a otros países como Alemania o Dinamarca, donde se trabaja menos horas que en España. Habrá que imitar sus ejemplos. Y dejar de ser tan egoístas e insolidarios como son a veces las organizaciones empresariales, poniendo el grito en el cielo cuando lo que hay que hacer es aplicarse aquí en la tierra, en los centros de trabajo, donde, por ejemplo, todavía se hacen millones de horas extras que no se pagan, donde cuesta lo indecible alcanzar convenios dignos y conseguir que se cumplan, donde todavía se producen descuelgues de lo pactado, donde el fraude en la contratación sigue en niveles lamentables (ya saben eso que dice la patronal de que “en hostelería siempre se ha trabajado media jornada: de 12 a 12”). En definitiva, aún hay mucho margen de mejora.
