Mónica García, de Sumar y Más Madrid, es la nueva ministra de Sanidad del recientemente constituido Gobierno de coalición progresista, el segundo en la historia de nuestra democracia. Una vez alejado el riesgo de involución que supondría la derecha, se abre un nueva y esperanzadora etapa, que quizás pueda ser superadora del “continuismo” (léase conservadurismo) que ha caracterizado las políticas sanitarias del Partido Socialista durante décadas, mientras no hacían más que crecer las listas de espera y los seguros privados.
Es una opinión bastante generalizada que el Ministerio de Sanidad es poco más que una institución honorifica o decorativa, después de la transferencia de las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, aunque la gestión sanitaria ha sido descentralizada al ámbito autonómico, el Ministerio mantiene competencias importantes como el aseguramiento o los medicamentos y las tecnologías sanitarias, y tiene además una estimable y relevante capacidad de intervención política.
El Ministerio mantiene competencias importantes como el aseguramiento o los medicamentos y las tecnologías sanitarias, y tiene además una estimable y relevante capacidad de intervención política.
Una prueba, en negativo, de la importancia del Ministerio es el decreto ministerial 16/2012 de Ana Mato y Mariano Rajoy, que levantó verdaderas barreras en el acceso a la sanidad pública. Por tanto desde el Ministerio se pueden hacer muchas cosas, buenas y malas, dado que la protección de la salud es un derecho constitucional, que deja la puerta abierta al Gobierno al ejercicio de este derecho. Es innegable que las competencias de la gestión sanitaria están transferidas; pero la incidencia y la capacidad del Ministerio en esta legislatura estará mas determinada por su voluntad política en el ejercicio del poder, que por articular con sabiduría las alianzas con las Comunidades Autónomas.
Por lo que sabemos del pacto PSOE y Sumar, existe el compromiso de reducir por ley los tiempos de demora para que no superen los 120 días en el caso de las intervenciones quirúrgicas, 60 para las consultas externas especializadas, 30 para pruebas complementarias y 15 días para atención a la salud mental de jóvenes, adolescentes y menores de 21 años. En este caso, la gestión de las listas de espera si es competencia autonómica, por lo que hay dificultades objetivas, quizás no insuperables, que recomiendan la necesidad de trabajar por acuerdos con las autonomías.
El Ministerio tiene el 100% de la competencia farmacéutica, que supone la tercera parte del presupuesto sanitario. Se trata de un sector privatizado y oligopólico en el que los precios de muchos medicamentos son desorbitados y abusivos, en un contexto de opacidad y conflictos de intereses, que demanda una reforma en profundidad, con liderazgo público y la constitución de una empresa pública de medicamentos, en una medicina cada vez más industrializada y dependiente de las tecnologías.
En el aseguramiento, el Ministerio tiene manos libres para eliminar la desgravación fiscal de las empresas que contratan un seguro privado para sus empleados, que hasta ahora estamos subvencionando el conjunto de la ciudadanía, y lo mismo ocurre con las Mutualidades (MUFACE, MUGEGU, ISFAS) que confieren derechos a los funcionarios, fuerzas armadas y personal judicial, y que son un caso claro de desigualdad entre españoles. Se puede argumentar que la eliminación de estas mutualidades, crearía un conflicto de intereses invocando que estamos ante un derecho adquirido; pero estas mutualidades se puede extinguir y establecer que, de aquí en adelante, todas las personas que se incorporen a la función pública entren ya en el régimen general de la seguridad social, y de esta forma restablecer la igualdad ante la atención sanitaria.
El Ministerio puede y debe derogar la Ley 15/97 que abrió las puertas a la gestión privada de los centros públicos y hacer una apuesta decidida por una gestión pública democrática que involucre a los ciudadanos y los trabajadores sanitarios. Puede y debe exigir la financiación finalista de la sanidad para que no ocurra como en la Comunidad de Madrid, en donde fondos Covid fueron a para a otro destinos. También puede y debe incorporar plenamente la prestación bucodental y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública…
El Ministerio puede y debe poner en marcha una fiscalidad saludable (Cataluña ya puso un impuesto a las bebidas azucaradas) que conciba los impuestos como un activo en salud, para el desistimiento de los consumos poco saludables: bebidas azucaradas, carne roja, comida “chatarra”, o juegos de azar, e incrementar los ya existentes sobre el alcohol o el tabaco. Al tiempo, se deben aplicar incentivos económicos en favor de los alimentos saludables.
Saludamos, pues, la llegada de Mónica García al Ministerio de Sanidad, cuando estamos en una situación crítica para la salud, amenazada por las desigualdades sociales y el cambio climático, y también para el sistema sanitario público, en una crisis profunda. Los desafíos son grandes pero el Ministerio, con el apoyo y la colaboración de sanitarios y ciudadanía, puede y debe contribuir a hacer más efectivo el derecho a la salud y a la atención sanitaria universal y de calidad.
