El portavoz del Grupo Municipal de IU-MP-IAS, Javier Suárez Llana, presentará una proposición en el Pleno municipal que se celebrará el miércoles, instando al equipo de Gobierno de Carmen Moriyón a “rectificar la unilateralidad en las políticas desarrolladas en materia de movilidad, fomentando un diálogo estructurado y constructivo, que permita alcanzar un pacto de ciudad por la movilidad sostenible”.
“Gijón no puede ir en dirección contraria a la Unión Europea para responder a la emergencia climática” ha señalado Llana.
El portavoz de la coalición enumeró los puntos de conflicto que en “apenas seis meses de mandato han unido contra las políticas impulsadas desde la concejalía de Pelayo Barcia a movimiento vecinal, comunidad educativa, colectivos ciclistas o ecologistas”, entre ellos destacó la recuperación del tráfico en el Muro de San Lorenzo y El Muelle, la retirada de los bolardos de los centros educativos, la derogación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, la eliminación de ciclocarriles o la suspensión de los contratos para la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada.
Desde Izquierda Unida recuerdan que el pasado mandato se aprobó para Xixón una Agenda Urbana que apuesta por invertir la pirámide de movilidad urbana, priorizando los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público frente al vehículo particular. Sin embargo, en opinión del portavoz municipal, “hemos pasado de ser una ciudad que impulsaba un cambio de paradigma que transformase la ciudad y sus espacios a promover desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad un retroceso a normativas caducadas de hace dos décadas, tomar por bandera el negacionismo climático, todo ello bajo el eslogan de no molestar al coche”.
Por todo ello, el portavoz municipal anunció que el objetivo del pacto de ciudad por la movilidad sostenible es una propuesta en positivo para “recuperar el sentido común, crear ciudad y no fomentar la crispación”. En ese sentido Izquierda Unida considera el pacto como un instrumento fundamental para articular una línea de trabajo definida y por ello consideran que debe ir acompañado de medidas como la constitución inmediata del Consejo Sectorial de Movilidad Sostenible o la aprobación de un calendario para la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada, de acuerdo con las condiciones establecidas en proyecto financiado con cargo a fondos europeos. En este último punto, Suárez Llana afirmó que “Gijón está siendo investigada por el Defensor del Pueblo, junto a otras 33 ciudades, por no haber implantado la Zona de Bajas Emisiones”.
