La Consejería de Educación ha cifrado este martes la tasa de interinidad del personal docente en el 8,82 por ciento, frente el 25 por ciento denunciado el lunes por CCOO, UGT y CSIF.
La controversia sobre los datos de la tasa de interinidad surge después de firmarse el acuerdo de estabilización de plantillas del profesorado, que se puso en marcha con la intención de reducir la temporalidad al 8 por ciento, como exige la Unión Europea.
En sus protestas, los sindicatos criticaron la decisión de la Administración de traspasar más de 400 plazas previstas para Educación al sistema sanitario y que la Consejería decidiera amortizar otras tantas plazas de reposición por jubilación correspondientes al año 2021.
Frete a ello, la consejería precisa que, en este curso, la plantilla orgánica docente está compuesta por 9.525 profesionales, de los que 8.684 son funcionarios de carrera o funcionarios en prácticas y el resto son plazas en interinidad (841), lo que sitúa la tasa de interinidad en el 8,82 por ciento del total.
Fuentes de Educación añaden que la plantilla orgánica no está negociada para el próximo curso pero subrayan que las oposiciones al cuerpo de maestros del mes de junio supondrán la estabilización de otras 479 plazas más y que también hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años, pese al descenso en la matrícula de alumnado, la plantilla orgánica se ha incrementado en 300 plazas.
La diferencia entre las 12.000 plazas de plantilla orgánica que señalan los sindicatos y las 9.525 que apunta la Consejería es debido, según este departamento, a las sustituciones de funcionarios de carrera que, por diversos motivos, tienen en propiedad la plaza mientras realizan otra labor, por lo que éstas no pueden formar parte de una oferta de empleo público.
Como ejemplos están la plazas de los directores generales y de la consejera, o las de comisiones de servicio, excedencias, los liberados sindicales y también la reducción horaria de los cargos directivos.
“Es cierto, que también hay una bolsa de medias jornadas. Estas medias jornadas no han salido a estabilización. Es una decisión se adoptó de manera consensuada con los sindicatos”, recalca Educación.
Indica que la oferta pública de empleo de la Consejería que se está ejecutando entre los años 2023 y 2025 suma 2.168 plazas y que en esta cuenta están tanto las plazas de estabilización como las de reposición.
En la oferta de empleo público de 2023, que se acaba de publicar y que se ejecutará en 2025, Educación ha incluido 87 plazas, una cifra insuficiente para los sindicatos, que también se quejan de que se cedieron plazas a Salud”, ha señalado.
En este sentido, Educación esperará a completar el proceso de estabilización en 2024 para ver más necesidades de la plantilla a futuro y recuerda que a esas 87 plazas de la oferta pública de empleo, hay que añadir otras 519 que quedaron sin ejecutar de la oferta de diciembre de 2022, por lo que serían un total de 606 plazas en 2025.
Por último, desde la consejería explican que Función Pública cede este año plazas de Educación a Salud del mismo modo que cedió plazas de Salud a Educación en años anteriores.
Respuesta sindical
La respuesta de los sindicatos no ha tardado en llegar en forma de comunicado, en el que han rebatido las cifras de la consejera. “Dando por ciertas las 8600 plazas que asegura están ocupadas por funcionariado de carrera quedarían vacantes 2300 plazas a inicio de 2023 a las que habría que sumar las 400 jubilaciones que está previsto traspasar a la Sanidad, lo que nos da un total de 2700 plazas, que suponen un 24,77% del total de plazas consignadas presupuestariamente, de ahí que las organizaciones sindicales hablemos de un 25% de interinidades” señalan CCOO, UGT y CSIF.
Los tres sindicatos acusan a Espina de “falsear unos datos desde la propia administración, a la que debe presuponerse siempre un rigor total y exigen la rectificación de la Oferta Pública de Empleo y la convocatoria de las 500 plazas procedentes de la oferta de 2021 que van a ser amortizadas así como la recuperación de las 400 vacantes que pretende traspasar al SESPA”.
Por su parte, SUATEA ha intervenido en la polémica mostrando su “alegría” porque los otros sindicatos se hayan sumado “a lo que lleva defendiendo SUATEA a lo largo de la última década”. El sindicato de la enseñanza, integrado ahora en la Intersindical Asturiana, siempre se ha mostrado crítico con los procesos de estabilización de los empleados públicos.
