El pasado 21 de julio, el concejal de Medio Ambiente y presidente de EMULSA, Rodrigo Pintueles, del PP, contrató el servicio de vigilancia, seguridad y control de accesos en las instalaciones de la Empresa Municipal de Limpieza de Gijón a Alcor Seguridad, una empresa ubicada en Monforte de Lemos que en estos momentos está pendiente de ser condenada o absuelta por la Audiencia Provincial de Lugo, tras abrirse una causa penal contra los cuatro socios por una “una supuesta explotación laboral por parte de la dirección contra los empleados”.
El proceso nació en el año 2014 tras la denuncia de un trabajador, que responsabilizaba a la dirección de obligarles a realizar «jornadas maratonianas», con guardias que superaban las 24 horas y «bajo amenaza de despido» si no aceptaban las condiciones. Tras él, una treintena de trabajadores más, empleados en delegaciones de las Islas Canarias, el País Vasco o Asturias llevaron a cabo querellas similares, informaba La Voz de Galicia el pasado 29 de noviembre.
La Fiscalía no sólo ha observado en su informe final un delito contra los derechos de los trabajadores sino también un delito de coacciones. La Sección de Seguridad de la USO, personada como acusación popular, tildó a Alcor Seguridad de ser “una trama criminal contra los derechos de los trabajadores tan bien organizada durante años que desde la empresa sabían perfectamente cómo proceder para conseguir sus objetivos. Sabían dónde forzar a los empleados y con qué métodos, tanto contractuales como con presiones morales”, según el informe de su abogado.
El pasado 19 de octubre, el concejal de Medio Ambiente y presidente de EMULSA firmó la primera prórroga del contrato que había suscrito con Alcor Seguridad durante el verano. En el expediente decide “resolver la prórroga del expediente de contratación de referencia un trimestre, desde el 24 de octubre de 2023 hasta el 24 de enero de 2024, fecha de finalización del contrato de la primera prórroga de las tres previstas”.
