La consejera de Educación, Lydia Espina, ha pedido este miércoles a los grupos parlamentarios el “máximo apoyo” al proyecto de ley que regulará la red autonómica de escuelas infantiles, que integrará a todas las educadoras de los centros que dependen de los ayuntamientos con los mismos derechos laborales y categoría profesional.
Así lo ha asegurado la titular de este departamento en una rueda de prensa en la que ha presentado el anteproyecto de ley de la futura red de ‘Les Escuelines’.
El proyecto, que contempla que las escuelas infantiles tendrán autonomía de funcionamiento, aborda tanto la apertura de las primeras escuelas autonómicas como la posterior integración de las municipales.
Mensaje de “tranquilidad” a las trabajadoras
Este proceso implicará la integración de su personal en la plantilla del Principado, que quedará adscrito a la escuela en la que ya esté trabajando.
Según ha explicado Espina, las técnicas de educación infantil conservarán sus derechos laborales y salariales, así como la categoría profesional del contrato que tienen en vigor, y una vez integradas en la plantilla de la administración regional, se negociará su incorporación la convenio colectivo del personal laboral.
Espina ha recalcado que la norma recoge tanto la integración de las plantillas estabilizadas como de las no estabilizadas y ha apuntado que los concejos que aún no hayan finalizado estos procedimientos deberán esperar a completarlos para, posteriormente, traspasar sus escuelas a la red.
“Pido tranquilidad, porque esto preocupa a muchas trabajadoras. No perderán derechos ni salarios”, ha garantizado la consejera de Educación.
En su comparecencia, ha explicado que el Principado pagará “por igual” a todas estas profesionales y que en el caso de aquellas administraciones locales que estén pagando a su personal por encima del módulo subvencionado los ayuntamientos deberán sufragar esta diferencia.
En este sentido, Espina ha recalcado que este modelo supone una importante descarga para los consistorios, ya que el Principado pasará a hacerse cargo de la gestión completa, y se ahorrarán el pago de las sustituciones, que ahora están sufragando con recursos propios.
Aumento de la oferta
La norma, que, según los cálculos de Espina, podría estar aprobada antes de finalizar el año, establece la incorporación progresiva de los concejos, cada uno de los cuales tendrá que firmar un convenio individual y voluntario de colaboración con el Principado para formalizar la integración de sus escuelas.
La adhesión de los consistorios se ordenará en función de cuatro criterios: ruralidad, tamaño de población (por orden de menos a mayor), vulnerabilidad del alumnado y sus familias y la existencia de una oferta suficiente para atender a la demanda.
En estos momentos, el Principado tiene en vigor convenios con 48 ayuntamientos que gestionan 76 centros susceptibles de ser integrados, con un total de 311 unidades y 4.511 plazas.
La primera fase de la red autonómica, prevista para este año, prevé la apertura de 31 escuelas más de gestión directa de la administración autonómica.
Educación habilitará 15 en colegios públicos que tienen espacios disponibles y se abrirán otras 16 que varios consistorios están construyendo ahora, unas plazas que se cubrirán mediante concurso oposición.
Todas ellas comenzará a funcionar a partir de septiembre y contarán con un máximo de 822 plazas distribuidas en 54 unidades, ha explicado Espina.
Según sus estimaciones, cuando se complete esta primera fase y la integración de las municipales, la cantidad total serán de 107 escuelas, 365 unidades y 5.333 plazas.
Podemos pide igualdad laboral para las educadoras
La diputada de Podemos Asturies, Covadonga Tomé, mantuvo este miércoles un encuentro con trabajadoras de escuelas infantiles 0-3 para “recoger sus inquietudes sobre qué ocurrirá ahora que empieza a avanzar la red de escuelas autonómicas”. Una red que es una reivindicación “que llevábamos años haciendo y al fin es una realidad”, pero que no puede generar desigualdades entre la plantilla.
“No tendría sentido que tuvieran diferentes retribuciones salariales o diferentes derechos laborales, ya que desarrollarán el mismo trabajo” expuso la diputada sobre el futuro de las educadoras, ahora dependientes del Ayuntamiento, y con una gran variedad de situaciones laborales en función de los concejos.
Covadonga Tomé, que por la mañana mantuvo un encuentro con la Consejera de Educación para abordar el proyecto de Ley, aseguró que el Gobierno de Asturies “no está siendo claro a la hora de explicar este proceso en lo que respecta a las trabajadoras”. A pesar de que “preguntamos explícitamente por ello”.
La diputada señaló que, más allá de esas condiciones “homogéneas”, también estarán vigilantes con las categorías. “Se habla de mantener la categoría, pero en realidad no tiene que ser así. Las trabajadoras tienen una categoría C1, ahora mismo, a pesar de que les corresponde una categoría B por su titulación y el desempeño profesional”.
Tomé recordó que las trabajadoras accedieron al puesto de trabajo a través de un proceso de selección, “que ahora debe respetarse”, y también hizo hincapié en la estabilización de puestos de trabajo.
La diputada, que estuvo acompañada por Laura Tuero, mantuvo el encuentro con trabajadoras de escuelas de 0 a 3 de distintos ayuntamientos asturianos. Silvia Sánchez, representantes de las trabajadoras, apuntó que las educadoras sienten “incertidumbre”: “nos piden tranquilidad, pero es imposible con la escasa información que nos están dando”.
