Finalmente sí habrá alegaciones a la regulación de la eólica marina en la costa cantábrica. El Gobierno del Principado ha presentado, a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, sus objeciones al real decreto por el que se regulará la producción de energía eléctrica marina con el objetivo de “mejorar la normativa” y “evitar un perjuicio” al sector pesquero asturiano.
Así lo han indicado fuentes de Medio Rural pocas horas después de que la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, asegurase en comisión parlamentaria que el Gobierno del Principado no había presentado alegaciones al real decreto, en trámite de información pública.
“Estamos de acuerdo en la regulación”, había dicho la consejera, quien ha defendido que el proyecto de real decreto adjudica concursos de implantación con “numerosos criterios”, entre ellos, la incidencia sobre la navegación o el apoyo a sectores como la pesca.
Fuentes de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, que dirige Marcelino Marcos, han precisado que este departamento sí ha enviado alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que proponen retrasar la publicación del real decreto hasta que se tengan en cuenta las medidas previstas en los planes de ordenación del espacio marítimo y los efectos que los parques eólicos pueden causar en los ecosistemas.
La consejería también ha planteado que la norma deber tomar en consideración criterios no económicos de sostenibilidad ambiental y social. Además, las alegaciones defienden que las energías renovables no se superpongan a los usos ya existentes sin llevar a cabo un análisis profundo de las repercusiones que la implantación de parques eólicos tendrá en el sector pesquero.
Medio Rural también ha solicitado que la comisión incluya personal capaz de valorar todos los criterios de ponderación, no solo los económicos y técnicos. Igualmente, ha propuesto que la autorización de los parques eólicos marinos esté condicionada a la sostenibilidad ambiental y social y que este tipo de instalaciones sean compatibles con las actividades ya existentes en la actualidad.
Tanto desde el PP y Vox como por parte de la diputada Covadonga Tomé se había pedido tener en cuenta la posición de los pescadores, que temen daños de la eólica en su actividad.
