Las organizaciones asturianas celebran que vaya a tramitarse la ILP para la regularización de migrantes

Sólo Vox vota en contra de una iniciativa legislativa que ha llegado al Congreso respaldada por casi 700.000 firmas.

Recomendados

Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

La Iniciativa Legislativa Popular para la regularización del medio millón de personas migrantes que se encuentran en situación irregular en España ha pasado este martes su primer trámite después de que todos de los grupos políticos salvo Vox hayan validado su entrada en la cámara.

Esta iniciativa, surgida durante la pandemia, cuando el trabajo de cientos de miles de migrantes se reveló esencial para el funcionamiento del país, llega respaldada por casi 700.00 firmas de ciudadanos y ciudadanas.

A pesar de que su admisión a trámite ha sido valorado como una victoria por parte de las organizaciones sociales, la aprobación de la ILP no está garantizada, y el PSOE ya ha anunciado cambios, por lo que Glenda Huerto, una de las activistas de la campaña asturiana, señala que “esta ILP necesita valentía política y contundencia”. Huerto pide a los partidos progresistas más comprometidos con el movimiento, como Sumar y Podemos, firmeza para que la ILP sea aprobada en su integridad.

Huerto considera muy positivo que la recogida de firmas lograra la confluencia de personas de diferentes ideologías y sensibilidades en torno a un programa de mínimos: el respeto de los derechos humanos. “Esto nos ha reactivado, vamos a seguir” ha señalado la integrante de la campaña asturiana, satisfecha por este primer paso, que espera sirva para que el movimiento crezca en Asturies y aumente su capacidad de presión.

Según las organizaciones promotoras de la red #RegularizaciónYa, la regularización acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes, que cifran en alrededor de 500.000, y supondría más ingresos para el Estado, ya que removería las barreras que les impiden en la actualidad contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.

Actualidad