La consejera defiende el sistema asturiano de tutela de menores: “Los profesionales detectan, los protocolos funcionan”

PP y Vox cargan contra Marta del Arco que recuerda que la trama de prostitución se denunció desde el Principado.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha subrayado este martes que fue la propia administración la que denunció la presunta trama de explotación sexual de menores tuteladas al día siguiente de tener conocimiento de ello porque “el sistema funciona”.

Del Arco, que ha respondido en el pleno de la Junta General a dos preguntas formuladas por PP y Vox sobre la gestión de los centros de menores, ha insistido en que la denuncia formulada por la administración el pasado 19 de enero y la posterior colaboración con la investigación permitió la detención de doce personas por su presunta implicación en la trama, en la que se han identificado cinco víctimas de entre 13 y 17 años.

“Todo ello nos hace pensar que el sistema funciona; los profesionales detectan, los protocolos funcionan y la colaboración dio sus frutos”, ha expuesto la consejera, quien ha apuntado que fue un día antes de la denuncia, el 18 de enero, cuando fue informada de la posibilidad de que una menor pudiera haber sido “inducida a la prostitución”.

Beatriz Polledo, diputada del PP. Foto: Kike Gallart

Del Arco ha justificado que no se informara públicamente de ello porque la investigación estaba sujeta a secreto judicial y las partes estaban obligadas a “guardar el debido silencio”.

Críticas de PP y Vox

En su intervención, la diputada del PP Beatriz Polledo ha expresado su “profunda decepción ante la irresponsabilidad, la frivolidad y la absoluta falta de sensibilidad ante el drama” de las víctimas, y ha afeado a la consejera que, el día en que se conoció la trama, utilizara la expresión “cosas de la vida” para referirse a ella.

Polledo se ha mostrado de acuerdo en que “todo el peso de la ley” debe caer sobre los “desalmados y asquerosos” que están implicados en la trama, algo que corresponde al ámbito policial y de la justicia, pero ha subrayado que es la consejera la que debe asumir la “responsabilidad política” de un sistema de protección de menores que ha resultado “fallido”.

En una línea similar, la parlamentaria de Vox Sara Álvarez Rouco se ha referido a un sistema “fracasado” y ha subrayado que “para que no vuelva a suceder una nueva tragedia con menores tuteladas lo primero es que los responsables dimitan o sean cesados de sus cargos”.

En su respuesta, la consejera ha dicho que “el foco hay que ponerlo en los agresores”, si bien ha dicho asumir “el desgaste” por este asunto y ha afirmado que su cargo “está a disposición del presidente siempre”.

Además, ha rechazado que justificara o banalizara lo ocurrido y ha insistido en que lo que trató de decir es que la infancia está en riesgo en todos los ámbitos de la vida, tal y como advierte en sus informes el Consejo General del Poder Judicial, que hace referencia a casos similares en toda España de modo que se trata de un “desafío” compartido por todas las comunidades autónomas.

Del Arco también se ha referido a la memoria de la Fiscalía del Principado de Asturias, que advierte de un importante número de delitos sexuales contra menores, a la vez que pone de manifiesto que el funcionamiento general de los centros de acogimiento “sigue siendo adecuado” sin que se detecten “anomalías relevantes”, más allá de algunas obras de modernización que ya se iniciaron el pasado año, ha precisado la consejera.

La titular de Derechos Sociales ha incidido, además, en que hay “un trabajo continuo y silencioso” para la mejora del sistema de protección de menores, que está en “constante revisión” con la introducción de acciones formativas para el personal de los centros o la creación de guías de prevención frente al abuso sexual o de protocolos ante agresiones.

Diez investigados

La operación de la Policía Nacional, dada a conocer el pasado 7 de mayo, se saldó con la detención de doce hombres -dos de ellos latinoamericanos nacionalizados españoles y el resto de origen subsahariano- por su presunta participación en la trama.

Según la información facilitada desde la Jefatura Superior de Policía, que puso en valor la activa colaboración de la administración autonómica, las menores eran víctimas de agresiones sexuales por parte de hombres con edades comprendidas entre los 26 y los 44 años.

Dos de los detenidos, de origen subsahariano, facilitaban a otros hombres, a cambio de dinero, su participación en las agresiones sexuales, en las que también ellos participaban de forma reiterada.

Pese a que en la operación policial fueron detenidos doce hombres, en este momento del procedimiento son diez los investigados, uno de los cuales está en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras que los otros nueve se encuentran en libertad provisional con obligación de comparecer periódicamente y con medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas.

Las diligencias previas se incoaron el pasado 23 de enero por corrupción de menores, delito al que se incorporaron después varios de agresión sexual a menor de 16 años.

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