Durante las últimas semanas hemos ido escuchando por diversos medios como Arcelor Mittal empezaba a lanzar globos sonda (o amenazas) sobre la posibilidad de desistir en la inversión en hornos de reducción directa de mineral de hierro (DRI) en toda Europa, afectando principalmente a los tramos industriales que la multinacional tiene en Asturies. La medida afectaría entre otras a la planta de Xixón, en la que en mayo de este mismo año se inició la construcción de un horno de arco eléctrico, con una inversión de 213 millones de euros. Esta destrucción paulatina (que no por ello menos destrucción) de la producción integral del acero, señal inequívoca de la tendencia general que está teniendo lugar en Europa, se llevará por delante los medios de vida de miles de trabajadores oficiales de la compañía, a los que hay que sumar los trabajadores de la subcontratas y todos los empleos indirectos vinculados a ella.
Este suceso no es una excepción en Asturies, ni tampoco tiene un origen reciente: en el contexto de nuestra región, la lucha sindical reciente asociada a la industria ha sido una lucha por la existencia de los puestos de trabajo. En los últimos 25 años más de 12.000 empleos asociados al sector industrial han sido destruidos y gran parte del tejido industrial ha sufrido fuertes procesos de reconversión que, allí donde no han sido meras coberturas para el desmantelamiento de la industria, han devenido en procesos de terciarización del propio sector, como se evidencia con la toma de peso de las subcontratas. Ahora bien, y como ya adelantaba, tampoco es un caso aislado dentro de la coyuntura occidental: esta crisis atraviesa el motor económico europeo.
En los últimos 25 años más de 12.000 empleos asociados al sector industrial han sido destruidos
Como es el caso asturiano, la reconversión industrial europea sentó las bases para la reconfiguración del mapa global industrial. Las deslocalizaciones durante la transición neoliberal del capitalismo europeo trasladaron una parte importante de la producción industrial a países de la periferia. Por aquel entonces, Europa producía cinco veces más acero que China. Hoy, la relación ha quedado invertida: China lidera el mercado produciendo más de la mitad de todo el acero mundial, lo que supone una producción ocho veces más grande que la europea. Las distintas ventajas competitivas de China (mano de obra barata, permisividad medioambiental, acceso preferente a materias primas, una fuerza de trabajo dotada de pocos derechos políticos y económicos) están dejando en fuera de juego al capital europeo. La producción en la UE ha caído en 34 millones de toneladas desde 2018, dejando espacio para que las importaciones representen ya el 27 % del mercado, lo que ha supuesto la pérdida de 100.000 empleos en el sector en los últimos 15 años. Los ecos de prosperidad de aquella Comunidad Europea del Carbón y del Acero que precedió a la Unión Europea se desvanecen, dejando al Viejo Continente atrapado entre el recuerdo de su auge y la realidad de su declive, que tiene tanto de industrial como de vital, en la medida en que entraña la aniquilación no solo del tejido industrial, sino de la estructuración y condiciones de vida de la clase obrera que organizaba en torno a él, reduciendo a su mínima expresión tanto el concepto de lo aceptable como la capacidad de respuesta.
En la nueva división internacional del trabajo, las manufacturas europeas corren desde hace tiempo el riesgo de ser barridas por la fuerza de la competencia internacional. Este es el marco en el que la UE desplegó su nueva política industrial, cuya punta de lanza fue el Pacto Verde Europeo (2020). Promulgado por la primera Comisión Von der Leyen, la intención formal de este acuerdo estratégico era hacer que la UE fuera climáticamente neutral en 2050; no obstante, el pacto fue una reacción a la Inflaction Reduction Act (IRA) de EEUU. El plan fiscal, desplegado por la administración Biden, tenía por objetivo regar de dinero público a las empresas industriales norteamericanas para tratar de mantener el liderazgo industrial del imperio de las barras y las estrellas, frente al agresivo programa de subsidios que aplica China de un tiempo a esta parte. Así, la UE ha quedado atrapada entre dos potencias con capacidades fiscales de mucha mayor envergadura, condenada a la insignificancia y el lento declive.
A los 25.000 despidos que plantean Volkswagen, Audi o Bosch, que expresan de forma sangrante el complicado momento que atraviesa la industria europea, se suma ahora el sector siderúrgico, tan importante en nuestra región. Thyssenkrupp ha anunciado el despido de 5.000 trabajadores y la externalización de otros 6.000. Ante las pésimas perspectivas industriales, ArcelorMittal ha decidido no proseguir con sus planes para la construcción de plantas de reducción directa de mineral de hierro: los proyectos para sustituir sus altos hornos por otros que funcionen con hidrógeno y emitan menos carbono no resulta económicamente viable. El gas natural no es lo suficientemente rentable como para producir el acero en Asturies y la solución del hidrógeno verde no es competitiva frente a las importaciones chinas.
Desde el año 2002, Arcelor Mittal ha recibido cerca de 3.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea. Además, el gobierno español le había preconcedido 450 millones de euros para la reconversión verde, en torno a un cuarto del gasto en sanidad que realiza el Gobierno autonómico. No obstante, el oligarca indio Aditya Mittal, dueño y señor del imperio acerado por derecho de herencia, agradece al conjunto de los trabajadores los servicios prestados, pero exige mayores tarifas arancelarias a las importaciones chinas como condición para proseguir con sus inversiones.
El caso de Arcelor Mittal pone sobre la mesa algunos de los elementos más relevantes para comprender las circunstancias históricas actuales y los desafíos que enfrentamos como clase y como región. Por un lado, la suspensión de sus planes, concebida únicamente en términos de protección comercial, ilustra la incapacidad del capital europeo para ser competitivo, incluso en un contexto económico en el que el Estado financia con ingentes cantidades de dinero público su inversión y los trabajadores han asumido desde hace décadas el marco laboral de la precariedad: los más de 50.000 pertenecientes al sector industrial asturiano estarán entre quienes sufran las consecuencias más nocivas del desmantelamiento progresivo en el que se adentra Europa. No serán los únicos: a ellos se le suman las decenas de miles de despidos en la industria siderúrgica y automotriz alemanas. Por otro, nos sitúa, en toda su claridad y crudeza, ante los límites de una transición ecológica guiada por los principios económicos capitalistas, que condicionan las medidas necesarias para evitar el desastre climático al beneficio privado del capital transnacional.
Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, patronal que representa el 60% de la producción industrial estatal, ha advertido de que tratar de prevenir procesos de cierre que ya son irreversibles “tal vez no sea el mejor uso de dinero público”. La estrategia competitiva y de transición energética de la UE está fracasando y, ante esto, el capital industrial simplemente se dará a la fuga, colocando la inversión en otros espacios, obligando a quien pueda quedarse a asumir un nivel mayor de explotación, dejando atrás a todos aquellos que sobren y alimentando la contaminación de un planeta que cada vez aguanta menos la embestida de la producción capitalista. En el caso asturiano, el impacto medioambiental se ha evidenciado en las cuencas mineras, escenario paradigmático de estos procesos de reconversión: la calidad del aire, pese a haber salido en 2008 de la catalogación como Zona de Atmósfera Contaminada que le fue conferida en 1984, sigue superando los límites establecidos por ley. Ya durante el Plan de Estabilización que sentó durante el franquismo los precedentes de la descarbonización, que hoy trata de revestirse de la legitimidad del discurso ecologista, el desplazamiento de la hulla y la siderurgia se reveló como un medio para el fin último de abrirse al mercado internacional: es decir, para mejorar la posición española en las pugnas internacionales y en sus relaciones con EEUU, aun a costa de producir energía más contaminante (es decir, a costa de la salud y los empleos de los trabajadores). La reconversión del valle del Nalón de centro político a un vertedero industrial constituye un ejemplo que podríamos llamar “de libro” de un proceso de desindustrialización y (en consecuencia) despoblación; el penúltimo paso de una larga andadura que no puede disociarse del contexto global, del que depende y en el que se inserta, como oscuro presagio y como resultado directo.
La perspectiva del proletariado ha de darse de manera análoga a su estructuración geográfica (que es también la del capital) de forma internacional. Si bien la asociación regional es un paso necesario, ha de reconocerse como parte de un todo a fin de no caer en un reformismo cortoplacista que puede generar aparentes soluciones (como las bajas incentivadas y las prejubilaciones que durante un tiempo pagaron una falsa paz social, que hoy día, habiendo llegado al límite de lo subvencionable, se revela como lo que siempre fue: el aplazamiento de un deterioro que ahora se impone en forma de abandono institucional y giro reaccionario), pero que resultarán insuficientes para atajar un problema de base. Los microplásticos que ya se encuentran en nuestro torrente sanguíneo no tienen otra denominación de origen que la reproducción de capital. El problema de la cuenca minera es un problema tan urgente como internacional; y frente al afán obrerista de ponerse a la cabeza en el proceso imperialista de producción (es decir, de sostener con el sufrimiento del resto del proletariado nuestro oasis de cartón piedra), urge comprender la crisis ecológica y el problema de la desindustrialización no solo como conflictos medioambientales, sino también, y, ante todo, de clase.
Urge comprender la crisis ecológica y el problema de la desindustrialización no solo como conflictos medioambientales, sino también, y, ante todo, de clase
Estas son solo expresiones particulares de un problema que se reproduce a nivel global: el declive del capitalismo, cristalizado en los bajos niveles de rentabilidad. Lo que hoy sucede en la industria europea (esto es, la imposición de un criterio productivo que obliga a empeorar las condiciones de vida de la clase obrera) no es más que el funcionamiento natural de cualquier mercado operante en dicho sistema. Antes o después, el resto de los sectores terminarán por sucumbir ante una competencia internacional que se resuelve siempre en beneficio de los capitalistas, pagado con la miseria de los trabajadores.
Las ingentes y constantes ayudas económicas del gobierno español y la Comisión Europea a la clase empresarial, combinadas con la actualización autoritaria del marco jurídico, dejan más que claro el carácter de clase del Estado y su papel en el nuevo escenario que se abre. Frente a la imposibilidad de justificar su propia impotencia, será el de repliegue y posterior ofensiva reaccionaria: lo vemos en la criminalización progresiva (desde infiltraciones a multas desorbitadas, habiendo llegado incluso al encarcelamiento) de colectivos ecologistas organizados, sencillamente por decir la verdad: un capitalismo verde y sustentable es una contradicción irresoluble que atenta contra sus propias lógicas. Y esta represión no viene exclusivamente de la derecha y ultraderecha (si bien su discurso se encuentra característicamente marcado por el negacionismo y el anticientificismo): también de la izquierda institucional. Una que desde junio de 2018 gobierna en España, que ha gobernado en Asturies desde 1978 (a excepción de dos legislaturas de partidos de derecha, de las cuales solo una llegó a completarse), y que ha sido mayoría en el Ayuntamiento de Llangreu también desde entonces. En la pugna por el discurso encontramos varios ejes sobre los que los partidos pivotan de manera más o menos coherente. La defensa férrea de una supuesta vuelta a la industrialización asturiana es, en la mayoría de los casos, un deseo que introduce dos condiciones clave: que el Estado español -y/o Europa- se resitúe a la cabeza de la empresa imperialista (las superganancias imperialistas y la explosión de rentabilidad como base económica para un nuevo periodo dorado del Estado de Bienestar); y por otro lado, el de que la reindustrialización capitalista implica, necesariamente, la vigencia de las lógicas de la ganancia y la rentabilidad (o, en el mejor de los casos, que sea el Estado el que amortigüe, mediante su intervención, nacionalización o adquisición de poder de mando sobre la compañía, las pérdidas que impone la competitividad capitalista). En estos términos se ve reflejada la incapacidad de los partidos gobernantes y sus apoyos parlamentarios en Asturies, como es el PSOE, Convocatoria por Asturias (Izquierda Unida) y el Grupo Parlamentario Mixto (diputada Covadonga Tomé). Otro agente activo de este desaguisado son centrales sindicales que, en nombre de los intereses inmediatos de los trabajadores, funcionan como agentes del lobby empresarial para la obtención de avales económicos y burocráticos por parte del Estado. Todo esto, obviando, que el proceso de crisis ecológica no da tregua, tregua que se va recortando a medida que avanzan los procesos de producción y obtención de energía.
Por todo ello, el debate está viciado de principio. La rentabilidad del capital industrial en Europa está en pleno declive y las soluciones propuestas por los políticos profesionales obvian esta cuestión estructural. La naturalización de las estructuras de poder burgués, común a la izquierda y la derecha institucionales, da lugar a perspectivas miopes, cuando no ciegas. No hay recetas mágicas, rutas utópicas o respuestas sencillas: aquellas de las que disponemos pasan necesariamente por mediaciones políticas que implican la ruptura con los partidos socialdemócratas y la ruptura social frente a un “pacto de clase” cuyas concesiones resultan cada vez más inaceptables. El problema de la desindustrialización es un problema de la propia lógica de rentabilidad del capital en una fase de lento declive capitalista, no de voluntad política en abstracto. Por lo tanto, la solución pasa por la creación de organizaciones políticas revolucionarias a escala internacional que puedan transformar la ofensiva sobre el salario en la ofensiva sobre la ganancia, en lugar de limitarse exclusivamente a tratar de amortiguar los golpes del enemigo mientras todo empeora. Para ello, necesitamos construir una alternativa política, una fuerza revolucionaria que apueste por la organización independiente de los trabajadores, con el objetivo de trabajar por la socialización de la producción, la equiparación verdaderamente universal del bienestar y la liberación del tiempo de vida. Y esto, en Asturies, es aún más urgente.
