Este viernes Pedro Sánchez ha pedido a las autonomías que cumplan una Ley de Vivienda en la que casi nadie cree en España. No cree en ella por supuesto la derecha, que presume de saltársela, aunque luego la culpe, en un ejercicio de total cinismo, de ser la causante de la escalada de precios. No se la creen tampoco la mayoría de presidentes socialistas, tan entusiastas de las bondades de las promociones público-privadas de vivienda, como temerosos de frenar el alquiler turístico e intervenir un mercado inmobiliario fuera de control. Y es que necesitamos más parque de vivienda pública, pero también, y con urgencia, regulación, intervención y supresión de pisos turísticos. Lo necesitan los inquilinos y lo necesita una economía española que como explicaba el otro día en NORTES Carme Arcarazo i Sempere, portavoz del Sindicat de Llogaters, está secuestrada por los intereses del sector inmobiliario: “El dinero que gastas en un alquiler abusivo dejas de gastarlo en la economía productiva, en cambiarte de gafas o comprar un libro”
A día de hoy sólo en Catalunya se han declarado zonas de alquiler tensionado, una medida que como recuerdan los sindicatos de inquilinas e inquilinos, es insuficiente, pero la única que a día de hoy ha logrado una mínima bajada de los precios.
Necesitamos vivienda pública, pero también regulación, intervención y suprimir pisos turísticos
En Asturies, que tampoco se libra de las subidas del alquiler, sólo se estudia por ahora la declaración de zona tensionada en dos barrios gijoneses con especial impacto del turismo: Cimavilla y La Arena. Una medida mínima para la que se nos está viniendo encima.
Solía decirse hace años en la izquierda latinoamericana que las reformas agrarias ya estaban aprobadas desde hacía años y que la medida más revolucionaria era simplemente cumplir la ley. En España pasa algo parecido, pese a sus límites, el cumplimiento de la Ley de Vivienda sería un enorme avance para acercarnos al artículo 47 de la Constitución:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
De presionar a los poderes públicos para que metan el turbo a las políticas de vivienda e intervengan el mercado inmobiliario van las manifestaciones de este sábado en Xixón, Bilbao y otras ciudades. De meter en vereda a los nuevos latifundistas y terratenientes del siglo XXI. Ni más ni menos.
