Empiezo advirtiendo de que lo que expongo a continuación puede herir sensibilidades, incluso de personas a las que aprecio. Y quien de verdad me conoce, sabe que no me resulta fácil. Pero es que estamos ante la crisis habitacional más grave de nuestra historia. Y quien de verdad (de verdad) me conoce, sabe que no me perdonaría haber callado. En el fondo, albergo la esperanza de que alguien más alce la voz y el cambio se produzca.
Y es que, cuando una piensa en políticas de vivienda poco amigables, es inevitable que la mirada vire a la derecha. Y, de todas las derechas, parece que hay cierto consenso en que la peor es la que Isabel Díaz Ayuso está perpetrando en la Comunidad de Madrid.
Y se nos vienen a la cabeza las 73 familias que se quedaron sin casa en San Fernando de Henares porque la inestabilidad del terreno en que estaban construidas se interpuso en los planes de la presidenta, que ignoró interesadamente los informes técnicos que desaconsejaban que el metro pasara por debajo. De la anterior presidenta, sí, pero es que en política con el cargo se heredan las responsabilidades, no solo el sueldo.
Son 73 familias que vieron truncadas sus vidas ante la pasividad de la Comunidad de Madrid y que siguen a día de hoy batallando para que reconozca su responsabilidad y se haga cargo de la ruina de sus viviendas, indemnizándolas para que acabe su calvario y puedan empezar a buscar alternativas habitacionales. ¿Quién si no la derecha más echada al monte puede ignorar su responsabilidad, dejando tiradas a esas familias en lo que respecta a un derecho tan básico como la vivienda? ¿Quién si no la derecha más desalmada puede demostrar una total carencia de empatía con familias humildes que no pueden permitirse afrontar el gasto de una segunda vivienda mientras no se les restituya de alguna manera el valor de la primera, esa que pagaron por buena y que ha resultado una ruina?
Tampoco podemos ignorar lo que va a suponer en la Comunidad de Madrid el llamado Plan Vive que, con la excusa de facilitar supuestos alquileres asequibles a la población menor de 35 años, pretende nada menos que poner suelo público a disposición de una promotora y un fondo de inversión, con una concesión de entre 50 y 70 años, a condición de que saque al mercado las viviendas en alquiler con un precio un 40% más bajo. Porque solo faltaría que beneficiándose de suelo público el precio fuese igual que el de mercado, ¿verdad? Hasta ahí podríamos llegar. Como si no fuera suficiente la extraordinaria ganancia que representará esa concesión durante al menos medio siglo. ¿Quién si no la derecha más descarada puede utilizar recursos públicos para incrementar el beneficio de una constructora? ¿Quién si no la derecha más impúdica ignoraría experiencias previas y geográficamente muy cercanas de colaboración público-privada con nefasto resultado para volver a tropezar en la misma piedra?
Pues hete aquí que desde Asturies no necesitamos mirar a la derecha. Porque estas políticas son las que está poniendo en práctica el Gobierno del Principado y, en concreto, la Consejería dependiente de IU en la que se integra la Dirección General de Vivienda. Porque las familias de Pumarabule estarán, cuando se declare la ruina de sus viviendas, en la misma situación que las de San Fernando de Henares, mientras PSOE e IU se marcan un “donde dije digo, digo Diego” de libro y rechazan la responsabilidad adquirida no solo por las promesas realizadas por escrito, sino también y sobre todo por haberles vendido unas viviendas con defectos estructurales. Que no existe encaje legal para darles lo que les corresponde, dicen. Como si no estuvieran donde están con la misión justamente de desarrollar los encajes legales que sean necesarios para dar solución a los problemas de la ciudadanía, máxime cuando esos problemas han sido ocasionados por la propia Administración.
Y el Plan Vive se queda en una anécdota si pensamos que la promoción de vivienda con colaboración público-privada que se está construyendo en Lugones cuenta con el mismo suelo público que la de Madrid y con el añadido de 1,4 millones de fondos europeos para construir 44 viviendas. Hasta quienes no hemos construido nunca podemos fácilmente entender cómo cambia la película cuando lo haces en una finca heredada y alguien te echa un cable con una cantidad que puede suponer el 50% del coste de la edificación. Pero no acaban ahí las diferencias. En la promoción que se construye a las afueras de Lugones, el precio no será un 40% inferior al de mercado. De hecho, con una simple búsqueda, se pueden encontrar pisos estupendos, céntricos, amplios y muy luminosos por un importe inferior al de esta promoción. Y cabe suponer que tanto constructora como la propiedad actual han ganado o esperan ganar dinero con la operación sin haber dispuesto -que sepamos- de recursos públicos en el proceso. Tampoco tendrán la concesión en este caso por 50 años, sino por 75. No vaya a ser que los nietos del propietario de la constructora tengan que buscarse la vida y encontrar un alquiler asequible. Que está la cosa fatal.
Y si la señora Ayuso se apoya en Vox para gobernar, aquí no andan mucho mejor a la hora de escoger adláteres que, por acción u omisión, apoyan estas políticas con la manida excusa de “no es lo que querríamos, pero es un paso”. ¿Un paso hacia dónde? ¿Hacia el libre mercado absoluto donde tenga un techo bajo el que vivir quien pueda permitírselo o haya tenido la suerte de heredarlo? De ser ese el objetivo, sí podemos confirmar que vamos por el buen camino. Pero si lo que se pretende es hacer que la vivienda resulte accesible para toda la población, tal cual recoge nuestra carta magna, urge repensar las políticas y llevar a cabo cambios drásticos para garantizar un derecho que es condición indispensable para el desarrollo vital de las personas.
Si lo que acabas de leer te escuece, puedes acusarme de hacer demagogia. Es la opción fácil y la que recomendaría sin ambages a quienes no estéis en situación de poder afrontar un ejercicio de autocrítica que puede resultar doloroso. O puedes analizar las situaciones expuestas, confirmar que son datos reales y valorar en qué medida estás colaborando tú a que esto sea así y qué puedes hacer para cambiar las cosas. Lo que está en juego es nada menos que el hecho de que la generación que nos sigue, la de nuestras hijas e hijos, tenga acceso a la vivienda. Con todo lo que eso implica.
