El Pleno de la Xunta Xeneral de Asturies aprobó este miércoles una moción contra los bulos y la desinformación, presentada por Covadonga Tomé. La propuesta, aprobada con los votos a favor de PSOE e IU Convocatoria, y el rechazo de la derecha y la extrema derecha incluye medidas para “garantizar la veracidad de la información que reciben los asturianos y las asturianas”.
La diputada Covadonga Tomé, en su intervención, destacó que “la divulgación de informaciones falsas, de bulos, se ha multiplicado en los últimos años”. “El éxito de las mentiras tiene mucho que ver con la proliferación de medios de difusión digitales en los que tienen cabida todo tipo de contenidos, sin pasar por ninguno de los filtros habituales en los medios de comunicación tradicionales”, añadió.
Tomé hizo especial hincapié en el punto 4 de la moción, que propone “iniciar un estudio para determinar los posibles mecanismos de detección y herramientas para enfrentar la información no veraz o manipulada, y así cumplir con el principio de veracidad de las informaciones y datos vertidos por diputados y diputadas, así como las personas comparecientes en la Xunta”.
En este punto, destacó la diputada que “no queremos interferir el funcionamiento de la Xunta; pero nos parece muy necesario tras intervenciones como las que han tenido lugar esta mañana en este Parlamento”. Es el caso de la portavoz de Vox, que afirmó que hay migrantes “viviendo en hoteles de cuatro estrellas” o del PP, minimizando el impacto de la pandemia en las residencias de Madrid. Este punto, precisamente, fue rechazado por todos los grupos de la cámara-tras solicitar la votación por puntos-.
La moción aprobada propone evitar financiación pública “en medios digitales y cuentas de redes sociales que hayan sido condenados, en sentencia firme, de manera reiterada a rectificar informaciones”. Más en concreto, por vulnerar el derecho a la imagen o el honor de las personas; o por delitos de odio. También campañas de alfabetización contra las “fake news” (noticias falsas) e impulsar actividades en centros de Primaria, Secundaria y Formación Profesional.
Concluye con la necesidad de cumplir la ley; en concreto con la Ley 6/2006, de 20 de junio, de Comunicación y Publicidad Institucionales, y la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.
