La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha anunciado este viernes que enviará una carta a los Ministerios de Economía y Vivienda para denunciar la “práctica irregular, abusiva e irresponsable” de la Sareb con los vecinos de un inmueble de la calle río Piloña, en el barrio gijonés de Contrueces.
El director general de Vivienda del Principado, Daniel Sánchez, ha destacado que desde la Consejería están “perplejos” ante las prácticas “propias de un fondo buitre” de la Sareb con los vecinos de este edificio.
Sánchez se ha referido de este modo al conflicto de dieciséis familias que viven en un inmueble de la calle río Piloña, el cual gestiona Sareb desde que quebrara la constructora que les alquiló los pisos. Los vecinos, organizados, y que cuentan con el respaldo del Sindicato de Inquilinos, denuncian que el llamado “banco malo”, de carácter semipúblico, pretende desahuciarles al mismo tiempo que no les permiten pagar sus rentas, que anteriormente pagaban a una constructora posteriormente adquirida por la Sareb.
Estos vecinos han denunciado recientemente que temen que, tras una sentencia judicial a favor de la Sareb, se ejecute una posible orden de lanzamiento.
Sánchez, el portavoz municipal de IU en Xixón, Javier Suárez Llana, y el diputado de Sumar en el Congreso, Rafael Cofiño, han mantenido este viernes un encuentro con los afectados.
El director general de Vivienda ha resaltado que las personas que viven en el edificio no son parte implicada ahora mismo, por lo que “no se están valorando de forma individual” los casos de cada uno de ellos. En este sentido, ha indicado que no se puede “hablar de lanzamientos” sin tener en cuenta la situación individual de cada una de las personas que allí viven. Sánchez ha insistido en que “no puede ser” que pisos que serán “la base” de la nueva empresa pública de vivienda y suelo que prepara el Gobierno, y que se tejerá a partir de la cartera residencial de Sareb, sean objeto de “un desahucio sin tener en cuenta la garantía de las personas”.
Por su parte, Rafael Cofiño ha destacado que la carta que se le enviará a los Ministerios de Economía y Vivienda plantea, por un lado, que no se puede iniciar “ningún procedimiento” lesivo para los vecinos y, por otro, que hay que “regularizar la situación de alquiler” de las personas que viven en este inmueble.
Javier Suárez Llana ha denunciado lo que ha definido como “una estafa”, con un “colaborador necesario” que es el Gobierno de España, que le está diciendo “a 16 familias que se van a ir a la calle”
