A pesar de las grandes protestas sociales en su contra, probablemente las mayores desde la catástrofe del Prestige, el gobierno gallego seguirá adelante con Altri, la macrofábrica de celulosa que esta empresa portuguesa y la gallega Greenalia proyectan instalar en Palas de Rei, Lugo. El pasado viernes 14 de marzo el proyecto recibió la declaración de impacto ambiental favorable a esta industria del tamaño de 500 campos de fútbol. Anteriormente, en 2022, la fábrica ya había recibido del gobierno de Alberto Núñez Feijóo la declaración de proyecto industrial estratégico, todo un empujón político por parte de la Xunta que anticipaba la reciente DIA favorable
La ley gallega que ha impulsado a Altri ha sido una de las fuentes de inspiración, no la única, pero sí quizá la más cercana, de la ley asturiana de proyectos estratégicos, un texto aprobado en diciembre de 2024, y que tiene como objetivo atraer inversiones a Asturies mediante la simplificación de trámites burocráticos.
En términos generales, la ley permite que ciertos proyectos de inversión sean considerados de “interés estratégico” y, por lo tanto, puedan recibir un tratamiento preferencial en cuanto a los plazos administrativos, las licencias ambientales y otros aspectos regulatorios, evitando así que se eternicen o marchen a otras comunidades donde existan mayores facilidades. Para sus críticos se trata de un coladero que permite a las multinacionales recibir un trato de favor por parte de la administración pública, saltándose controles ambientales y democráticos.
Para los críticos la ley es un coladero que permite a las multinacionales recibir un trato de favor
Para ser considerado PIER, las actividades empresariales deben crear cien empleos directos de carácter indefinido a jornada completa en el plazo máximo de tres años. En este momento hay dos posibles proyectos estratégicos sobre la mesa: la gran superficie Costco en Siero y la mina de oro de Salave en Tapia.
La mina de Salave: un proyecto eterno
Ubicada en un antiguo yacimiento romano, la mina de Salave cuenta con una larga historia de oposición social e intentos fallidos que remonta a los primeros sondeos y prospecciones en la década de 1970. A pesar del rechazo mayoritario en Tapia a la minería de oro, tanto por parte del anterior gobierno local del PSOE, como el actual del PP, la mina ha vuelto a la agenda política en los últimos meses, con la petición al Principado por parte de Exploraciones Mineras del Cantábrico de una declaración de proyecto estratégico.
EMC es la marca local tras la que está la canadiense Black Dragon Gold, antes Astur Gold, que lleva más de una década insistiendo en explotar lo que califica de “mayor yacimiento de oro de Europa”. La estrategia de la compañía siempre ha pasado por promover asociaciones afines a sus intereses, atraer a sectores del ecologismo, ganarse a los medios de comunicación y presentar a los contrarios a la mina como gentes ajenas al pueblo, enemigas del progreso y el empleo en Tapia. En los últimos meses ha ganado dos nuevos aliados, USO y el SOMA, partidarios de abrir la mina.
Sin embargo, y a pesar de este fuerte despliegue propagandístico, el proyecto ha generado históricamente una fuerte oposición que ha ido más allá del ecologismo, incorporando a pescadores y mariscadores, ganaderos y hosteleros, preocupados por los efectos de la mina en sus paisajes, actividades económicas y modos de vida.
La minería a cielo abierto es conocida por su impacto negativo en el medio ambiente, ya que puede contaminar los acuíferos, alterar los ecosistemas circundantes y generar residuos tóxicos. Además, la mina de Salave está ubicada en pleno litoral cantábrico, y aunque la compañía ha hablado en los últimos tiempos de una explotación subterránea, el proyecto sigue generando muchas dudas y recelos en una sociedad que identifica su prosperidad con el mantenimiento del actual paisaje agroganadero.
Después del portazo del pleno del Ayuntamiento de Tapia a la modificación del Plan General, la Ley de Proyectos Estratégicos ha abierto desde principios de año una ventana de oportunidad por la que Black Dragon Gold quiere colar una mina que los vecinos y vecinas mayoritariamente rechazan. Y es que si bien la nueva ley establece que los proyectos deben someterse a evaluaciones de impacto ambiental, la flexibilidad en los plazos y la posibilidad de presionar para que estos avancen más rápidamente ha generado temores de que se pasen por alto consideraciones cruciales en cuanto a la sostenibilidad.
El caso de Altri en Galicia demuestra además que cuando un gobierno tiene voluntad de sacar adelante un proyecto las declaraciones de impacto ambiental no suelen ser un problema. Para presionar en el sentido contrario, el próximo 19 de abril, la plataforma vecinal Oro No convoca una movilización en Tapia. Pedirán al Gobierno asturiano que no declare proyecto estratégico la extracción del oro que los romanos dejaron enterrado bajo las lagunas de Salave.
