En el año 1993 tuve el dudoso honor de participar en el que fue el primer intento organizado de desburocratizar el funcionamiento de la administración de la Comunidad Autónoma asturiana, del que conservo un pomposo certificado expedido por el Instituto Adolfo Posada, coincidiendo en el tiempo con la tragicomedia político-administrativa bautizada luego como “petromocho”. Como ya por entonces algunos papanatas de la élite gestora del Principado empezaban a salivar con la jerigonza del management empresarial, la dirección de aquel proyecto, denominado “Análisis de procedimientos administrativos”, fue encomendada a una consultoría externa. Recuerdo a unos individuos que venían de Bilbao, con trajes negros y lustrosos maletines, desvelando en una de las recién estrenadas oficinas del “edificio inteligente” de Llamaquique, la técnica infalible para acabar con la grasa administrativa sobrante: el flujograma.
Aquél proyecto bien regado de dinero público, acabó convertido en un montón de tochos de papel repletos de diagramas, que dormirán ahora en algún almacén administrativo cubiertos de polvo (la burocracia de los almacenes administrativos, atiborrados de miles de euros en forma de libros, folletos y catálogos sin distribuir en completo desorden, merecería por sí sola de una catarsis desburocratizadora)
El presidente Álvarez Areces, un gran burócrata a su modo, como lo demuestra aquella jerga extendida durante su largo mandato conocida como “tinés”, redundante en implementaciones y sinergias, también tuvo su proyecto para la reducción de cargas administrativas, aunque en su descargo, hay que decir que llegó a principios del año 2011, cuando ya agonizaba su presidencia. El convenio de colaboración suscrito por el Gobierno asturiano y la Administración del Estado cuantificaba como objetivo reducir en un 30% las cargas administrativas antes del 31 de diciembre de 2012. El Principado se comprometía a elaborar un informe final en el que se recogieran todas las actuaciones realizadas en cada uno de los proyectos concretos de simplificación administrativa planteados. De haberse emitido ese informe, debió de guardarse a buen recaudo en una caja fuerte, pues nadie, que se sepa, ha oído hablar de él.
Como ingeniero con mente racionalizadora, Javier Fernández también impulsó su propio proyecto, creando en el año 2017 una Comisión de Simplificación administrativa, a la que se atribuyen unos objetivos ambiciosos y un plan de trabajo bien pautado, que debía materializarse en la elaboración de un Plan Estratégico de Simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas. Si se consulta la página oficial del Principado, en el apartado dedicado a estos asuntos, se comprobará que la única producción que figura hasta ahora es un Manual de simplificación administrativa, editado ya en el año 2017, y un Protocolo para la elaboración de reglamentos, pero ni rastro del Plan Estratégico comprometido, ni mucho menos de una rendición de cuentas de las actuaciones desarrolladas.
Y así llegamos a la etapa del presidente Barbón, en cuyo primer mandado – años 2019 a 2023- se acuñó, de la mano de su vicepresidente Cofiño, un político veterano de larga trayectoria, el exitoso lema de la “guerra contra la burocracia”. La Administración del Principado declaraba la guerra a los trámites ociosos, obstructivos, redundantes, retardatarios e inútiles, y se comprometía a emprender una gran reforma del aparato administrativo con el fin de agilizar y modernizar su funcionamiento. Pero, más allá de las reiteradas entrevistas en los medios concedidas por el Sr. Cofiño, redundando en la perentoriedad de una serie de cambios esbozados con el rigor que puede ofrecer ese formato periodístico, se desconoce la existencia de un Plan, es decir, de un modelo sistemático elaborado de forma anticipada para dirigir y ordenar un proceso tan complejo, en el que fracasaron estrepitosamente todos su predecesores.
Sí sabemos lo que el Gobierno del Sr. Barbón ha hecho hasta ahora en su particular guerra antiburocrática: una ley ambiental para recudir y dulcificar los controles sobre la actividad económica
Sí sabemos lo que el Gobierno del Sr. Barbón ha hecho hasta ahora en su particular guerra antiburocrática: una ley ambiental para recudir y dulcificar los controles sobre la actividad económica, especialmente, de los grandes proyectos empresariales; una ley ómnibus, con una serie limitada y muy parcial de reformas, en diferentes ámbitos, entre ellos, el urbanismo y la protección del patrimonio histórico, con el fin de agilizar la tramitación administrativa de determinados tipos de obras; una nueva ley de empleo público, que es un déjà vu con un nuevo envoltorio; una ley de proyectos estratégicos, que otorga al Consejo de Gobierno un muy amplio margen de discrecionalidad para autorizar la ejecución de grandes proyectos empresariales prohibidos por los planes municipales de urbanismo y/o por las normas de ordenación del territorio de ámbito supramunicipal; y el anuncio de una nueva ley de simplificación administrativa, que por lo que se sabe, en buena parte se limitará a transcribir preceptos de la legislación básica estatal que ya son de aplicación desde el año 2015.
Mientras tanto, los datos que se van conociendo en diversos sectores esenciales para medir la calidad de un Estado social que se precie de tal, son desoladores: el sistema de dependencia en Asturies se encuentra a la cola en el conjunto del Estado en listas de espera y financiación ( 1.415 personas murieron en 2024 mientras estaban en las listas de espera de las ayudas de dependencia); el Principado acumulaba en el año 2024 un retraso de 18 meses para obtener la valoración del grado de discapacidad, la quinta mayor cifra por comunidades; en el sistema de ayudas del bono social térmico, a principios de este año estaban pendientes de pago las de 2022 y 2023 (eran más de 15.000 las ayudas pendientes de abono); la lista de espera en la sanidad pública alcanzó un nuevo récord en septiembre del 2024 (a finales de ese mes había 115.502 asturianas y asturianos pendientes de atención)
el Principado acumulaba en el año 2024 un retraso de 18 meses para obtener la valoración del grado de discapacidad
Tal parece que, tras las sucesivas reformas que va llevando a cabo el Gobierno del Sr. Barbón, sin un Plan Estratégico previo conocido que defina los objetivos, el cronograma y los instrumentos para ello, se está consolidando una Administración a dos velocidades: una, ultra rápida, para los proyectos económicos, especialmente, los de los grandes promotores, y otra, súper lenta, para atender algunos de los derechos sociales básicos para la calidad de vida de la ciudadanía.
¿Qué hacer?
¿Qué hacer, entonces, para mejorar el funcionamiento de la Administración asturiana, teniendo como objetivo la satisfacción real y efectiva de los derechos del conjunto de la sociedad?
Reconociendo, de entrada, la complejidad del problema, no se podrá avanzar por la vía correcta sin comprender que la Administración Pública en una estructura compleja, en la que se integran tres elementos esenciales, estrechamente relacionados e interconectados: estructuras administrativas, personal y procedimientos. Hasta tal punto, que no es posible emprender una reforma desburocratizadora efectiva, sin actuar conjuntamente sobre todos ellos.
En cuanto a las estructuras, la Administración asturiana mantiene un sistema organizativo que, en lo sustancial, reproduce el modelo departamental jerarquizado de la Administración franquista, introducido por las leyes de régimen jurídico de 1957 y de procedimiento administrativo de 1958. Un sistema esclerotizado, basado en el control centralizador y en la cadena de mando, que hipertrofia los puestos de jefatura y tiende a multiplicar innecesariamente los trámites formales e informales de control.
Hace ya bastantes años que en la Administración del Estado y en varias Comunidades Autónomas se ha apostado por instrumentos de organización administrativa descentralizadores, más ágiles y eficaces, a través de la creación de Agencias o figuras similares, para el cumplimiento de programas correspondientes a políticas públicas, actuando con autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos por la ley.
La reforma de la estructura administrativa de la Administración asturiana es, tras 40 años de autonomía, una de las grandes asignaturas pendientes.
En cuanto al régimen del personal, la nueva ley de empleo público patrocinada por el vicepresidente Cofiño con la intención, según él, de modernizar la función pública asturiana y mejorar su eficacia mediante la evaluación del desempeño, se ha quedado en un bluf. La nueva ley es más el producto de la astucia a corto plazo para intentar sacar rédito político a una campaña bien orquestada, que el resultado de un proyecto ambicioso, diseñado realmente con el objetivo de reconducir el régimen jurídico de los trabajadores públicos al servicio de los intereses generales. Se ha primado contentar a los tecnócratas, de dentro de la Administración y de fuera de la misma, creando una nueva estructura de puestos directivos que permite a los altos funcionarios ascender a nuevo escalón en la carrera profesional y a los gerentes de la empresa privada entrar de lleno en la sala de máquinas de la gestión pública, como vienen reclamando los defensores de la colaboración público – privada desde hace tiempo. Y se ha utilizado la supuesta novedad de la evaluación de los funcionarios y el pago de incentivos en función de su rendimiento como un señuelo populista, ocultando que los empleados públicos del Principado vienen siendo evaluados desde el año 2011, sin que se haya rendido cuentas en ningún momento sobre el resultado real de este proceso, desde la perspectiva de la eficacia y la eficiencia administrativa.
Por tanto, en el campo del empleo público, la reforma imprescindible y necesaria está completamente por hacer. En el acceso, articulando sistemas que permitan seleccionar a los trabajadores más preparados y con mayor vocación de servicios público, lo que pasa indefectiblemente por la creación de una escuela pública de preparación de candidatas y candidatos a los puestos de trabajo del sector público. Y en la promoción profesional, desterrando el viejo y contraproducente sistema vigente, que anuda la mejora de las condiciones de trabajo a la obtención de la gorra de plato de una jefatura. Una Administración como la asturiana, con casi dos mil puestos de jefatura sólo en el aparato administrativo de las consejerías, es un monstruo hipertrofiado.
Por último, en cuanto a la reforma de los procedimientos administrativos, en orden a agilizar y aligerar los trámites, hoy va inevitablemente unida a la tramitación electrónica de los expedientes. Y este es un tema candente en la Administración del Principado, que nadie parece querer abordar de frente para no reconocer los errores del pasado. La Administración electrónica había llegado para ganar tiempo y hacerla mucho más ágil y cercana de lo que lo era su predecesora en papel. Pero en la Administración asturiana no ha sido así: por una mala planificación, que la colocó en una evidente situación de retraso respecto de otras Administraciones más precavidas, y por unos deficientes y poco afinados instrumentos informáticos, que están ralentizando la imprescindible fluidez en la tramitación de los procedimientos.
Un asunto tabú que habrá empezar a afrontar más pronto que tarde.
Queda una guerra larga contra los burócratas. Empezando por los especialistas en la simplificación administrativa.
