Este lunes, Lydia Espina ha presentado su dimisión como consejera de Educación del Principado de Asturias. Su salida se produce apenas 24 horas después de una de las mayores movilizaciones por la enseñanza pública que se recuerdan en la región, con entre 19.000 y 30.000 personas reclamando mejoras laborales, salariales y estructurales. Entre las muchas demandas, una ha ganado peso en las últimas semanas: la urgente necesidad de reducir la carga burocrática que asfixia al profesorado.
La queja no es nueva, pero ha ido creciendo en intensidad. “La documentación está comiendo a la educación”, resumía este fin de semana una pancarta. El sindicato SUATEA lo explicita en un comunicado: “El profesorado asturiano se ve obligado a dedicar buena parte de su jornada a tareas administrativas que no aportan nada al proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Aunque el problema se manifiesta con especial crudeza en los centros con direcciones unipersonales, especialmente en el ámbito rural, se trata de una sobrecarga que afecta a todo el sistema educativo. De una forma u otra, en todos los centros de Asturias el profesorado convive con exigencias burocráticas crecientes que interfieren en su labor docente.
Las consecuencias, a juicio del colectivo docente, son claras: menos tiempo para preparar clases, atender a la diversidad, planificar refuerzos o desarrollar acción tutorial.
Para entender mejor esta problemática, basta con escuchar el testimonio de José Ramón Núñez, director del Colegio Virgen de las Mareas, en Avilés. Su centro es uno de los muchos en Asturias gestionados mediante una dirección unipersonal, una figura especialmente vulnerable a esta sobrecarga de tareas.
“En mi caso, soy director, jefe de estudios, secretario, coordinador del PROA+, del bienestar emocional… y además tengo que dar clase. Estamos desbordados. Estamos al borde del colapso”, explica.
La carga invisible que ocupa el día del profesorado
La acumulación de responsabilidades no es anecdótica. Muchos centros pequeños no cuentan con conserje, ni personal administrativo, y tienen una plantilla docente mínima, en ocasiones compartida con otros centros. A esa estructura tan limitada se le suman decenas de tareas: planes de igualdad, protocolos de acoso, seguimiento de alumnado con necesidades especiales, informes económicos, justificaciones de subvenciones, programaciones…
“Nos obligan a gestionar programas europeos como el PROA+, que requieren una enorme carga documental, planes de mejora, reuniones, informes económicos… Y todo eso lo tenemos que hacer desde un programa contable, GISE, que no está pensado para docentes. Es como si, además de dar clase, nos pusieran a llevar la contabilidad de una empresa. No estamos formados para eso”, denuncia Núñez.
La situación se agrava con la proliferación de plataformas digitales y la falta de regulación sobre el derecho a la desconexión. Como indica SUATEA, “se han multiplicado las comunicaciones telemáticas y tareas digitales sin que exista una regulación clara del tiempo de trabajo”.
Una burocracia que desplaza lo pedagógico
El principal efecto de esta sobrecarga es, según docentes y sindicatos, que las tareas puramente pedagógicas quedan relegadas. La nueva evaluación establecida por la LOMLOE, también conocida como la Ley Celaá, por ejemplo, exige cuantificar porcentajes y rellenar tablas complejas que, según denuncian, resultan poco comprensibles incluso para las familias. Esa exigencia burocrática no mejora el proceso educativo, sino que lo obstaculiza.
“O haces papeles, o das clase. Pero las dos cosas no se pueden hacer a la vez. No es que reduzcamos las horas de atención al alumnado, es que se reduce la calidad porque no hay tiempo suficiente”, resume José Ramón Núñez.
Soluciones: menos papeles, más personas
Desde los centros educativos se han planteado soluciones que giran en torno a tres ejes: reducir la carga documental, reforzar los equipos humanos y profesionalizar las tareas administrativas.
La primera propuesta pasa por simplificar todos los procedimientos. El profesorado reclama que se elimine buena parte de los informes, planes y protocolos que se exigen para desarrollar cualquier iniciativa. “Hay cosas importantes, claro que sí, pero no podemos seguir adelante si todo se convierte en un mar de papeles”, defienden desde las direcciones.
El profesorado reclama que se elimine buena parte de los informes, planes y protocolos que se exigen para desarrollar cualquier iniciativa
En segundo lugar, se pide más personal en los centros. “Si la orientadora viene solo un día a la semana y la trabajadora social una vez al mes, no se puede hacer seguimiento real de los alumnos más vulnerables”, insiste Núñez. La plantilla debe ampliarse para garantizar que los programas se puedan llevar a cabo con eficacia.
Y en tercer lugar, se reclama apoyo administrativo real. Las direcciones unipersonales solicitan poder nombrar un secretario con acreditación y remuneración, y contar con personal especializado que se ocupe de la contabilidad y la gestión diaria.
La falta de medios se traduce también en situaciones absurdas. “Nos han llegado a convocar a dos reuniones a la vez, una presencial y otra online. Pero cuando estás solo en el equipo directivo, ¿a cuál vas? No puedes desdoblarte”, señala Núñez. La liberación horaria de estas direcciones suele limitarse a una mañana semanal, claramente insuficiente para todo lo que se les exige.
“No nos sirve que contraten administrativos en Oviedo si luego nosotros tenemos que seguir enviándoles todo. Eso no nos quita trabajo”, concluye. La propuesta de contratar unos pocos administrativos para que trabajen desde Oviedo tampoco convence a las direcciones unipersonales. “Nos dijeron que contratarían unos pocos administrativos para ayudarnos desde Oviedo. Pero si no están físicamente en los centros, nos sigue tocando hacer el mismo trabajo. La ayuda remota no resuelve el cuello de botella que sufrimos en el día a día”, advierte Núñez.
Un problema estructural y territorial
El origen de esta situación se remonta a una resolución del año 2001 que establece el número de cargos directivos según las unidades del centro. Dos décadas después, el sistema educativo ha cambiado radicalmente: hay más programas, más demandas sociales, más funciones asumidas por los centros escolares, pero no más personal. “No es la misma situación ahora que hace 24 años. La norma está obsoleta. La escuela ha cambiado completamente”, apunta Núñez.
“La mayoría de las direcciones unipersonales están en el ámbito rural, pero también hay centros pequeños en zonas urbanas que están igual. Y todos estamos al límite, las unipersonales y las otras. Todas ”, concluye el director del centro avilesino.
La movilización de este domingo fue, según los sindicatos, un “clamor” no solo por salarios o jornadas, sino por una enseñanza de calidad. La dimisión de la consejera pone en evidencia que algo se ha roto. Pero, como han afirmado los convocantes, el objetivo sigue siendo el mismo: una escuela pública fuerte, justa y sostenible. Y eso pasa, según insisten, por liberar al profesorado de la burocracia que no educa. Mientras los papeles siguen acumulándose, los alumnos esperan atención. Y esa, advierten los docentes, no se mide con informes.
