La crisis de 2008 empobreció a la población y los recortes empobrecieron los servicios públicos. La educación no se libró de ellos y lo que hoy tenemos es una sociedad más empobrecida con una educación pública mucha más deteriorada.
Que en 2022, con los recortes de Rajoy todavía calientes, el vicepresidente Juan Cofiño, hombre fuerte del primer Gobierno Barbón, y bisagra con el poder económico, dijera en una entrevista a El Comercio que Asturias tenía demasiado gasto social, es significativo: más allá de vistosos anuncios, la hoja de ruta ha sido mantener el Estado del Bienestar sin aumentar la inversión pública, en modo low cost.
Los problemas han crecido desde 2009, pero el presupuesto no
Los problemas han crecido desde 2009, pero el presupuesto no, o al menos no al ritmo con el que las aulas se hacían más diversas. También más complejas. Y es que en 16 años la sociedad española y asturiana ha cambiado mucho. Repasemos. Un alumnado de origen migrante que procede de otras culturas y sistemas educativos, que a veces incluso no conoce el idioma en el que se imparten las clases, una epidemia de salud mental entre los más jóvenes y otras mil problemáticas, cada una de su padre y su madre, a las que se enfrenta un profesorado con ratios por aula demasiado elevados para una atención personalizada. Todo ello mientras se incrementaban sin contraprestación alguna unas cargas burocráticas percibidas como inútiles por la mayoría de enseñantes. Y es que pocas cosas queman tanto como la sensación de estar perdiendo el tiempo de hacer otras cosas más importantes. El comentario es generalizado entre profesoras y profesores.
Es este mar de fondo el que explica el estallido que vive la educación pública asturiana en estos momentos, con una huelga que entra en una fase crítica, y que podría terminar de un modo satisfactorio para el profesorado, con algunas conquistas reales y rápidas que permitan sentir que “El esfuerzo mereció la pena”, como comentaba este domingo un profesor presente en la manifestación celebrada en Oviedo.
La otra opción es que todo acabe mal. Con los sindicatos divididos y enfrentados, y lo más preocupante, un sentimiento de frustración colectiva entre los enseñantes. Sería el mejor escenario para las derechas, a las que el entusiasmo por la pública les ha durado más bien poco. Esta semana ya han corrido a ponerse la camiseta naranja de la educación religiosa concertada, una patronal que ha olido sangre y ha lanzado a sus sindicatos de confianza a pedir más dinero al Principado.
La llave para resolver el conflicto la tiene un Gobierno que encadena su segundo gran patinazo después del accidente de Zarréu y la dimisión de la consejera Belarmina Díaz. La puede usar para firmar un buen acuerdo que refuerce la calidad de la educación pública asturiana y el prestigio del sindicalismo de clase, o para marear la perdiz dilatando la negociación hasta que el cansancio y el final de curso disuelvan el conflicto. Sería el final de la huelga, pero no el de los problemas ni el malestar profundo que la han provocado.
