Polémica en un edificio de vivienda pública de La Corredoria

El Sindicatu Vivienda denuncia una subida de los alquileres que desde la Consejería replican estará limitada a las familias que han mejorado sus ingresos.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Inquilinos de un edificio de vivienda pública de la Calle Jardín 6, La Corredoria, Oviedo/Uviéu, denuciaron este jueves la subida de precios en sus alquileres. Desde el Sindicatu Vivienda d´Asturies denuncian que se trata de una subida abusiva para pagar la duda que arrastran las tres empresas públicas inmobiliarias del Principado, VIPASA, SEDES y SOGEPSA “fruto de años de política empresarial y especulativa con la vivienda bajo distintos gobiernos autonómico”, y exigen a la consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico, que no se apliquen las subidas anunciadas.

“El actual gobierno de Asturies busca subsanar estas deudas mediante subidas de las rentas de alquiler. Esta política se complementa con iniciativas como el nuevo protocolo de impagos implementado en 2024, que ya les permitió reducir la deuda en 300.000 euros, y que pretende asociar un problema estructural de empobrecimiento de la sociedad y lógica empresarial de entidades públicas, a la morosidad individual de los inquilinos” critica el Sindicatu, para el que la vivienda pública se está rigiendo “por las mismas lógicas empresariales que el mercado inmobiliario privado; cuando al capitalismo le convenga, los alquileres subirán, igual que ocurre en el resto del territorio”.

Desde la organización plantean la “renovación de todos los contratos de VIPASA con sus inquilinos” y exigen un mejor mantenimiento de los edificios y las viviendas.

Respuesta de la Consejería

Por su parte, desde la Consejería, el director general de Vivienda Daniel Sánchez, ha respondido a NORTES, que la subida de rentas no será generalizada, sino que se estudiará caso por caso: “Lo que no es de recibo es que algunos arrendatarios que inicialmente pagaban 70 euros porque sus ingresos eran de 600 euros, años después, no informen de que sus rentas son ahora de 1.600 euros y pretendan seguir pagando 70 euros”.

“No sería entendible que un Gobierno progresista permitiera, con los impuestos de todos y todas, que quien pueda pagarlo no lo pague” ha señalado Sánchez que mantiene que ningún inquilino pagará rentas superiores al 20% de sus ingresos mensuales.

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