Medio Rural anunciaba este sábado que los permisos para autorizar la caza de lobos comenzarán a otorgarse la semana que viene. Los permisos a los cazadores se otorgarán solo en zonas en los que no han sido efectivos los controles que viene realizando la consejería desde finales del mes de marzo y principios de abril.
La respuesta al anuncio no se ha hecho esperar. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha anunciado este domingo que estudiará el encaje legal de las autorizaciones a cazadores para abatir lobos en cacerías de otras especies dentro de reservas regionales, medida “complementaria” anunciada por el Principado, al considerar que genera “una gran incertidumbre legal” ya que estos animales son de una especie “no cinegética”.
En un comunicado, el Fondo Lobo ha señalado que su equipo jurídico analizará si esta decisión cuenta con respaldo normativo, tal y como defiende la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, y ha advertido que, en caso contrario, iniciará los procedimientos legales pertinentes contra todos los responsables implicados en la autorización administrativa y en la muerte de los animales abatidos.
“La irresponsable decisión del Gobierno asturiano de permitir a cazadores que abatan una especie no cinegética genera una gran incertidumbre legal, y por ese motivo el Fondo para la Protección del Lobo analizará con rigor si pasa el filtro de la normativa aplicable”, ha señalado la organización en una nota.
El Fondo ha recordado que el Plan de Gestión del Lobo aprobado por el Principado establece que el método básico para eliminar ejemplares son “aguardos o recechos” realizados por guardas de Medio Rural, y ha indicado que, si se recurre a cazadores por la “dificultad” de cumplir con los cupos, el problema podría residir en la “propia escasez de lobos”.
La entidad conservacionista ha considerado que este paso dado por el Ejecutivo asturiano refleja “el más absoluto desprecio a la conservación de la biodiversidad” y ha señalado que la medida se toma mientras sigue pendiente de resolución un recurso del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional por la reforma legal que extrajo al lobo del listado de especies protegidas.
La entidad ha recordado además que este verano los incendios han afectado a un “18% de las cuadrículas territoriales” ocupadas por lobos en España y ha denunciado que el Gobierno asturiano ha impulsado esta medida sin evaluar el impacto que esos fuegos han tenido en las poblaciones de la especie dentro del Principado. El Ministerio de Medio Ambiente ha dado la razón a los ecologistas en esta crítica.
