El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo/Uviéu ha declarado nula de pleno derecho la cláusula de cada escritura que obligaba a los afectados a hacerse cargo de los gastos de tasación y constitución de la hipoteca.
Tras la demanda defendida por Unai Alonso, abogado experto en Derecho Bancario de la Unión de Consumidores de Asturias, Unicaja deberá reintegrar a cada uno de los nueve socios de la Unión afectados la suma de 8.819,77€, junto con los intereses legales generados desde el momento en que realizaron dichos pagos.
Esta sentencia se suma a otras desfavorables para el banco malagueño, y es que el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Oviedo/Uviéu ha declarado nulas de pleno derecho las cláusulas de interés remuneratorio de los contratos de tarjetas de crédito “revolving” de Unicaja por falta de transparencia e información sobre comisiones, intereses y gastos.
El tribunal concluye que, al redactar unilateralmente un modelo estándar sin posibilidad de negociación, la entidad incurrió en prácticas abusivas. Unicaja ha sido condenada a restituir a la socia de la Unión de Consumidores afectada todas las cantidades pagadas que excedan del capital inicialmente prestado, abonar el interés legal desde la fecha de cada pago en exceso -incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta su efectivo pago-, facilitar toda la documentación necesaria para la liquidación durante la ejecución de la sentencia, y asumir íntegramente las costas del proceso.
Más de 11.000 euros para un estafado por «phishing»
En el tercer caso el Tribunal de Primera Instancia e Instrucción nº de Lena ha considerado que Unicaja no garantizó la seguridad necesaria en las transacciones y condena al banco a abonar al cliente, socio de la Unión de Consumidores, a abonar los 11.850 €, más los intereses legales devengados desde la primera reclamación, imponiéndose asimismo las costas del procedimiento. El proceso ha sido liderado por José Antonio Ballesteros, doctor en Derecho de Consumo.
La Unión de Consumidores de Asturias destaca que estas tres sentencias “refuerzan la responsabilidad de los consumidores a la hora de reclamar sus derechos”. Desde la organización presidida por Dacio Alonso también apuntan que “tener la razón no basta, hay que reclamar y hacerla efectiva para proteger a las personas y reparar el daño causado por las prácticas abusivas de la banca”.
