En pleno debate sobre el futuro del peaje del Huerna vuelve a cobrar interés un informe de fiscalización poco conocido pero de gran relevancia: el Tribunal de Cuentas ya cuestionó en 2004 – informe publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de junio de 2006- la legalidad de la prórroga de la concesión aprobada por el Gobierno del PP en el año 2000.
Una prórroga bajo el Gobierno de Aznar y Cascos
La autopista Campomanes-León, más conocida como el Huerna, tenía previsto finalizar su régimen de concesión en 2021. Sin embargo, el 17 de marzo del año 2000, el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar y con Francisco Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento, aprobó una prórroga que alargaba la concesión 29 años más, hasta el año 2050. Pero la prórroga no solo alargaba el cobro de peajes: el Decreto 392/2000 incluía también cambios profundos en el régimen económico-financiero de la concesión, que beneficiaban enormemente a la empresa concesionaria, AUCALSA, según el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas emitió un informe demoledor, advirtiendo de la existencia de una serie de irregularidades. Entre ellas, cuestionaba la legalidad de las condiciones económicas introducidas en la prórroga. Según el organismo fiscalizador, tanto la ampliación del periodo máximo de financiación, como su consecuencia más significativa desde el punto de vista económico, que era la ampliación del periodo de disfrute por parte de Aucalsa de los beneficios tributarios y económico – financieros otorgados por el Estado, no ajustado a la legislación de aplicación, así como el aumento del plazo de vigencia del peaje concesión, suponían para la empresa concesionaria un cuantioso incremento de recursos económicos a costa de las arcas públicas.
Además, el Tribunal de Cuentas advierte también que, como consecuencia de las modificaciones introducidas con la prórroga del peaje en el plan financiero de la concesión, la concesionaria pudo retrasar la devolución de anticipos estatales sin interés —recibidos para financiar inversiones en la autopista— hasta el año 2040, cuando según el plan original deberían haberse comenzado a devolver en 1999. El Tribunal de Cuentas también consideró esta modificación como un trato de favor injustificado e ilegal.
¿Quién gana y quién pierde?
Estas decisiones habrían permitido a la concesionaria del Huerna, Aucalsa, no solo prolongar 29 años más el cobro del peaje, sino también aumentar sus beneficios gracias a exenciones fiscales y financiación pública excepcionalmente favorable. En resumen: se trató de una operación que, según el máximo órgano fiscalizador del Estado, se realizó en contra del interés público y al margen de la legalidad vigente. La polémica sigue viva. Hoy, más de dos décadas después, y cuando el contrato original ya debería haberse extinguido, el peaje del Huerna sigue vigente, alimentando el debate sobre si debe eliminarse de una vez por todas, una medida que inicialmente defendió en solitario Podemos Asturies, responsable de la denuncia ante la UE, pero que ahora abraza el conjunto del arco político asturiano, así como sindicatos, organizaciones empresariales y de consumidores.
El informe Tribunal de Cuentas añade una nueva capa a la polémica y nuevas preguntas: ¿Por qué Aznar y Cascos decidieron favorecer a la empresa en contra del interés general? ¿Qué se hizo desde 2004 hasta 2021, año en el que Daniel Ripa presentó la denuncia ante la UE, para revertir estos graves incumplimientos?
