En julio de 2005, el diario El País adelantó las conclusiones de un informe del Tribunal de Cuentas que describía cómo algunas de las principales privatizaciones del Gobierno de José María Aznar se habían hecho con “actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos” y a precios “sensiblemente inferiores” a valoraciones externas independientes. El informe aludía a las ventas por debajo del precio del mercado de Red Eléctrica Española, Aceralia, Endesa, Gas Natural, Productos Tubulares, Initec o Aldeasa, entre otras empresas públicas.
El conflicto de intereses fue la norma en las privatizaciones de Aznar. En muchas de ellas, señaló el Tribunal de Cuentas, el mismo banco que actuaba como auditor había funcionado también como asesor de la operación. En la privatización Endesa, por ejemplo, dos de los coordinadores de la operación eran simultáneamente accionistas de la compañía.
En total 48 empresas públicas habrían sido vendidas durante los gobiernos de Aznar por debajo de su valor real
Con ese informe, el tribunal fiscalizador no solo cuestionaba casos puntuales, sino el conjunto de las privatizaciones del PP: en total 48 empresas públicas habrían sido vendidas durante los gobiernos de Aznar por debajo de su valor real. No era una acusación menor. La denuncia incluía problemas estructurales como la falta de concurrencia efectiva o el trato de favor a intermediarios y fondos de inversión en detrimento del patrimonio público.
El caso de la autopista del Huerna se inserta plenamente en este contexto: favorecer a los inversores privados a costa del interés general. Fue lo que entonces se conoció popularmente como el “capitalismo de amiguetes”. La prórroga de la concesión a Aucalsa se hizo de forma automática, sin concurso público, y además, tal y como explicó en 2005 un informe del Tribunal de Cuentas, el Estado favoreció de manera fraudulenta la contabilidad de la empresa de cara a hacerla más atractiva para sus futuros compradores. Un conjunto de irregularidades que a pesar de figurar negro sobre blanco en el informe del Tribunal no tuvieron ninguna consecuencia legal para sus responsables.
El bipartidismo no ha sido ajeno a esta situación. En 2004 Zapatero anunció en campaña electoral que si llegaba a la Moncloa acabaría con el peaje. Todo quedó en una rebaja. Hoy es el Gobierno de Pedro Sánchez el que vuelve a hablar de rebajas y se sigue resistiendo a acatar lo que dictaminó la Comisión Europea, que la prórroga había sido fraudulenta, un resolución que llegó este verano tras una denuncia en 2021 de Daniel Ripa, ex secretario de Podemos Asturies, en la actualidad expulsado del partido.
Socializar las pérdidas, privatizar los beneficios
La venta de Aucalsa en 2003 puso fin a 30 años de explotación pública por parte del Estado. La empresa, fundada en 1975 con capital mixto, público y privado, tuvo que ser rescatada de la quiebra en 1983 por el primer Gobierno de Felipe González. Tras la nacionalización vendrían dos décadas de obras, mejoras, construcción de túneles… y muchas pérdidas. En 1999 la autopista daría por primera vez beneficios. Cuatro años más tarde se vendía a un grupo de accionistas privados liderados por Grupo Sacyr Vallehermoso.
La historia de Aucalsa recuerda al de otra empresa pública privatizada en los mismos años: Aceralia, la antigua ENSIDESA, cuya venta también fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas. Su definitiva privatización llegó en 1997, durante el gobierno de José María Aznar, tras inversiones de anteriores gobiernos socialistas cuantificadas en dos billones de pesetas. Una vez fue rentable la empresa fue privatizada por completo siguiendo la conocida máxima de “Socializar las pérdidas, privatizar los beneficios”. En 2001 obtuvo un beneficio neto de 217,1 millones de euros.
