En España, más de 50.000 menores viven bajo alguna medida de protección, según datos del Ministerio de Juventud e Infancia. La ley dice que deben hacerlo, siempre que sea posible, en familia: con la suya de origen o, si no puede ser, con una familia de acogida.
La Ley 26/2015 de protección a la infancia y la adolescencia reforzó ese principio y prohibió expresamente que la pobreza o la discapacidad sean motivo de separación. Sin embargo, miles de niños y niñas siguen creciendo en centros residenciales, y más de un millar de menores de seis años continúan institucionalizados, pese al compromiso estatal de que en 2026 no quede ninguno.
Pero detrás de esas cifras hay familias que abren su casa —y su tiempo— a niños y niñas que solo necesitan sentirse normales. El acogimiento familiar no es adopción. “La adopción es definitiva; el acogimiento es una medida de protección”, explica Cristina Antuña, que vive con tres menores en acogimiento permanente. “La tutela sigue siendo de la Administración, nosotros somos las familias delegadas para que esos niños tengan un hogar el tiempo que sea necesario”.
Urgente, temporal o permanente
El Código Civil distingue tres modalidades: Urgencia, pensada para situaciones imprevistas, como una hospitalización o intervención policial, con una duración máxima de seis meses. Temporal, limitada a dos años (prorrogables solo si está a punto el retorno familiar). Permanente, cuando el regreso a la familia biológica no es posible o se prevé muy lejano.
A veces, un acogimiento temporal se convierte en permanente. “En nuestro caso empezó así”, cuenta Cristina. “Las familias biológicas no pudieron recuperar la tutela y se convirtió en acogimiento permanente. Los niños se quedan con nosotros hasta que sean mayores, pero siguen teniendo vínculo con su familia de origen si es beneficioso para ellos”.
“No es ser buena persona, es ejercer un derecho de los niños a tener familia.”
En Asturias, los programas de acogimiento familiar —temporal y permanente— los gestiona la Fundación Meniños por encargo de la Consejería de Derechos Sociales. Según la Memoria de Infancia y Familias 2023 del Observatorio de la Infancia de Asturias, ese año 799 menores estaban bajo alguna medida de protección y 208 esperaban familia en centros, frente a 348 el año anterior.
Los datos correspondientes a 2024 y 2025 aún no han sido publicados, aunque la Consejería notificó 676 situaciones de desprotección en 2024, lo que confirma la continuidad del volumen de casos y la presión sobre el sistema autonómico de protección.
“Solo quería cuidar”
Cristina conoció el acogimiento hace dos décadas, cuando lo gestionaba Cruz Roja. “Yo vengo del mundo de la cooperación, y Álex, mi pareja, del fotoperiodismo. Teníamos veinte años y queríamos cuidar, no tener hijos, pero sí cuidar. Hicimos la formación, nos dieron la idoneidad y nos asignaron un niño de tres años. Estuvo un año con nosotros y volvió con su madre”.
Después llegaron otros dos menores. Hoy, los tres —de 10, 15 y 17 años— forman parte de su familia. “Acoger exige formación y consciencia. Estos niños traen una mochila de adversidad temprana. Han vivido cosas duras, incluso de bebés, y necesitan acompañamiento y reparación emocional”.
Para Cristina, acoger no es altruismo: “No es ser buena persona, es ejercer un derecho de los niños a tener familia. No puedes volver a hacer daño a un niño que ya fue herido”.
“Nos enteramos de que la niña vivía en el hogar de Colloto”
La historia de Patricia Junco, maestra de infantil, empezó casi por casualidad. “Nuestra hija conoció a una niña en una extraescolar. Era un poco mayor, muy tranquila. Meses después supimos que vivía en el hogar de Colloto y nos sorprendió mucho. Siempre había querido ser familia de acogida, así que empecé a informarme”.
A través de Meniños, Patricia y su pareja iniciaron el proceso formativo y de valoración. “Empezamos sacándola alguna tarde, y en septiembre, tras el visto bueno de la Consejería, ya pudo quedarse a dormir. Desde entonces, llevamos tres años como familia de acogida”.
Su modalidad es temporal, de fines de semana y vacaciones. “La niña vive en el centro, pero pasa un fin de semana al mes con su familia biológica y el resto con nosotros. Tiene contacto con ellos, y nosotros respetamos mucho ese vínculo”.
Falta información, sobran prejuicios
Ambas entrevistadas coinciden en que el sistema funciona, pero con carencias. “Externalizar servicios implica dejar de invertir dinero público”, critica Patricia. “Hay una falta notable de recursos y eso afecta a los niños, que son invisibles para la sociedad. No se entiende que haya todavía menores de seis años en hogares, y eso pasa porque faltan familias”.
Faltan, dicen, sobre todo por desinformación y miedo. “Mucha gente podría acoger, pero no sabe ni por dónde empezar”, resume Patricia. “Lo que necesitan los niños es normalidad: llegar a casa, ducharse, hacer los deberes, cenar en familia, hablar de la semana. Esa cotidianidad es lo que más valoran”.
Cristina apunta a otra barrera: el desconocimiento institucional. “El mayor juega al fútbol y no sabíamos la de papeles que había que entregar para federarlo. Tiene nacionalidad marroquí y la burocracia fue interminable. Todo eso les hace sentirse diferentes. No somos conscientes de lo mucho que les afecta”.
“Si no hay apoyo integral, hay más riesgo de desprotección. La pobreza es un factor de exclusión”
“El empobrecimiento afecta a los cuidados”
La ley impide declarar el desamparo por pobreza, pero la desigualdad pesa. “El empobrecimiento de las familias afecta a la protección y los cuidados”, advierte Cristina. “Si no hay apoyo integral, hay más riesgo de desprotección. La pobreza es un factor de exclusión”.
Y, aunque no tiene datos sobre sesgos raciales, sí ve factores estructurales: “La ley de extranjería y el trato a personas migrantes también influyen, igual que las familias monomarentales”.
Su diagnóstico coincide con el de plataformas de infancia y de familias acogedoras, que reclaman apoyos estables a las familias de origen, para evitar separaciones evitables, y más recursos técnicos para seguimiento y acompañamiento de las familias acogedoras.
Asturias ante el horizonte 2026
En 2022, el Gobierno de España y las comunidades autónomas acordaron que en 2026 ningún niño o niña menor de seis años viva en un centro de protección.
El compromiso, incluido en la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización 2024-2030 y en el Plan de Acción frente a la Explotación Sexual de Menores Tutelados, busca que los menores crezcan en entornos familiares, propios o de acogida.
El reto institucional se mide en cifras, pero también en disponibilidad: faltan familias y sobra burocracia. Cumplir el horizonte de 2026 implica captar nuevas familias y reforzar los equipos técnicos que acompañan cada acogimiento.
En Asturias, la Fundación Meniños —entidad sin ánimo de lucro que gestiona los programas de acogimiento familiar por encargo de la Consejería de Derechos Sociales— organiza charlas informativas y procesos de formación para quienes se interesan por acoger.
La propia Consejería reconoce que “el Principado necesita más familias de acogida, especialmente para menores de corta edad, grupos de hermanos y adolescentes”, según declaró la entonces consejera Melania Álvarez durante la campaña institucional Haz familia. Acoge (marzo de 2024).
También la Memoria de Infancia y Familias 2023 del Observatorio autonómico subraya como prioridad “incrementar el número de familias acogedoras y reforzar su acompañamiento técnico”.
“Solo necesitan sentirse normales”
Las dos mujeres coinciden en lo esencial: lo que transforma no es la caridad, sino la convivencia.
“Mi niña —dice Patricia— nunca había ido a un cumpleaños de un compañero. Son detalles que te hacen ver lo invisibles que son. Cuando empezó a vivir con nosotros, ganó confianza y autoestima. Solo necesitaba sentirse una niña normal”.
Y Cristina completa: “Estos niños son de alguna forma hijos de la Administración, pero merecen una familia, una rutina y alguien que los mire y los escuche. Acoger no es solo cuidar: es reparar”.
