El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), ha reclamado este sábado la eliminación del peaje de la autopista León-Asturias y exigido el cumplimiento de las resoluciones que declaran irregular la ampliación de la concesión que debería haberse extinguido -y con ello el cobro del peaje- hace ya cuatro años.
El PSOE ha anunciado, a través de un comunicado, que llevará una moción al próximo pleno municipal para lograr un posicionamiento conjunto de todos los grupos municipales ante un asunto, ha explicado el regidor, que afecta a la movilidad de los leoneses y a los profesionales que cubren esta ruta habitualmente por trabajo.
Diez ha precisado que el flujo de tráfico en esta vía es altísimo -más de cuatro millones de tránsitos anuales- y que es necesario prestar un servicio gratuito avalado tanto por la necesidad de una vía segura de conexión con el Principado, como por el cumplimiento de los requerimientos legales de una concesión prolongada de forma irregular.
Por su parte, el presidente de Asturies, Adrián Barbón, ha señalado este sábado que desde su gobierno autonómico seguirán trabajando en el ámbito judicial si no se alcanzan acuerdos para la eliminación del peaje del Huerna (A-66), entre León y el Principado.
Durante una visita a Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), para recoger el Premio Benedicta Rodríguez Álvarez que le han entregado las Juventudes Socialistas de Castilla y León, ha manifestado que en su gobierno “tienen todas las de ganar” tras analizar un dictamen de la Comisión Europea que ha definido como “demoledor” en favor de la supresión.
Un día después de asistir en Oviedo/Uviéu a la manifestación contra el mantenimiento del peaje, Barbón ha recordado que las negociaciones siempre están abiertas y que dialogan de forma continua con el Gobierno de España porque es un asunto en el que hay discrepancias y en su partido no son “una secta”, por lo que hay posturas diferentes y se defienden los intereses de cada territorio, ha remachado.
Ha defendido su presencia en la manifestación de Oviedo/Uviéu por el compromiso de su “palabra con Asturias”, aunque ha reiterado que hay y habrá vías de diálogo, y que en cualquier caso, si no existe entendimiento, seguirán el trabajo en el ámbito judicial.
Barbón ha pronosticado un triunfo de la administración autonómica asturiana al estimar, tras leerse el dictamen de la Comisión Europea, que es un “caso demoledor” desde el punto de vista jurídico, por lo el Principado “tiene todas las de ganar” si el asunto termina en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este sentido, el presidente de Asturias ha puesto el foco en la responsabilidad histórica del PP en esta situación, con una prórroga ilegal llevada a cabo en 2000 por el Gobierno de Aznar y Cascos, y ha declarado nadie en la derecha asturiana se atreve a reconocerlo.
El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este sábado que desde su gobierno autonómico seguirán trabajando en el ámbito judicial si no se alcanzan acuerdos para la eliminación del peaje del Huerna (A-66), entre León y el Principado.
Durante una visita a Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), para recoger el Premio Benedicta Rodríguez Álvarez que le han entregado las Juventudes Socialistas de Castilla y León, ha manifestado que en su gobierno “tienen todas las de ganar” tras analizar un dictamen de la Comisión Europea que ha definido como “demoledor” en favor de la supresión.
Un día después de asistir en Oviedo a la manifestación contra el mantenimiento del peaje, Barbón ha recordado que las negociaciones siempre están abiertas y que dialogan de forma continua con el Gobierno de España porque es un asunto en el que hay discrepancias y en su partido no son “una secta”, por lo que hay posturas diferentes y se defienden los intereses de cada territorio, ha remachado.
Ha defendido su presencia en la manifestación de Oviedo por el compromiso de su “palabra con Asturias”, aunque ha reiterado que hay y habrá vías de diálogo, y que en cualquier caso, si no existe entendimiento, seguirán el trabajo en el ámbito judicial.
Barbón ha pronosticado un triunfo de la administración autonómica asturiana al estimar, tras leerse el dictamen de la Comisión Europea, que es un “caso demoledor” desde el punto de vista jurídico, por lo el Principado “tiene todas las de ganar” si el asunto termina en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este sentido, el presidente de Asturias ha puesto el foco en la responsabilidad histórica del PP en esta situación, con una prórroga ilegal llevada a cabo en 2000 por el Gobierno de Aznar y Cascos, y ha declarado nadie en la derecha asturiana se atreve a reconocerlo.
