Xixón acogerá este domingo a las 12h una movilización unitaria en defensa de la sanidad pública. La convocatoria, que se celebra en más comunidades autónomas, está impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, y cuenta con el respaldo de CCOO, UGT, CSI, movimiento vecinal y pensionista, la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria, la Unión de Consumidores de Asturias, y el Colegio de Trabajo Social de Asturies.
Las marchas en defensa de la sanidad pública coinciden con la crisis abierta en Andalucía por los fallos en los cribados del cáncer de mama, una situación inimaginable hace años en una de las comunidades que presumía de tener uno de los mejores sistemas públicos de España. Una “joya de la corona” que empezó a desmoronarse en tiempos de la socialista Susana Díaz, y cuyo deterioro se ha ido agravando con los gobiernos del PP.
La manifestación, que no cuenta con el respaldo de los sindicatos corporativos, busca alertar sobre la situación crítica que atraviesa el sistema sanitario asturiano: falta de personal, demoras crecientes y un proceso silencioso de privatización que va erosionando su carácter público. Un proceso que en Asturies tiene un nombre concreto, Grupo Quirón, la multinacional sanitaria mimada por los gobiernos del PP madrileño, y que también tiene previsto construir un hospital en Xixón.
Los organizadores denuncian que las listas de espera, el deterioro de la Atención Primaria, la precariedad laboral del personal sanitario y la falta de inversión estructural están debilitando la calidad del sistema, que todavía no se ha repuesto de los recortes de 2008. También advierten de que la gestión sanitaria, cada vez más externalizada, pone en riesgo la equidad y la transparencia que deberían caracterizar a un servicio público.
El 18,6 por ciento de la población asturiana, algo más de 188.161 personas, cuenta ya con algún tipo de seguro privado de salud
Aunque a notable distancia de comunidades como Madrid o Catalunya, la privatización del sistema sanitario también asturiano avanza a buen ritmo. El 18,6 por ciento de la población asturiana, algo más de 188.161 personas, cuenta ya con algún tipo de seguro privado de salud (incluidos mutualistas), porcentaje que aunque se encuentra entre los más bajos del país, 7,4 puntos por debajo de la media nacional, supone un notable aumento con respecto a lo que sucedía hace una década, cuando contar con un seguro privado era algo muy minoritario.
La movilización del 9 de noviembre pretende ser un punto de inflexión justo cuando las fuerzas políticas asturianas negocian los presupuestos autonómicos de 2026. Las entidades convocantes reclaman una Atención Primaria fuerte, con financiación suficiente, plantillas estables y tiempo adecuado para atender a cada paciente. Consideran esencial recuperar la longitudinalidad, es decir, que las personas puedan mantener a lo largo del tiempo al mismo médico o enfermera de referencia. Esa continuidad, señalan, mejora los diagnósticos, refuerza la confianza y reduce las hospitalizaciones y la mortalidad.
También se pide abordar de forma estructural las listas de espera, con planes eficaces y mecanismos de control público, y acabar con la precariedad laboral que afecta a miles de profesionales. La movilización aspira a situar en el centro la idea de que la sanidad pública no es un gasto, sino una inversión social que sostiene la cohesión y la igualdad.
Adaptar el sistema público a las nuevas realidades
El movimiento ciudadano recuerda que el sistema sanitario fue concebido para responder a urgencias y enfermedades agudas, pero hoy debe adaptarse a una realidad marcada por la cronicidad, el envejecimiento y la salud mental comunitaria. Por eso reclaman una transformación que potencie la prevención, la atención cercana y la participación de los pacientes en las decisiones sanitarias. Defienden una gestión más democrática y transparente, donde profesionales y ciudadanía tengan voz en la planificación de los recursos.
Más allá de las reivindicaciones concretas, el mensaje que se quiere lanzar desde el movimiento por la sanidad pública es claro: la defensa de la sanidad pública no solo consiste en conservar lo logrado, sino en ampliarlo y fortalecerlo. Se trata de garantizar una atención presencial en menos de 48 horas, de proteger el tiempo y la dignidad del personal sanitario y de asegurar que ninguna decisión política o económica rompa el principio de igualdad en el acceso a la salud.
