El Gobierno asturiano, con el apoyo de la diputada de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha sacado adelante este miércoles una reforma fiscal que, según el Ejecutivo, beneficia al 80 por ciento de los contribuyentes, pero que para la derecha entraña un aumento de la recaudación que recaerá en la clase media. “Quieren los servicios públicos de Suecia pero pagando los impuestos de Andorra” ha ironizado la diputada de Somos en relación a las críticas de las fuerzas conservadoras y la extrema derecha.
El proyecto de ley de modificación del texto refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el Estado ha quedado aprobado en el pleno de la Junta General del Principado con el apoyo de PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y Somos Asturies, y el voto en contra del PP, Vox y Foro.
La aprobación de este proyecto de ley estaba garantizado tras el acuerdo cerrado el pasado día 10 entre el Gobierno y Tomé, que consiguió que se aceptara su propuesta para que el gravamen a los grandes tenedores de vivienda pasase del 15 por ciento que proponía inicialmente el Ejecutivo, al 20 por ciento.
Este proyecto de ley, que se aplicará con carácter retroactivo al presente año fiscal, incluye la rebaja de un punto en el tipo que se aplica al primer tramo del impuesto, que pasa del 10 al 9 por ciento, e incrementa el mínimo personal y familiar exento, que no se modificaba desde 2015.
Por otro lado, se neutraliza cualquier beneficio para las rentas superiores a 55.000 euros e incrementa el tipo que se aplica a las rentas más altas, aquellas que superan los 175.000 euros, que pasa del 25,5 al 26 por ciento.
Un sistema más justo
Para el socialista Luis Ramón Fernández, ha quedado claro que esta reforma no le gusta a la derecha, que busca beneficiar a las rentas más altas y no comparte una política tributaria que busca avanzar en la progresividad para que se más justa sin que se vean afectada la suficiencia de los servicios públicos. Ha incidido en que el cambio beneficia especialmente a quienes declaran ingresos inferiores a los 35.000 euros, pero también a quines ganan hasta 55.000 con lo que los beneficios de la vía fiscal asturiana alcanzan al 90 por ciento de la población algo que, según ha subrayado, no le gusta a un PP “que está pendiente del otro diez por ciento” y quiere hacer “regalos injustificados a quienes más tienen”.
Desde IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes ha coincidido en que la reforma avanza en la dirección correcta, porque confiere un sistema tributario más justo y más progresivo, y supone una propuesta “seria y comprometida con ampliar los derechos de la clase trabajadora, por fortalecer los servicios públicos y distribuir las cargas con equidad frente a quienes defienden bajar impuestos a quienes más dinero tienen”.
Ha negado que la reforma vaya a incrementar la carga fiscal de las clases medias “que van a pagar lo mismo que antes” y ha denunciado el “discurso de aparente neutralidad” que se hace desde la derecha “pero que esconde privilegios para unos pocos”.
La diputada de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha reconocido que la receptividad del Gobierno facilitó la negociación y la inclusión de dos enmiendas para desincentivar la especulación inmobiliaria y reforzar así la idea de que la vivienda es un derecho y no un negocio. “Yo soy una de esas profesionales de clase media que la derecha dice que sufrimos un infierno fiscal. Estoy muy contenta de contribuir con mis impuestos al Estado del Bienestar en Asturies” ha afirmado. la parlamentaria, que ha lamentado en todo caso el rechazo del PSOE a algunas de sus propuestas para aumentar la progresividad fiscal.
Subida encubierta
Las derechas han mantenido el mismo discurso anti-impuestos que llevan defendiendo desde el inicio de la legislatura. El popular Andrés Ruiz, en tono irónico, ha señalado que gracias a esta reforma “los asturianos se agolparán en la calle Fruela llenos de júbilo, repletos de felicidad, liberados moral y fiscalmente por obra y gracia de esta coalición progresista de profundísima vocación reformista”.
“Fin de la ensoñación”, ha señalado, porque con “este parcheo” lo que se ha hecho ha sido negar la deflactación del IRPF, subir tipos impositivos y meter medidas populistas en el impuesto de transmisiones patrimoniales, aunque inicialmente el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se había planteado hacer una “reformita”. En su opinión, esta propuesta es “cosmética y engañosa” porque no se acompasa a la inflación, “lo que es injusto”, y sube un 0,7 por ciento el gravamen de quienes declaran entre 33.000 y 53.000 euros, que queda en el 19,2 por ciento, uno de los más altos de España y no se ven beneficiados de la bajada que pregona el Gobierno.
La “verdad y cruda realidad de su mentira de la vía fiscal asturiana” es que la recaudación se ha incrementado un 59 por ciento desde la llegada de Adrián Barbón en 2019 y que, frente a los cien millones de deducciones ha habido un incremento de la recaudación de 595 millones, ha apuntado.
Desde Vox, Gonzalo Centeno, ha calificado de “atraco al contribuyente asturiano” la política fiscal del Gobierno de Barbón que con su “seguidismo, clientelelismo y mamporrerismo habitual niega a los asturianos ajustar a la inflación el IRPF” y mantiene la “mentira apabullante” de que su reforma beneficia a las clases medias. “Es un crimen, un atraco que se perpetúa año tras año” porque, según el diputado de Vox, mientras la recaudación aumenta un 3,5, los ciudadanos pierden un 3,2 por ciento por la inflación sin que el Gobierno haga nada por evitarlo.
Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, es una reforma “equivocada que se aleja de las necesidades reales de los contribuyentes”, porque este gobierno no ajusta el IRPF a la evolución de los impuestos y supone al final subir los impuestos, en su opinión
