La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos cifra en 700.000 euros el importe de las compensaciones que abonará este año a los 59 arrendatarios que se han visto afectados por la suspensión de desahucios a inquilinos en situación de vulnerabilidad social.
En concreto, hasta el pasado día 5 de diciembre se gestionaron 56 expedientes y abonaron o están pendientes de pago inminente 655.344 euros, con una media por caso ligeramente superior a los 11.700 euros.
La Dirección General de Vivienda prevé resolver esta misma semana otros tres expedientes que permanecen en tramitación, lo que permitirá cerrar la convocatoria antes de que finalice el año.
De este modo, el Principado superará este año los 700.000 euros en compensaciones por la suspensión de los lanzamientos, sin dejar solicitudes pendientes de resolución, informa la consejería.
El presupuesto de 2025 recoge una partida de un millón para este fin y, tras una prórroga, la convocatoria se mantendrá abierta hasta el 31 de enero de 2026.
Además de los 59 expedientes citados, se han tramitado otras solicitudes que no se han podido resolver por falta de documentación.
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha confiado en que el Gobierno de España prorrogue el decreto antidesahucios antes de final de año “para seguir protegiendo a las personas vulnerables” y ha reclamado financiación estatal para poder continuar con las compensaciones a los arrendadores, que actualmente asume el Principado en solitario.
Esta medida tiene como base un Real Decreto-Ley de 2022 y normativas posteriores que establecen que los arrendadores afectados por la suspensión de desahucios tienen derecho a una compensación económica gestionada por las comunidades autónomas.
Este pago cubre el valor medio del alquiler en la zona o la renta pactada (el menor de estos indicadores), más los gastos corrientes (IBI, comunidad, suministros), calculados desde la suspensión hasta el levantamiento de la medida.
Las personas que deseen acogerse a esta medida deben presentar una solicitud con la documentación necesaria (contrato de arrendamiento, facturas y auto judicial) ante la Dirección General de Vivienda
