El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha manifestado su apoyo a la denuncia que interpondrá la Unión de Consumidores de Asturias contra Aucalsa ante la Dirección General de Consumo del Principado al considerar que está cobrando la tarifa íntegra de un servicio que no está prestando.
Sobre la iniciativa de la asociación presidida por Dacio Alonso Barbón ha dicho que “todos los procesos que se sumen son buenos en sí mismos”, así como que resulta una “auténtica vergüenza” que la empresa Aucalsa haya incrementado las tarifas del peaje del Huerna (AP-66) “teniendo en cuenta que ni tan siquiera prestan el servicio completo”, en referencia a las obras que se están acometiendo en la vía y que causan afecciones al tráfico.
Las declaraciones del presidente han provocado la reacción de la diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé. Tomé ha reprochado a Adrián Barbón que no esté siendo un presidente “valiente” al alentar a la ciudadanía a presentar denuncias contra el peaje del Huerna mientras el Gobierno del Principado “sigue sin ejercer la presión política e institucional necesaria” para acabar con este cobro.
Para Tomé es “inaceptable” que Barbón anime a “miles de personas a acudir a los tribunales como si este fuera un problema de consumo individual” cuando, a su juicio, se trata de un “abuso estructural que exige una respuesta política contundente”.
La diputada ha subrayado además que la prórroga del peaje fue declarada ilegal por la Comisión Europea y que “no existe ningún impedimento legal ni económico que obligue a mantenerlo”.
En este sentido, ha señalado que el cobro se mantiene íntegro mientras que la concesionaria, Aucalsa, no presta el servicio en condiciones mínimas y provoca atascos continuos, lo que supone una “estafa consentida” ante la que, sostiene, “no hay excusas jurídicas para seguir mirando hacia otro lado”.
Asturias, ha concluido Tomé, “no necesita un presidente que se limite a indignarse en declaraciones públicas”, sino uno que “actúe, que plante cara al Ministerio de Transportes y que deje de cargar sobre la ciudadanía el coste político y judicial de una decisión que solo depende de la voluntad de un Gobierno estatal que lleva sus siglas”.
