La agencia Sekuens colaboró con el Instituto de Transición Justa (ITJ) en el proceso que concluyó en la concesión de ayudas para proyectos a Blue Solving y Combayl a través de informes “no vinculantes” que indicaban que cumplían con los criterios técnicos y económicos fijados en la convocatoria, pero “en ningún momento entró en el seguimiento” de los mismos.
Así lo ha dicho el director de la Agencia Sekuens (antigua Idepa) desde octubre de 2023, David González, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga en el seno del parlamento asturiano la explosión registrada en esta explotación de carbón el pasado 31 de marzo, la mayor tragedia registrada en la minería asturiana en tres décadas.
González ha explicado que el papel que ejerce Sekuens en este proceso viene recogido en un convenio firmado en 2022 con el ITJ y que estipula que la agencia es una “entidad colaboradora en todas las ayudas” que el instituto despliega en la comunidad.
Según ha explicado, cuando una empresa solicita una ayuda para un proyecto en Asturias a una convocatoria del ITJ, Sekuens emite unos informes “técnicos y económicos no vinculantes”, con la información que le facilita el instituto, para garantizar que se adapta a los requisitos de la convocatoria y que ayudan” al organismos estatal “a tomar mejor las decisiones” de cara a la concesión de la ayuda.
“Nosotros tenemos muy claros los criterios de esa base reguladora y son los que seguimos”, ha comentado antes de sostener que los informes los expiden evaluadores con “cualificación técnica y muchísimos años de experiencia”.
Sobre las ayudas pedidas al ITJ por Blue Solving, la empresa titular de los derechos de explotación de la mina de Cerredo, y Combayl, sociedad del mismo entramado que los tenía con anterioridad, para proyectos en Degaña, ha apuntado que “en los dos casos cumplían la legibilidad regida por las bases reguladoras”, por lo que la valoración de la agencia fue “positiva”.
Tras la emisión de este informe, “se acabó la relación” con el ITJ en relación a estos expedientes y “en ningún momento” Sekuens entró en el seguimiento de los mismos que consistían en la fabricación de briquetas y en el reciclaje de escombros de construcción.
“Si no hubiesen cumplido el mínimo de condiciones de legibilidad hubiesen sido rechazados. En el caso de Sekuens no creo que nos la colaran, porque hemos ido a unos criterios de legibilidad y hemos sido totalmente asépticos. No hay nada que nos haya podido engañar”, ha insistido.
El director de Sekuens ha asegurado no conocer a los empresarios mineros ni haber mantenido contacto con ellos al tiempo que ha subrayado que los técnicos que realizan los informes en Sekunes no reciben ninguna “orden”. Además, ha subrayado que Sekuens no comprueba “materialmente” en el lugar el desarrollo de esos proyectos que se ponen en marcha a través de la inversión otorgada.
Transmisión de derechos mineros
En la comparecencia también ha participado Diana Bernardo, quien entre agosto de 2023 y abril de 2025 fue secretaria general técnica de la Consejería Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, donde, entre otras funciones, llevó asuntos relacionados con la contratación administrativa y los procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial.
Bernardo, funcionaria de carrera desde 2006 y actualmente subdirectora general de Planificación y Gestión Ambiental en la Consejería de Movilidad, ha señalado que la transmisión de derechos mineros -cuya tramitación corresponde a la Dirección General de Minería-, como el relativo de Combayl a Blue Solving, implica el traspaso de los derechos pero también de las obligaciones.
En este sentido, ha constatado que, con carácter general, cuando hay un plan de abandono de labores de una explotación a cielo abierto y con minería subterránea el adquiriente está obligado a asumir esa condición.
A preguntas de los grupos parlamentarios, ha apuntado, asimismo, que la norma estipula que a una empresa minera que se le autoriza un permiso de investigación complementaria tiene que tener una concesión de explotación, que en el caso de Blue Solving “no estaba caducada”.
Bernardo ha señalado también que se abrieron dos expedientes sancionadores a Combayl, tras el accidente minero de agosto de 2022 en el que falleció un trabajador, uno de ellos suspendido y otro que culminó en una sanción económica por extracción no autorizada de carbón.
Por último, ha negado que existiera algún tipo de instrucción para favorecer a ambas empresas mineras.
